ACUERDO HISTÓRICO

 A menudo, los árboles de la política doméstica no nos dejan ver el bosque de la internacional. Eso es lo que ocurrió el fin de semana de los días 10 y 11 de julio. Mientras aquí estábamos pendientes de la remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez, en Venecia, el G-20 dio un importante paso para llegar a un acuerdo que imponga una tasa mínima global a las multinacionales. 

En 2008, tras el desbarajuste financiero que provocó la quiebra de Lehman Brothers fueron muchos los gobernantes que pensaron que el sistema no aguantaría. Entre ellos, el entonces presidente de Francia, Nicolás Sarkozy que llegó a plantear la refundación del capitalismo. Eso sí, sin ninguna explicación de cómo ni dónde ni cuándo. Sin embargo, pasados los peores momentos nadie volvió a hablar del asunto.

Más allá del ruido político, la OCDE lleva casi una década trabajando en un proyecto que analiza la erosión que padecen las bases imponibles y el traslado de beneficios. Colaboran 130 países y uno de sus cometidos es hacer que las grandes multinacionales tributen donde hacen el negocio y no donde les conviene porque les resulta más rentable.

Por eso, en 2019 la OCDE hizo la propuesta, aunque tímida, pero bastante posibilista, de construir una nueva arquitectura tributaria internacional. Han pasado casi dos años de aquel planteamiento inicial y el pasado 5 de junio las principales economías del mundo reunidas en Londres, bajo el paraguas del G-7, recogieron el guante que había lanzado la OCDE.

Las economías más desarrolladas del planeta han empezado a contemplar con inquietud que la existencia de paraísos de baja tributación son un obstáculo muy poderoso para encarrilar de forma adecuada la recuperación postpandemia. En honor a la verdad, hay que decir que esta toma de posición tiene mucho que ver con el presidente de E.E.U.U, Joe Biden, puesto que él es uno de sus principales valedores.

La idea que salió de la reunión de Londres y que ahora se ha ratificado en Venecia ha sido fijar un impuesto mínimo sobre sociedades de “al menos el 15%” sobre los beneficios y redistribuir parte de las ganancias de las mayores multinacionales en los países donde hacen negocios. Si bien es cierto que, aunque el G-20 dio luz verde a la iniciativa, ocho países entre los que están Hungría, Irlanda y Estonia negaron su adhesión al acuerdo. 

En opinión de la actual vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño: “Este es un acuerdo sin precedentes para tratar de establecer un sistema más justo y sólido a nivel global adaptado al siglo XX l”, si bien puntualizó: “No es el final del camino, es el principio de un proceso en el que debemos seguir trabajando a nivel global y europeo”.

Según el FMI más de seis billones de euros se ocultan en paraísos fiscales de todo el mundo, gracias a sistemas nada transparentes y reglas fiscales excesivamente permisivas. En ese contexto existen bufetes de asesores fiscales potentísimos especializados en “sugerir” a sus clientes como desviar los beneficios de la manera más conveniente a sus intereses en cada momento.  Para lograr sus objetivos han desarrollado toda una ingeniería financiera que hace que el rastro del dinero se acabe perdiendo o que finalice su recorrido depositado en territorios de muy baja cotización y absoluta opacidad.

La cuestión no es un asunto menor, porque las multinacionales desvían cada año un 40% de sus beneficios a lugares de baja o nula tributación mediante complejos entramados societarios que han proliferado gracias a la globalización y digitalización de la economía. Un informe de las universidades de Berkeley y Copenhague alerta de que en 2017 se esfumaron sin cotizar a los fiscos unos 600.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea de las magnitudes de las que estamos hablando, esa cantidad viene a ser el 50% del PIB de España en un año. Cada año Hacienda deja de ingresar unos 3.500 millones de euros, aunque lo más irritante es que muy mayoritariamente ese dinero se va a lugares como Luxemburgo, Holanda o Irlanda, entre otros.

Por si no hubiese bastante con este agravio se da el sarcasmo que algunos de los países que más exigentes se han mostrado con la concesión de los fondos de recuperación europeos, son los que luego ofrecen importantes ventajas fiscales a los grandes grupos. Es el caso de Holanda.

 Aunque no acabamos de ser conscientes estamos sentados sobre un barril de pólvora. La desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones es cada vez mayor. La distancia entre lo que los ciudadanos necesitan y lo que los gobiernos pueden ofrecer aumenta de forma continua. En esas circunstancias no nos ha de extrañar que la extrema derecha cada vez encuentre más caladeros de votos donde antes estaban los nichos clásicos de la izquierda.

Sea como sea, quiero ser razonablemente optimista. De momento, el asunto parece bien encarrilado. La cuestión está cogida con alfileres y sabemos que el papel lo aguanta todo Primero habrá que firmar, para después aplicar y recaudar. Aunque tienen que rematarse algunos flecos el acuerdo podría llegar de manera definitiva en la próxima reunión del G-20 que se celebrará en octubre.

Por si acaso crucemos los dedos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 19/07/2021