MIEDO A LAS URNAS

 

¡Cómo cambian las cosas! “President posi les urnes” pedía, en 2014,  la entonces presidenta de la ANC, Carme Forcadell, instando de esa manera a Artur Mas a convocar un simulacro de referéndum, que terminó llevándose a cabo el 9 de noviembre. Después, en 2017, hizo fortuna un eslogan que decía, “votar es normal en un país normal” y que pretendía espolear a la ciudadanía para que fuera a votar en otro amago de referéndum sin los mínimos estándares democráticos porque por no tener, no tenía ni censo; me estoy refiriendo a la parodia del 1 de octubre de 2017. Sin embargo ahora, los miembros del Govern no lo ven igual. Parece que las urnas les producen urticaria.

Pronto se cumplirá un año desde que Quim Torra anunció que la legislatura estaba agotada por la falta de confianza entre los miembros del Ejecutivo y en cuanto se aprobaran los presupuestos para 2020 se convocarían elecciones. Desde entonces, en Cataluña se vive con una sensación de interinidad política permanente. La cicatería y las añagazas, para prolongar artificialmente la legislatura, han sido incontables, hasta que la situación se convirtió en insostenible y se convocaron las elecciones al Parlament de forma automática. Fue el 21 de diciembre, tras la inhabilitación de Quim Torra y cumplirse los plazos establecidos legalmente sin que surgiera ningún candidato a presidir la Generalitat.

Entonces, el Govern constituyó un grupo de expertos para que asesorara en función de cómo iba evolucionando la pandemia para poder garantizar al máximo la seguridad el día de la votación.  Además, el Ejecutivo catalán se comprometió a consensuar con la mesa de partidos, con representación parlamentaria, creada al efecto, la celebración de los comicios.

En ese contexto, y ante el debate creado sobre si se podía votar o no, el 14 de febrero, el responsable en Cataluña de los procesos electorales, Ismael Peña-López, días atrás, lanzó un mensaje en twitter en el que aseguraba que se dan las condiciones para para celebrar elecciones el 14-F, otra cosa es “si se quiere”, decía textualmente.

Por otra parte, la desfachatez de los medios públicos de comunicación catalanes, y de los subvencionados por la Generalitat, se ha puesto de nuevo de manifiesto. Desde unos días antes que se reuniera la mesa de partidos para tomar una decisión sobre si se debían suspender o no las elecciones, empezaron a difundir mensajes advirtiendo del supuesto alto riesgo que supondría ir a votar el 14 F. Se trataba de ir creando el caldo de cultivo adecuado.

Ciertamente curioso. Es un peligro ir a votar y, sin embargo, no lo es ir a trabajar, encerrarse en el transporte público, a veces como sardinas en lata, hacer la compra o mandar a los niños a esquiar, como planea el Govern. Y para echar un poco más de leña al fuego, en opinión del secretario de salud Pública, Josep María Argimón, “hacer las elecciones no es el mejor escenario” (?), ¿pero este señor no sabe o nadie le ha dicho que desempeña un cargo técnico y no debe hacer manifestaciones políticas? Vaya nivelazo tenemos.

Tampoco ha sido muy edificante la actitud de las formaciones políticas que no están en el Govern. Ahí se ha puesto de manifiesto que cada cual va a la suya, sin tener en cuenta el interés general. A Podemos, PP y Ciudadanos ya les va bien que de momento no haya elecciones, y la CUP espera recoger votos del desgaste que puede sufrir ERC. Por lo tanto, bienvenido sea el aplazamiento. Cuando menos el PSC ha tenido la gallardía política de defender lo que se había acordado entre todos; y en su defecto planteó la alternativa de que las elecciones se celebrasen antes de Semana Santa, algo que tampoco fue aceptado. En cambio, si se podrán celebrar las elecciones del Barça, el 7 de marzo (?)

No entraré en el galimatías jurídico que conlleva la suspensión de los comicios (que eso es lo que dice el Decreto Ley que se ha publicado en el DOGC), lo que sí me parece obvio es que esa decisión tiene muy poco que ver con motivos epidemiológicos, y mucho con el tacticismo electoral. En opinión de diversos juristas consultados la legalidad de esa decisión, firmada por el vicepesident y president en funciones, Pere Aragonés es bastante cuestionable. Además quedan en el aire cuestiones como la necesidad de un nuevo censo, que los partidos puedan modificar sus candidaturas o la recogida de avales de las formaciones que se presentan por primera vez. Temas que ante el vacío legal existente deberá ser el Tribunal superior de Justicia de Cataluña o la Junta Electoral Central quien determine que se puede hacer y qué no.  Tampoco está claro si Pere Aragonés tiene las atribuciones legales necesarias para convocar nuevos comicios.

Llegados a este punto se me ocurren algunas cuestiones que no puedo dejar de reflejar aquí, por ejemplo: ¿Se puede garantizar que a finales de mayo tendremos la pandemia bajo control? Y si no es así, ¿se podrán volver a posponer los comicios y fijar otra fecha? ¿No se crea un peligroso precedente con este aplazamiento? Y quizás la pregunta menos inocente de todas, ¿Tiene algo que ver con este decisión la nominación de Salvador Illa como cabeza de cartel de los socialistas? Me gustaría que alguien con conocimiento de causa diera respuestas argumentadas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíices 18/01/2021