21 d’octubre 2014

OCURRENCIAS

Incluso desde bastante tiempo antes de ser oficialmente convocada, todo el mundo sabía que la consulta del 9 N no se iba a celebrar. Todo el mundo, excepto Artur Mas y algunos de sus más acérrimos acólitos. O al menos eso es lo que nos han querido hacer creer.


La verdad es que ni propios ni extraños acaban de entender la jugada del presidente Mas: cambiar la consulta prevista, por otra que no tiene las mínimas garantías ni democráticas ni de legalidad. Él había dicho hasta la saciedad que el 9 N se votaría dentro de la legalidad. Y, ahora, pocos días después de haber firmado el decreto convocando a las urnas, se descuelga diciendo que la consulta no se puede hacer. ¿Acaso no había previsto la que se le venía encima? Pensaba qué aprobar una ley y firmar un decreto es algo inocuo y sin más trascendencia? ¿Alguien en su sano juicio había llegado a imaginar que el Gobierno central se quedaría de brazos cruzados?

La cantidad de preguntas que se podrían hacer es casi infinita, pero cuesta creer que los cerebros pensantes del soberanismo catalán, no tuvieran un plan B debajo de la mesa ni un triste conejo que sacarse de la chistera.

El presidente ha sorprendido planteando, ahora, un proceso de participación ciudadana utilizando la cobertura legal que le otorga la Constitución y el Estatut. El artículo 9.2 de la Constitución prevé que los poderes públicos "faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". Según el artículo 43 del Estatut los poderes públicos han de promover la participación social en la elaboración, la prestación y la evaluación de las políticas públicas". También el Govern se podría acoger a la ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y "otras formas de participación política" en los artículos no suspendidos por el Tribunal Constitucional. De todos modos, no deja de ser curioso que pretenda utilizar una Constitución que desdeña y. que ha pretendido incumplir

Tanto la clase política como la ciudadanía han quedado estupefactos con este sucedáneo de consulta del que sólo se ha concretado que habrá “locales, urnas y papeletas”. Además el gobierno de la Generalitat dará un margen de 15 días para ejercer el voto. Si es así, el surrealismo puede llegar a cotas insospechadas.

En cualquier caso, Mas ha renunciado a la legalidad para adentrarse en el proceloso mundo de una consulta participativa. O sea, un simulacro de votación con carencias de todo tipo, y, así, es impensable que nadie en sus cabales le dé credibilidad alguna.

Con esta ocurrencia (como dijo la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sanez de Santamaría), Artur Mas ha abierto la caja de los truenos y ha tenido la virtud de ponerse a todos los compañeros de su irresponsable viaje a Ítaca en contra. Hasta Unió su socio de coalición, por boca de Ramón Espadaler, su actual líder, tuvieron que hacer una difícil finta para no rechazar de plano la salida del presidente, pero si descartaron sin ambages el adelanto electoral y la declaración unilateral de independencia.

Por otra parte, el enfado en ERC es monumental y por más quieran poner paños calientes, han marcado distancias con la iniciativa y piden volver al pacto inicial o que se convoquen elecciones lo antes posible. Los chicos de la CUP se niegan a perder su 9 N y creen que aún es posible retomar el camino (son cosas que a veces suceden cuando no se tiene la suficiente experiencia política). Y los eco socialistas están que trinan porque piensan –y no les falta razón- que todo esto es una maniobra de Mas para salvarse él y salvar a Convergencia. Hasta el Ejecutivo de Rajoy ha quedado descolocado puesto que no sabe como recurrir algo que no lleva implícitos actos legales.

De todos modos, quien ha vuelto a demostrar sentido común y sensatez es Josep Antoni Durán i Lleida. Desde su exilio dorado en el Congreso de los Diputados, ha puesto de manifiesto que dará soporte a lo que esté dentro de la legalidad. Y, a la vez, ha dejado diametralmente claro que si no se vota, no es porque no se quiera, si no porque no se puede. Asimismo, ha reiterado que lo que hace falta es una solución política a un problema político. Y es qué como están las cosas, de una vez por todas, Mariano Rajoy debería mover ficha. Visto lo visto, el inmovilismo y las ocurrencias están de más, aquí y allí.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 19/10/2014

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