PIEDRAS EN EL CAMINO

 Si algo ha escaseado siempre, tanto en Cataluña como en el resto de España, ha sido el dinero público para dar las prestaciones y servicios adecuados a los ciudadanos. Ese es el motivo más importante, aunque no el único, por el que las becas comedor nunca han llegado a todos los niños que las necesitaban, ni las ayudas sociales a las personas vulnerables o que la sanidad pública esté colapsada, y si funciona es por el entusiasmo y las ganas de hacer de los profesionales. De la misma manera que la enseñanza está bajo mínimos y se sostiene, al igual que la sanidad, porque la gente que se dedica a la docencia tiene unos valores a prueba de desaliento.

Aquí nunca se han atado los perros con longaniza, pero la insuficiencia de recursos se puso descaradamente de manifiesto a partir de la crisis económica de 2007. Entonces, la brillante idea que tuvieron los gobiernos, todos sin excepción, fue recortar gastos, en especial los dedicados a las personas, para cuadrar los números. En esa vorágine del recorte destaca un ejecutivo por encima del resto en su afán por disminuir el gasto público: ese fue el Govern de Artur Mas, que él mismo calificó como el “Govern dels millors”. Pues bien, ese Gobierno tiene el dudoso honor de haber sido el ejecutivo de toda Europa que más y más rápido recortó en el terreno de las prestaciones sociales.

Una de las muchas ventajas de los sistemas democráticos es que cuando los gobernantes llevan a cabo trapacerías, más pronto o más tarde, acaban saliendo a la luz.  En esta ocasión ha sido el Tribunal de Cuentas el que ha hecho aflorar los trapicheos de los sucesivos gobiernos habidos en la Generalitat entre 2011 y 2017. Resulta que Artur Mas que, tan diligente estuvo recortando servicios y prestaciones sociales, desviaba dinero para fines tan poco lícitos como, por ejemplo, explicar y promocionar por el mundo la consulta del 9-N.

Ahora, después de varios años de pesquisas el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de euros por la acción exterior de la Generalitat en el tiempo de máxima efervescencia del procés. En total, son 34 altos cargos imputados. La cifra más alta la debe aportar el que fuera secretario general del Diplocat, Alberto Royo, que ha de responder con 3.633,253 euros, acto seguido Artur Mas que la igual que el que fuera conseller de Economía, Andreu Mas Colell, han de hacer frente a una multa de 2,8 millones de euros y con 1,8 y 1,9 millones de euros Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente.  Además, responden delante del Tribunal de manera solidaria, es decir qué si alguno de los encausados no hace frente a sus responsabilidades, serán sus compañeros de aventuras los que se hagan cargo de la deuda.

No entraré en el galimatías técnico jurídico de si ese Tribunal es competente o no, o tiene la necesaria independencia para fiscalizar ese affaire. Lo que   me hace mucha gracia es que los encausados acusen al Tribunal de Cuentas de saltarse el Estatut. Hay que jorobarse. Eso lo dicen precisamente aquellos que los días 6 y 7 de septiembre de 2017 se pasaron la Constitución y el Estatuto por el arco del triunfo. Como solía decir mi abuela: “quítate que me tiznas le decía la sartén al cazo”.

En opinión del ministro de Fomento, José Luís Ábalos, decisiones de ese tipo pueden suponer “piedras en el camino”, para normalizar la situación en Cataluña. Es posible.

No obstante, yo quiero limitarme aquí a hacer un análisis de la situación como ciudadano de a pie. Al igual que esos cientos de miles de mujeres y hombres que se levantan cada mañana para, con mucho esfuerzo, llegar a final de mes con cierta tranquilidad y sacar la familia adelante. Y lo que sé es que el Govern dels millors”, entre otros muchos servicios y prestaciones suprimió casi dos mil camas hospitalarias y unos 1.200 puestos de trabajos de personal sanitario que, a lo largo de todo el tiempo que llevamos de procés aún no se han recuperado. En consecuencia, no puedo evitar preguntarme: con ese dinero que, según el Tribunal de Cuentas se gastó indebidamente, ¿Cuántas becas comedor se hubiesen podido dar a niños vulnerables? ¿Cuántas Pirmis y o ayudas se hubieran podido otorgar a familias y/o personas en riesgo de exclusión social? ¿Y cuantas camas hospitalarias o puestos de trabajo de sanitarios se hubiesen recuperado si el dinero mal gastado se hubiese empleado de manera adecuada? O…

Podría seguir haciendo infinidad de preguntas, pero estoy seguro que se ha captado la intención de esta columna. Y es que que los gobernantes tienen que ser como la mujer del César, que no solo debía ser honrada si no aparentarlo. Y los líderes secesionistas con responsabilidades políticas, a juzgar por los datos que tenemos sobre la mesa, no fueron nada virtuosos con el dinero de todos, afinaron mucho (demasiado) con las partidas dedicadas a las mejoras sociales de las personas y, en cambio, tuvieron la manga excesivamente ancha para cuestiones que ni tenían competencias ni compartíamos más de la mitad de los catalanes.

Por lo tanto, si las acusaciones que hace el Tribunal de Cuentas son ciertas y demostrables que asuman responsabilidades y devuelva hasta el último euro malgastado.

El que la hace la paga.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 06/07/21