Desde que tengo uso de razón
política, y de eso hace ya mucho, siempre he oído decir que la lucha por los
derechos nacionales y las mejoras sociales eran inseparables. Supongo que debo
ser un ingenuo porque yo me lo creía a pies juntillas. Sin embargo, el tiempo
pasa, hace ya siete años que empezaron a marearnos con la mandanga del procés y
la defensa de la calidad de vida de los ciudadanos, tanto para los partidos
secesionistas como para el Govern de la Generalitat, ha quedado claro que es
algo muy secundario. Para ellos, la consecución de la independencia está por
encima de todo y el resto es prescindible.
Como que no quiero que se me
considere un derrotista, me van a permitir corroborar la afirmación que he hecho
más arriba con datos facilitados por el propio Ejecutivo de la Generalitat o
entidades afines y/o de reconocida solvencia; es decir, nada de cosecha propia.
Empecemos por la atención
social: uno de cada tres dependientes catalanes (73.000 personas) con grado
asignado espera recibir la prestación que le corresponde. Desde 2006 que se
aprobó la Ley de Dependencia han muerto en Cataluña más de 36.000 personas sin que
les llegase la ayuda que les correspondía, habiéndose agotado los plazos que la
normativa estipula.
Espero apreciado lector que no
tenga usted problemas de salud, porque si es así y decide acudir a la sanidad
pública, sepa que la media para que le sometan a una operación quirúrgica es de
73 días, 74 para que le hagan una prueba diagnóstica y casi 100 para que le
visite un especialista. ¡Ah! Y no se le ocurra ponerse enfermo este verano
porque han decidido cerrar 1.900 camas, o sea que, según como vayan las cosas,
las colas para que atiendan por la picada de una avispa asiática, pongamos por
caso, pueden ser quilométricas. Por lo tanto, me permito sugerirle que
mantenga la salud por la cuenta que le tiene.
Eso sí, en Cataluña tenemos el
triste honor de estar igualados a la Comunidad de Madrid en lo que a gasto en
sanidad por habitante con respecto al PIB se refiere: ambos son los más bajos
de España. Y es que la derecha,
secesionista o no, cuando gobierna utiliza los mismos patrones.
Sigamos con algo tan poco
importante como la vivienda. Según el
Observatorio Metropolitano de la Vivienda, la renta familiar disponible bruta
ha subido desde el año 2000 el 64,3%. Mientras los alquileres se han incrementado
en el Área de Barcelona un 127,5%. Por consiguiente, una familia de clase media
que viva en esa zona ha de dedicar el 50% de sus ingresos a tener un techo.
Desde la Generalitat nos dicen
que la tasa de pobreza de la población se sitúa en el 21,3%. Por lo que respecta a la Renta Garantizada de
Ciudadanía, que se aprobó a bombo y platillo en el Parlament, desde 2017 sólo
se han concedido 13.100, un pírrico 21% del total de personas que lo
solicitaron.
Y para terminar está desoladora
relación de cifras sepan que 375.000 personas viven en Cataluña en pobreza
severa.
Estos datos objetivos pertenecen
a la Cataluña real, la que madruga, se deja la piel, se esfuerza para tirar
adelante y llegar a fin de mes. También
existe otra donde de las fuentes dan leche y miel y los catalanes lo tienen
todo pagado cuando salen al extranjero, pero esa sólo está en el imaginario de
unos pocos iluminados.
Llegados a este punto, me
gustaría escuchar a los políticos que hemos elegido para que nos gobiernen
expliquen de forma razonada porque, en la Cataluña real, vivimos en esta
situación de carencia y precariedad permanentes en todos los ámbitos. Pero sin que
caigan en la falacia del “España nos roba”, que es la tesis preferida para
tapar las incapacidades propias.
Que bien podríamos funcionar
si, a los que les corresponde, se dejaran de repúblicas ficticias, elucubraciones
estériles, mandangas por el estilo y se aplicaran a procurar el bien común,
pero el real, no el virtual que tan solo existe en las mentes calenturientas.
Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán
23/07/19
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