MONARQUÍA O REPÚBLICA: CALIDAD DEMOCRÁTICA

 

El tema se ha vuelto recurrente. Cada vez que los medios de comunicación airean alguna presunta irregularidad fiscal del rey emérito, no falta quien plantea la necesidad de cambiar el modelo político del Estado. Por eso, ahora que la fiscalía ha abierto una investigación por posible blanqueo de capitales a Juan Carlos de Borbón, veremos como no tardará alguien en salir pidiendo la abolición de la Monarquía.

Desde luego la cuestión no es menor porque en función de cómo sea la Jefatura del Estado, así será la arquitectura institucional del país. En consecuencia, considero que antes de lanzarnos a opinar, sin más, sobre un tema tan sensible, deberíamos hacer una reflexión sosegada y sin apriorismos, con todos los pros y contras sobre la mesa.

No es fácil tener una visión de conjunto sobre lo que piensa la sociedad española del tema Monarquía o república. Pero resulta interesante comprobar que lo que emerge cuando se toca el tema de la Corona es la calidad democrática de la institución. La ciudadanía suele identificar calidad democrática con república. Quizás porque se asocia la democracia con los valores republicanos, entendidos estos en el sentido del republicanismo cívico. Sin embargo, cuando se pone como modelos de república las existentes en lugares como China, Turquía o Venezuela el reconocimiento desciende de manera más que considerable. En ese contexto, son las monarquías parlamentarias, como las de Noruega, Suecia u Holanda las más apreciadas por la gente de a pie.

Es evidente que existen monarquías más avanzadas, en todos los sentidos, que algunas repúblicas que carecen de los mínimos estándares de democracia, y al revés: repúblicas con unos niveles de progreso, libertad y bienestar envidiables, frente a sistemas monárquicos casi medievales.

En buena medida la calidad democrática de un país se define por los mecanismos de control que existen sobre los representantes y responsables políticos y como se ejerce el control y la rendición de cuentas.

En nuestro país la Ley 19/2013 de Transparencia y Acceso a la información Pública y Buen Gobierno se aplica a los altos cargos del Poder Ejecutivo, los poderes Legislativo y Judicial, así como a otros órganos ya sean nacionales o regionales. Esta normativa se aplica también a la Casa de su Majestad el Rey. Sin embargo, y aquí surge una gran incongruencia, nada hay sobre la declaración pública de actividades, bienes y patrimonio de la Familia Real. Ante este flagrante sin sentido, resulta imprescindible que de manera urgente se legisle para que la Monarquía parlamentaria esté sujeta a los mismos controles y régimen de obligaciones que se aplican al presidente del Gobierno, ministros y demás responsables de la cosa pública. El Rey, como representante de la máxima institución del Estado, no puede quedar fuera de las normas de transparencia, claves en las democracias de calidad.

La Monarquía es una forma de política sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI.

Cada país tiene su historia. Y no debemos olvidar que la Monarquía que reina en España fue una imposición del franquismo que los partidos de izquierdas mayoritarios tuvieron la inteligencia de aceptar como un mal menor para llegar a la democracia. Entonces, pocos pensaban que la Corona llegaría a consolidarse. Sin embargo, y contra pronóstico, Juan Carlos I supo ganarse a la ciudadanía y hacer que mucha gente se convirtiera al “juancarlismo”.

Ya sé que hablar bien del pasado está muy desacreditado en la actualidad, pero el triángulo Monarquía parlamentaria, bipartidismo imperfecto y Estado de las autonomías, con luces y sombras, nos han dado más de treinta años de estabilidad política y progreso. Ahora ese ciclo está agotado y el Estado de las autonomías necesita una buena puesta a punto, el bipartidismo ha sido sustituido por un multipartidismo mucho más imperfecto que el primitivo bipartidismo y la Monarquía necesita reciclase y ponerse al día si no quiere quedarse por el camino.

Estoy convencido que más pronto o más tarde tendremos que pronunciarnos como sociedad madura que somos sobre el modelo de Estado que queremos. Pero mientras eso no ocurre, tengo la sensación que entre la crisis económica que aún no hemos superado, la pandemia del Covid 19 con todo lo que lleva aparejado, los movimientos secesionistas y otras bagatelas diversas, estamos en medio de una tormenta intentando cruzar un océano; y entonces me viene a la cabeza aquel adagio que nos recuerda que no es aconsejable cambiar de caballo mientras se cruza un río.

Y no deberíamos perder de vista que lo que nos conviene es una democracia de excelente calidad para España. Porque como dice un popular adagio oriental, no importa que el gato sea blanco o negro lo que cuenta es que cace ratones.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 10/11/20