Aunque algunos se resistan a
creerlo, hay vida y suceden cosas más allá de la burbuja secesionista catalana.
Cosas que nos afectan de manera directa.
Por ejemplo, la situación de emergencia que está padeciendo nuestro
sistema público de pensiones.
En efecto, el pasado mes de
diciembre el Ejecutivo de Mariano Rajoy volvió a echar mano de la “hucha” de
las pensiones para hacer efectiva la paga extra. Eso ha hecho que el fondo de
reserva haya quedado tiritando. De los más de 66.000 millones que quedaron en
caja cuando los socialistas abandonaron el poder, nos hemos quedado, a día de
hoy, con menos de 8.000. Pero es que las previsiones son nefastas. El gasto
previsto para éste 2018 es de unos 125.000 millones que se pueden cubrir con
las aportaciones que hacen trabajadores y empresas, lo que no se cubre son las
pagas extras y eso asciende a unos 15.000 millones de euros.
Es evidente que la situación
es muy grave y hay que poner manos a la obra para solucionar el problema. De no
hacerlo, uno de los pilares del Estado del bienestar se nos va a ir a Norris y
las consecuencias puede ser trágicas. En España hay más de nueve millones de
pensionistas, y son cientos de miles las familias que subsisten y pueden ir
tirando adelante gracias a la pensión que cobran sus mayores.
En estas circunstancias hay
que tomar decisiones, y hay que tomarlas ya. Para empezar, hay que reconstruir
el Pacto de Toledo que el PP hizo añicos en 2013. Acto seguido se deben
articular los mecanismos necesarios para garantizar que las pensiones no
pierdan poder adquisitivo.
Resulta insólito que el
déficit de nuestro sistema de Seguridad Social se haya disparado en los últimos
cinco años. No obstante, los motivos
son evidentes: por un lado, las altas cifras de paro generadas por la crisis de
2007 y, por otro, la reforma laboral aprobada por el PP con la inestimable
colaboración de la ya desaparecida CiU. Esa situación ha puesto en bandeja un
apetitoso negocio de más 85.000 millones de euros anuales para las entidades financieras
que ofrecen pensiones privadas a su clientela. Algo, por cierto, bastante
inverosímil, porque una pensión mediana de esa tipología requiere un ahorro de
unos 7.700 euros anuales. Aquí la pregunta es obvia, ¿con los míseros salarios
que se están pagando, quien se puede permitir un lujo semejante?
Es una vergüenza intolerable
que los recortes y los ajustes de las políticas equivocadas los tengan que
pagar aquellos que cotizaron religiosamente a lo largo de su vida laboral. Los
gobiernos tienen la obligación de cuidar y gestionar de forma adecuada nuestro
sistema de pensiones para que no se deteriore y sea sostenible. Del mismo modo
que es inconstitucional celebrar un referéndum para segregar un territorio y es
un posible delito que debe ser perseguido; también es un atropello que debe ser
castigado privar a las personas de aquello que ganaron con su trabajo y ahora
se les quiere negar.
Desde luego el tema es muy
duro y espinoso. Requiere de mucha imaginación y voluntad política para
solventarlo. Por eso, para empezar, sería bueno tener unas cuantas cosas
claras.
·
Nuestro
modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será para los que vienen detrás
de nosotros en la medida en que las prestaciones destinadas a pagar pensiones,
más una cantidad dedicada a mantener un fondo de cobertura, sea igual a los
ingresos.
·
En
cualquier caso, no podemos perder de vista que los servicios sociales –y las
pensiones públicas de jubilación pertenecen a ese ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha política
ni deben ser una mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar.
·
Las
reformas que se lleven a cabo en el sistema deben estar orientadas por los
principios internacionales que establece la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) que son: “universalidad, trato igual, solidaridad social, equidad
de género, suficiencia de prestaciones, regulación y supervisión públicas,
gastos administrativos moderados participación social en la gestión y sostenibilidad
financiera a largo plazo para garantizar las pensiones futuras.”
·
Finalmente,
no debemos ignorar que no hay ninguna razón especial para que las pensiones se
financien exclusivamente con las cotizaciones de los trabajadores. Toda la
riqueza social producida, en la que se incluye el trabajo de muchos años de los
actuales pensionistas, debe servir para el mantenimiento de aquellos que, o
bien por edad o por cualquier otro tipo de incapacidad, no están en condiciones
de trabajar.
Creo, con sinceridad, que a partir de aquí se puede
empezar un buen trabajo. Siempre y cuando haya voluntad para ello, claro está.
Bernardo Fernández
Publicado en El Catalán
16/01/18
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