Las pensiones públicas son uno de los pilares básicos del Estado del bienestar. Esa realidad se hizo visible durante la crisis económica de 2008. Ahora, la pandemia de la covid-19 ha vuelto a situar las pensiones en primer plano porque constituyen la principal red de seguridad para millones de familias.
Los profesores de Economía de
la Universidad de Barcelona, Samuel Calongo Ramírez y Antonio Manresa Sánchez,
en su libro, “Crisis Económica y desigualdad de la renta en España”,
sostienen que las pensiones son un factor fundamental para reducir la
desigualdad. En el año 2012, el más agudo de la crisis, representaron el 49% de
dicha redistribución y el subsidio de desempleo el 9,1%.
Al Gobierno de Pedro Sánchez
se le podrán reprochar muchas cosas, pero no se puede cuestionar que está
demostrando un especial interés por resolver la delicada situación financiera de
las pensiones. Hace apenas unos meses que aprobó una transferencia de 14.000
millones de euros a la Seguridad Social para asumir “gastos impropios” del
sistema como, por ejemplo, descuentos en las cotizaciones para apoyar el empleo.
El planteamiento de partida es llevar a cabo nuevas transferencias hasta enjugar
el déficit en 2023.
El ejecutivo sabe que el
sistema público de pensiones necesita una remodelación en profundidad para que
sea sostenible. Por eso, desde comienzos
de legislatura, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José
Luís Escrivá, constituyó un equipo de trabajo para que elaborara una propuesta
de viabilidad del sistema.
El resultado ha sido que, después
de varios meses de negociaciones con puntos de vista coincidentes y algún que
otro encontronazo, Gobierno, Sindicatos y CEOE llagaron, hace un par de
semanas, a un acuerdo para sacar adelante la primera parte de la reforma de las
pensiones.
Una vez alcanzado el pacto, el
pasado martes, 6 de julio, el Consejo de ministros dio luz verde al
anteproyecto de ley que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones
mediante su revalorización con el IPC. Esta iniciativa debe convertirse en ley
y ser aprobada en el Congreso en el último trimestre del año para que entre en
vigor en 2022.
De manera simultánea, se
quiere acercar la edad efectiva de las jubilaciones anticipadas a la edad legal.
Para lograrlo se introducirán mayores incentivos en el sistema para que los
trabajadores que lo deseen puedan retrasar su salida del mercado laboral.
También se ha suprimido el factor de sostenibilidad, que ligaba la prestación a
la esperanza de vida, un invento que el Gobierno del PP introdujo en la reforma
de 2013.
Esta remodelación se inscribe
dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que estaba
incluido en el Plan Económico presentado por el Gobierno a la Comisión Europea
para obtener el “plácet” que permita la llegada a España de los fondos
de recuperación europeos.
La modificación del sistema emprendida
por el Gobierno, con el soporte, por el momento, de los agentes sociales, viene
a echar por tierra las teorías de los profetas de la catástrofe que
pronosticaban de manera reiterada la quiebra de las pensiones. Hay que tener en
cuenta que, con el aumento de la esperanza de vida, el sistema da cobertura a
las personas durante mucho más tiempo, ya que viven más. Las pensiones públicas
han sido, en realidad, un soporte social básico para el desarrollo de nuestra
democracia. No podemos perder de vista el dato de que la esperanza de vida en
nuestro país desde 1975 ha aumentado 10 años.
De todas formas, no todo es
coser y cantar, se ha dejado para la segunda parte de la reforma los temas más
espinosos. Cuestiones como las subidas de las bases máximas, que los autónomos
coticen por sus ingresos reales, los cambios en el periodo que se toma para
calcular la pensión o el nuevo factor para garantizar la equidad generacional
se deberán poner sobre la mesa a la vuelta del verano.
Un reciente informe del FMI
sobre las pensiones en España alertaba que, más pronto o más tarde, habrá que
hacer una profunda revisión de todo el sistema: las jubilaciones deberán ser más
acordes con la esperanza de vida, se necesitará mayor proporción de gente
trabajando, aumentar la productividad, elevar la natalidad, acoger más
inmigrantes y reducir la capacidad adquisitiva de las pensiones en comparación
al último salario. Es decir, el mencionado informe vendría a ser como una carta
a los Reyes Magos, con su dosis de carbón incluida. El problema es que no venía
acompañado del manual de instrucciones para hacer realidad los objetivos
planteados.
Volviendo a un nivel mucho más
pragmático de la cuestión, uno de los asuntos más hirientes está relacionado
con la esperanza de vida. Y es que resulta muy injusto que el sistema fije la
edad de jubilación sin distinguir las diferencias que existen entre las
profesiones. Algo que está estrechamente ligado con la formación. Según el
Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas con estudios primarios o
inferiores suelen trabajar en las actividades más penosas y viven, de media,
cuatro años menos que los que tiene formación superior.
Por consiguiente, es de
justicia establecer las medidas necesarias para que los menos agraciados no
acaben pagando buena parte de las pensiones de las clases más favorecidas.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies
12/07/21
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