LA EDAD DE JUBILACIÓN: EL GRAN DILEMA

 

El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a hacer viable el sistema de pensiones públicas de la Seguridad Social. Por eso, ,en el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luís Escrivá, han puesto manos a la obra para preparar una reforma que haga que nuestro sistema público de pensiones sea suficiente y sostenible. Para ello, han tomado como uno de los documentos de cabecera, el texto elaborado por El Pacto de Toledo que fue presentado días atrás. El mismo fue aprobado con un amplísimo soporte parlamentario, ya que solo contó con las abstenciones de EH Bildu y ERC y el voto en contra de VOX.

Sin ninguna duda estamos ante uno de las cuestiones fundamentales que dan razón de ser al Estado del bienestar, las pensiones públicas. A día de hoy en España son más de nueve millones de personas los que dependen de una forma u otra de que la Seguridad Social les ingrese mensualmente su pensión. Por eso, resulta imprescindible que el Estado garantice que esa prestación se va a mantener el tiempo y además será suficiente.

En el documento del Pacto de Toledo en esta ocasión no se propone un aumento de la edad de jubilación. Lo que sí se dice “es que la salida efectiva del mercado de trabajo se aproxime tanto como sea posible a la edad establecida legalmente”.  Y ese es, a mi modo de ver, el quid de la cuestión.

El aumento de la esperanza de vida es un fenómeno relativamente reciente que data del siglo XIX. Hasta entonces, la esperanza de vida media de la humanidad se mantuvo por debajo de los cuarenta años, debido principalmente a las elevadas tasas de mortalidad en edades tempranas.

Un niño nacido hoy en el mundo desarrollado tiene más de un 50% de probabilidades de vivir por encima de los 100 años, mientras que un niño nacido hace un siglo, solo tenía un 1% de posibilidades de llegar a esa edad.

Frente a esa evidencia es razonable pensar que el aumento de la esperanza de vida traiga cambios sociales y laborales de calado. Y ese cambio nos va a plantear preguntas ineludibles como por ejemplo, ¿cómo abordar la educación continua y la adquisición de nuevas habilidades para adaptarse a una carrera laboral más larga? ¿O cómo afrontar el hecho de que alcanzaremos el cénit profesional mucho antes de la jubilación? Y un largo etcétera que formula el nuevo paradigma. Pero también surge una pregunta de cuya respuesta depende que nuestro sistema de convivencia y relación se mantenga o, por el contrario, todo se nos derrumbe como un castillo de naipes. La pregunta en cuestión es: ¿cómo adaptar los sistemas de pensiones para que sean suficientes y sostenibles para una población cada vez más longeva?

Ante esta nueva situación se plantea una duda razonable, ¿cuándo debemos jubilarnos? ¿Debemos jubilarnos a los 65 o los 67 años si nuestra esperanza de vida es cada vez mayor?

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 1900, en España, superaban los 65 años el 26,2% de una generación y la esperanza de vida media a partir de esa edad era de 9,1 años de vida.

Pues bien, siguiendo con datos del INE, en 2015, el 26,2% de una generación sobrevivía más allá de los 91 años y la esperanza de vida media de 9,1 años se producía a los 81. O sea que la edad equivalente hoy a los 65 de 1900 se puede establecer entre los 81 y 91 actuales. Sin embargo, nos jubilamos entre los 65 y 67, prácticamente igual que a principios del siglo XX

En consecuencia, el reto que tiene plantado el sistema de pensiones es doble. Por un lado, que las pensiones sean suficientes para que los beneficiarios puedan tener una vida digna. Por otro, que sean sostenibles, esto es que los trabajadores de hoy, pensionistas mañana, tengan la certeza que cobrarán su pensión cuando les llegue el turno.

Para que el sistema sea viable son muchos y muy variados los escollos que hay que salvar. El pacto de Toledo ha hecho un análisis acertado que, a mi modo de ver, apunta en la buena dirección cuando plantea enjugar el déficit, diversificando las fuentes de financiación y que las cuotas sociales se dediquen cada vez más a pagar las pensiones de jubilación, invalidez y viudedad, mientras que las que se denominan “impropias del sistema” se sufraguen mediante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) u otra fuente que los partidos del arco parlamentario consideren adecuada.

Por otra parte, sabemos que las personas de mayor renta y de cualificación profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de renta más alta y la de más baja). Por lo tanto, imponer que todos se jubilen a la misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas, insalubres o peligrosas.

Por consiguiente, si como parece hay un principio de acuerdo para solventar el déficit y la financiación, quedará sobre la mesa el gran dilema: la edad de jubilación. No parece ni lógico ni razonable plantear que la edad de dejar el trabajo sea a edades muy avanzadas; pero sí es sensato iniciar una reflexión seria y rigurosa, incluyendo todas las variables, para conciliar, tanto como sea posible, la edad de jubilación con la esperanza de vida. Será difícil, pero es necesario.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 03/11/20