SABREMOS LA VERDAD

 

La desvergüenza de la jerarquía eclesiástica española no tiene límites. En el ámbito moral no tiene nada que ver lo que predican con lo que practican y en el terreno económico son auténticos depredadores; los fondos buitre, comparados con las prácticas de la Iglesia en cuestiones económicas, son como juegos de niños. Y si alguien piensa que exagero o falseo la verdad que reflexione sobre los abusos sexuales y/o las inmatriculaciones.

 Su falta de compromiso ético y social es alarmante y conste que, esto que escribe, no tiene nada que ver ni con personajes como, en su momento, fue el cardenal Tarancón, los curas obreros o la gente que vive volcada en ayudar a los demás , ya sea un título individual o vinculados a entidades como pueden ser Cáritas o parroquias que están al pie del cañón en los barrios más castigados por las crisis socio económicas. Por eso, quiero dejar claro que este artículo no tiene nada que ver ni con la religión, ni con la doctrina, ni con las creencias de las personas.  

 Hecha esta aclaración que me parece pertinente, quiero llamar la atención, con esta columna, sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Tiempo tendremos, más adelante, para comentar el asunto de las inmatriculaciones, que es un tema que tampoco tiene desperdicio. 

 Fue un periódico de tirada nacional, El País, el que después de tres largos años de investigación destapó el asunto y puso en manos del papa Francisco un informe de casi 400 páginas. En el mismo se explican algunas de las fechorías sexuales que llevaron a cabo individuos que, amparados por su posición de poder por ser miembros de la Iglesia, abusaron, precisamente, de aquellos que acudieron a ellos en busca de cobijo y protección. Según ese informe se ven afectados, en principio, 31 órdenes religiosas y 31 diócesis. El estudio se remonta a 1943 y llega hasta 2018. A falta de datos oficiales, tanto de la Iglesia como de las Administraciones, se dan por verídicos más de 600 casos; cada uno hace referencia a un acusado y se considera que puede haber unas 1.240 víctimas.

 Es una evidencia de que la jerarquía católica española nunca ha estado por la labor de aportar luz y claridad a esas presuntas monstruosidades.   Por eso, Unidas Podemos, ERC y Bildu registraron, hace unas semanas, una propuesta para  crear una comisión de investigación en el Congreso.   Da grima comparar   el papel del Vaticano   con lo que ha hecho hasta ahora   la Conferencia Episcopal (CEE), que no se da por aludida, y ha decidido escurrir el bulto y remitir toda responsabilidad a las órdenes religiosas afectadas.

 En un principio la reacción del presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona, ​​Juan José Omella fue para enmarcar. El prelado cargó contra los medios de comunicación porque, a su juicio, "incitan a un sexo libre" que "no ayuda" a combatir los abusos sexuales a menores. Esas declaraciones las hizo monseñor el pasado octubre. Sin embargo, parece que más tarde, Omella comprendió que se había pasado de frenada y en una comparecencia ante los medios en Roma, el pasado mes de enero, aseguró que la CEE está investigando los casos destapados por El País. 

No obstante, el cardenal no precisó ni cómo se hará la investigación ni cuándo se requerirán los resultados. tampoco explicó por qué un mes después de haber sido entregado el informe, solo 6 de las 31 diócesis afectadas (Santiago de Compostela, Barcelona, ​​Bilbao, Cartagena, Orihuela y Zamora) han ponerse en contacto con las víctimas. El cardenal ha asegurado también que “todas las diócesis van poquito a poco”

Para algunos el tiempo no pasa. Con esa actitud da la sensación de que la Iglesia se ha quedado estancada en el siglo XIX. Se muestra reacia a toda colaboración para esclarecer de los casos denunciados. Precisamente por eso, su posición tampoco sorprende. Porque está donde ha estado siempre. En la inopia. Sin haber visto ni escuchado nunca nada. Sin información sobre ninguno de los casos que están siendo objeto de denuncia. Ante esta situación no nos ha de sorprender que cada vez sean más los ciudadanos y ciudadanas que consideren que ha llegado la hora de exigir a la jerarquía católica española el fin de su silencio. Por el bien común y por justicia social, pero también porque la Iglesia no pierde más, su ya muy maltrecha credibilidad, es imprescindible una actuación decidida que clarifique todos y cada uno de los casos.

Lentamente, pero al fin algo se mueve. A pesar de que en principio se había planteado crear una comisión de investigación en el Congreso, todo indica que, finalmente, será una comisión de personas independientes dirigida por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la que ponga negro sobre blanco. Sin duda, para muchas de las víctimas ya será tarde. Algunas de las personas afectadas ya han fallecido. Pero todos merecen que su dolor deje de ser un secreto privado y se abra una puerta diáfana, institucional, creíble y definitiva para ellos.

El oscurantismo eclesiástico no es exclusivo de España. En otros países, la primera reacción de la Iglesia también fue la negación; tal vez por una inercia de siglos, hasta que llego la hora de la verdad. Esa hora ha llegado, por fin, también aquí, para nosotros.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, afirmó, hace pocos días, que “los socios de investidura ven bien la vía del Defensor del Pueblo para investigar los abusos en el seno de la Iglesia y que él mismo ha pedido al presidente de la Conferencia Episcopal , Juan José Omella, que participen en ese proceso”. Bolaños sostiene que es preferible investigar esos abusos a través del Defensor del Pueblo en vez de hacerlo porque en una comisión parlamentaria considera que "tiene todas las garantías", es más útil y asegura mejor la privacidad de las víctimas.

 Hace unos días, el arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, en respuesta a preguntas de un reportero dijo que: “La propuesta de una comisión parlamentaria sobre los abusos en la Iglesia, bien realizada directamente en el Congreso o bien a través del Defensor del Pueblo, por parte de la Iglesia tengo que decir que es bien recibida”, las declaraciones de monseñor Barrio suenan muy bien. Son bienvenidos porque desde que se adquirieron a barajar opciones sobre cómo desarrollar el escrutinio público de la pederastia, ningún otro alto cargo de la Iglesia española se había manifestado a favor de una investigación sobre los abusos sexuales.

 Ojalá rectifiquen y pronto otros prelados se vayan sumando al criterio del arzobispo de Santiago. Ahora bien, sea cual sea el formato y los apoyos que den desde la Institución lo que queremos es saber la verdad. Toda la verdad. Sin duda ayudaría mucho y sería vital la participación activa y sincera de personas cualificadas de la Iglesia, y eso, solo de ellos depende. No obstante, ante esta situación, de una cosa pueden estar seguros en la jerarquía eclesiástica: con ellos oa pesar de ellos, queremos saber la verdad y sabremos la verdad.  

 

 

 Bernardo fernandez

Publicado en e notícies 14/02/2022