Pensaba que ya habíamos visto todas las argucias y triquiñuelas posibles en la práctica parlamentaria, pero no. El independentismo tiene una capacidad infinita para sorprendernos. Son especialistas en dejarnos atónitos con cosas chuscas y banales, cuando no son embustes y patrañas, pero nunca con asuntos de enjundia ni calado social.
Pero el independentismo siempre se supera a sí mismo. El pasado martes, la presidenta del Parlament, Laura
Borrás, respaldada por la mesa de la Cámara -de mayoría independentista-
propuso paralizar la actividad parlamentaria hasta que la Comisión del Estatuto
de los Diputados se pronunciase sobre si el diputado Pau Juvillà debía mantener
o no su escaño. Juvillà había sido inhabilitado por desobediencia, al no haber
atendido un requerimiento de la Junta Electoral que le instaba a retirar unos
lazos amarillos del balcón de su despacho de concejal en el Ayuntamiento de
Lleida, en la campaña de la elecciones generales de 2019. Posteriormente, ante la
advertencia de los letrados de que podía incurrir en delito, Borrás rectificó y
solo sugirió que se suspendieran las actividades hasta que la mencionada Comisión
se pronunciara.
La cuestión no es menor, porque
detrás de este aquelarre secesionista se esconde una batalla de egos
personales. Es un secreto a voces que a Borrás el cargo de presidenta del
Parlament le parece insuficiente. Sus anhelos pasan por sustituir a Carles
Puigdemont, primero, al frente del independentismo trumpista y a Pere Aragonés,
más tarde, al frente de la Generalitat (aunque con el affaire Juvillà Borrás se
ha pegado un tiro en el pie).
De todas formas, la continuidad
de Borràs al frente de la Cámara legislativa está condicionada por la actuación
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que instruye la causa
contra la actual presidenta del Parlament por los delitos de prevaricación,
fraude a la administración, malversación y falsedad documental. Borràs
fraccionó, presuntamente, contratos por valor de 260.000 euros para
adjudicárselos a dedo a un colaborador suyo, el informático I.H. los indicios
contra la presidenta del Parlament son sólidos porque incluyen correos
electrónicos que intercambió con I.H. y que evidencian la existencia de amaños.
Ante esa situación, lo que
pretende la presidenta es darse cuantos más baños de populismo mejor por lo que
pueda venir. Y, si al final es destituida, salir por la puerta grande como
víctima de la represión del Estado opresor y con los índices de popularidad tan
disparados como sea posible.
La retirada del escaño a Pau
Juvillà, de la misma manera que se le retiró a Quim Torra, por hechos muy
similares, no presentaba ninguna duda ni técnica ni jurídica. Otra cosa es que
Borrás quería marcar perfil propio y, a diferencia del entonces president del
Parlament, Roger Torrent, que dejó a Torra sin escaño, la actual presidenta ha
querido montar un show y convertirse, aunque solo sea por unos días, en la
Agustina de Aragón indepe.
Para que quedara constancia del
esperpento se celebró un pleno en el Parlament para debatir y votar el dictamen
elaborado por la Comisión del Estatuto de los Diputados que sostenía que
Juvillà ha de mantener el escaño siempre que no comprometa a los funcionarios
de la Cámara. Ahí la presidenta denegó el voto a Pau Juvillà (que ya no había
sido convocado) con el argumento de que la votación “no quedara contaminada por un conflicto de intereses”.
Sin embargo, (esto se ha sabido
después) el quid de la cuestión es que el 28 de enero, día en que lo requirió
la Junta Electoral, Juvillà fue dado de baja como diputado, según consta en la
web del Parlament. Además, de manera oficiosa se le había comunicado que no
cobraría la nómina de febrero. Su cese oficial se publicó el 4 de febrero en
Boletín Oficial del Parlament de Cataluña (POPC). Es decir, una mascarada
orquestada por Borrás y sus acólitos para atraer la atención. Increíble pero
cierto.
Por lo tanto, Laura Borrás,
segunda autoridad de Cataluña, escamoteó la verdad y mintió a sabiendas a los
diputados y por extensión a la sociedad catalana, porque ella montó el paripé
de la Comisión del Estatuto de los Diputados y el pleno, consciente de que Pau
Juvillà ya no tenía su escaño, y si no lo sabía, es que no está capacitada para
desempeñar tan alta magistratura. Es evidente que un personaje con semejante
catadura moral no debería seguir ni un minuto más en su puesto porque devalúa
la Institución y degrada a los catalanes como ciudadanos.
Como decía el
exdiputado Joan Ferran, en un interesante artículo publicado en Crónica Global
el 01/02/22, “El Parlament de Cataluña es, por definición, un
órgano legislativo y representativo
del Estado contemplado en el Estatut y la Constitución. Si la Cámara
catalana es, como sostienen los secesionistas, la expresión máxima de la
voluntad popular que emana de las urnas, su funcionamiento debería ser ejemplar en todos los sentidos. Lo debería ser en la forma, en el fondo y
en la actitud de las personas que ostentan su máxima representación pública”. No obstante, vemos,
con desasosiego, que la Cámara catalana está siendo utilizada de manera
totalmente arbitraria, bien para enmascarar intereses espurios de su más alta
representante y de su corte de aduladores, bien para lanzar soflamas que
mantengan alta la moral de la tropa secesionista, aunque sea a base de falacias
y cortinas de humo. Lo que en un tiempo fue el templo de la palabra, se ha
convertido en un circo (con todos mis respetos y reconocimiento por las
personas que se dedican a ese noble espectáculo), donde se hacen charlotadas y
se degrada de forma sistemática la política.
Mientras sucedía todo este rifirrafe, se hacía público
que Juvillà padece una grave enfermedad (cáncer), y como que lo uno no tiene
que ver con lo otro, quiero, desde aquí, desear una rápida y total recuperación
al político anticapitalista. ¡Suerte chaval!
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 07/02/2022
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