Una vez
hecha la preceptiva ronda de consultas, Felipe VI ha encargado a Pedro Sánchez
que intente ser investido. Ahora, le corresponde al secretario general del PSOE
empezar, de manera formal, las negociaciones para lograr la confianza del
Congreso de los diputados.
Sin
embargo, parece que los independentistas tienen prisa y ganas por airear este
asunto y han demostrado, a lo largo de las últimas semanas incontinencia
verbal, primero y una actitud de chulería tabernaria después. Además, son tan
obtusos que, ni el 29 de septiembre, cuando se podía visualizar mediáticamente
el fracaso de Feijóo, fueron capaces de estar quietos y callados. Al contrario,
en el marco del Debate de Política General, celebrado en el Parlament, aprobaron
una resolución en la que se exige
a un futuro gobierno de Sánchez que se “comprometa a trabajar para hacer
efectivas las condiciones para la celebración del referéndum de
autodeterminación para apoyar la investidura de Pedro Sánchez”.
En un
principio, parecía que el nudo gordiano de esas negociaciones iba a ser la
amnistía a todos los implicados en el proceso independentista catalán. Si había
acuerdo Pedro Sánchez sería investido presidente. Pero si no había olvido y
perdón por los presuntos delitos cometidos en el procés, con toda probabilidad,
a mediados de enero, tendríamos que volver a las urnas.
En algunos
círculos políticos dan por hecha la amnistía. Está por ver si es así y cuál es
su alcance. La cuestión es que la amnistía tiene efectos retroactivos y, entre otros,
extingue toda responsabilidad penal o civil y anula los antecedentes penales. Por
ese mismo motivo es general, y actúa sobre todos los que cometieron ese delito,
y no sobre individuos concretos. Además, suele suponer un nuevo planteamiento
sobre la conveniencia de prohibir o sancionar una conducta. Por esa razón, las
leyes o actos de amnistía son más frecuentes en momentos de fuertes cambios
sociales o de regímenes políticos y conlleva asociado el perdón de los
posibles presos
políticos. Me parece ocioso señalar que en España no
se da ninguno de esos supuestos.
Ante la hipótesis de que se apruebe una
ley de amnistía, es necesario que se nos diga en que situación moral y política
quedarán aquellos que antes, durante y después del aciago otoño de 2017
estuvieron a favor de la legalidad y en contra de que se conculcasen derechos a
la ciudadanía.
Con todo, siendo esa desconsideración muy
grave, eso no sería lo peor. Lo peor, sería que, si se cede ahora en demasía
para lograr la investidura de Sánchez, con la aritmética parlamentaria salida
del 23 J se abrirá la temporada de caza en el Congreso y lograr votos, para
sacar adelante cualquier iniciativa, se pondrá por las nubes y en política no
todo vale.
Lo he
dicho y escrito en varias ocasiones y lo seguiré haciendo hasta que los
secesionistas lo interioricen: en noviembre de 2020, los representantes, de los casi 450
millones de ciudadanos de los 27 estados miembros de la UE, legítimamente
escogidos aprobaron una resolución según la cual la autodeterminación, o sea,
la independencia no tiene cabida en el ámbito comunitario.
Asimismo, para el
derecho internacional el ejercicio del derecho de autodeterminación aparece
vinculado a situaciones de dominación colonial y de vulneración sistemática de
los derechos de la población sometida. Únicamente en tal contexto represivo,
las resoluciones internacionales legitiman su uso y se reconoce su legitimidad.
Así pues, en el marco de un Estado democrático y de derecho como el español, en
el que se respetan los estándares de libertades y derechos establecidos a nivel
internacional, el derecho de autodeterminación no cuenta con el amparo de dicho
ámbito. Sin embargo, nuestros independentistas no se sienten concernidos.
De todas formas, soy de la opinión que hay que dejar que las personas y los
grupos exploren, dentro de la legalidad, sin cortapisas los caminos que
consideren oportunos. Por eso, sin tan convencidos están los independentistas
de la bondad de su proyecto, lo que tienen que hacer es presentar una propuesta
de revisión constitucional ante el Congreso de los diputados. Nuestra
Constitución permite, a diferencia de otros ordenamientos, activar procesos
para alterar cualquiera de sus preceptos, incluidos los relativos a la
soberanía y a la unidad e indivisibilidad de España. Que dichas iniciativas
prosperen y lleguen a aprobarse dependerá, pues, de un complejo, aunque
plausible, proceso de revisión constitucional, cuyo punto final debe ser,
necesariamente, la ratificación por parte de toda la ciudadanía mediante
referéndum.
En cualquier caso, esas iniciativas políticas, que pueden ser muy dignas y
respetables, serían a futuro. En estos momentos, el reloj institucional está en
marcha. Urge, pues, sentarse a dialogar, pero las cuestiones que desborden el
marco constitucional no deberían ni estar sobre la mesa. Ahora, podemos seguir
avanzado en conquistas sociales, progreso y bienestar económico o podemos
volver a las urnas con el riesgo de que la derecha de un sorpasso y, si eso
ocurre, en la próxima legislatura ni se hablaría catalán ni euskera vasco ni
gallego en el Congreso, ni el gobierno saliente movería un dedo para que esas
lenguas sean oficiales en Europa, más bien todo lo contrario. Y, desde luego,
flexibilizar el reglamento para que los secesionistas catalanes tengan grupos
parlamentarios propios, nada de nada.
Estamos viviendo una etapa de excepcionalidad en la el independentismo
tiene la llave de la gobernabilidad y, en consecuencia, la pelota de la
negociación está en su tejado. Es una buena ocasión para que cada cual
demuestre su inteligencia política.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 05/10/2023
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