La XII legislatura del
Parlament de Cataluña inició la semana pasada su andadura de una forma
razonablemente aceptable. Bien es verdad que los independentistas impusieron su
Mesa de la Cámara en la que ellos tienen cuatro representantes
por tres el resto de formaciones. Pero eso, está dentro de la lógica que
permite la aritmética parlamentaria.
La sesión inaugural se abrió
con el discurso del presidente de la Mesa de Edad, Ernest Maragall, de 75 años,
diputado por ERC que, con su intervención muy alejada de la neutralidad
institucional, puso de manifiesto como no se deben hacer las cosas cuando se
preside, aunque sea de forma circunstancial, una institución que es de todos.
Absolutamente de todos los ciudadanos, tengan el credo político que tengan.
Con sus palabras Maragall puso
de manifiesto que existen políticos que viven en mundos paralelos. Según él, el
Estado “solo sabe humillar y castigar” y, en su opinión, Puigdemont sigue
siendo el presidente legítimo. Antes estas afirmaciones, está de más cualquier
comentario sobre el que fuera el consejero de la Generalitat con más huelgas y
manifestaciones en contra, de la historia reciente.
Muy distinto fue el discurso
del nuevo presidente, Roger Torrent. Hombre, también, de ERC, pero que mostró
otros modos y otras maneras. Torrent dijo que los diputados representan una
Cataluña plural de “identidades cruzadas” y habló de “coser la sociedad
catalana”. Curioso porque la fractura ha sido generada por un procés que
lideraron las gentes de Esquerra y los postconvergentes con el soporte
imprescindible de los antisistema de la CUP.
Más vale tarde que nunca dice
el refrán popular. De todas formas, cuesta creer que un destacado
independentista quiera restituir aquello que se pulverizó en los dos últimos
años. Esto es, la normalidad de la vida institucional y que en el Hemiciclo del
Parc de la Ciutadella se recupere el dialogo y el respeto a las minorías sin
pasarles el rodillo como se ha hecho de manera reiterada en los últimos tiempos
y de forma muy especial los días 6 y 7 de septiembre pasado.
Con su elección, a Roger
Torrent le han situado en un cruce de caminos. Puede optar por poner fin a la
excepcionalidad política que estamos viviendo en Cataluña e impulsar la vuelta
a la normalidad y a la legalidad democrática. O bien, puede optar por seguir
por las trochas de la vía unilateral de la anterior legislatura, bordeando los
barrancos de la ilegalidad, la desobediencia y asomarse a los abismos del
enfrentamiento.
Sea cual sea su planteamiento,
pronto saldremos de dudas. Tras la preceptiva ronda de consultas con los
diferentes grupos parlamentarios y a tenor de los resultados del 21 D, muy
pronto deberá proponer la investidura de un candidato que cuente con el
consenso suficiente para encabezar el Govern de la Generalitat.
Ciertamente, tarea nada fácil
por el empecinamiento de JxCat de que sea Carles Puigdemont el próximo
president. Dada la situación, si Roger Torrent optara por proponer al huido
Puigdemont utilizando cualquier añagaza, ya sea reformado el reglamento de la
Cámara o permitiera la investidura telemática, volveríamos a los días aciagos
de septiembre y octubre pasados. Ni los partidos de la oposición aceptarían, ni
el Gobierno central se quedaría de brazos cruzados. De inmediato sería
presentado un recurso de inconstitucionalidad y el 155 se aplicaría, si cabe,
con más contundencia. Con toda probabilidad se disolvería el Parlament, el
nuevo ejecutivo ni se llegaría a nombrar y unas nuevas elecciones quedarían
aparcadas sine die
En cualquier caso, a estas
alturas, quien más, quien menos es consciente de que el procés como lo hemos
padecido hasta ahora está finiquitado. Sin embargo, sería ilusorio pensar que esto
se ha acabado. En absoluto. Lo más probable es que los secesionistas se retiren,
de momento, a sus cuarteles de invierno, pero continuarán con una labor de
zapa, con buenas formas y gestos más amables para seguir ganando adeptos y
ensanchar su base social hasta estar en disposición de plantear una nueva
batalla y ganarla.
Así las cosas, dependerá de la
inteligencia política que tengan el Gobierno central y los partidos
constitucionalistas para llevar a cabo las reformas necesarias que hagan ver al
conjunto de la ciudadanía que estar juntos merece la pena. No se trata de hacer
concesiones y ceder a las coacciones. Se trata de poner al día lo que con el
paso del tiempo haya podido quedar obsoleto. Es una cuestión de justicia,
equidad y coherencia política, no de debilidad ante los chantajes.
De todos modos, hemos de ser
conscientes de que, se haga lo que se haga, siempre habrá gente dispuesta a
echar el carro por el pedregal. Pero si se les quitan argumentos irán
disminuyendo y cuantos menos sean mejor.
Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies
22(01/18
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