Como no podía ser de otra manera, el pasado día 8 de abril el pleno del Congreso de los Diputados rechazó por 299 votos en contra, 47 votos a favor y una abstención, la proposición del Parlamento de Cataluña que pedía delegar en la Generalitat la competencia para convocar la consulta soberanista prevista para el próximo 9 de noviembre.
Como es lógico, hemos podido leer y escuchar reflexiones y opiniones desde todos los posicionamientos y desde todos los enfoques. No obstante, a mí me ha parecido especialmente interesante el punto de vista sobre el particular de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, uno de los padres de la Carta Magna de 1978. Sostiene el prestigioso jurista qué el problema entre Cataluña y España "es político, no jurídico" y sólo se solucionará de forma acordada. Es cierto, se necesita un gran pacto de Estado que blinde competencias esenciales de Cataluña -lengua, economía, infraestructuras-. Ese pacto que debería ser votado por los catalanes, sería, pues, la manera más sensata de integrar y decidir.
"Ni una sentencia constitucional ni ninguna ley pueden negar la realidad nacional catalana, pero tampoco puede disolverse un estado desde el marco legal. La presente crisis requiere una solución política, necesariamente negociada", opina Herrero de Miñón. Por eso, considera que ninguna opción política, "de un lado o de otro", podrá ser "impuesta" si se quiere llegar a buen puerto. Sin embargo, el padre de la Constitución ve "muy difícil" una reforma de la Constitución, en su opinión "tendría más problemas que ventajas".
En cualquier caso, no cabe ninguna duda de que es esencial que exista una voluntad real de "superar la crisis" pero también es verdad que tanto en Barcelona como en Madrid hay quien sueña aquello de "cuanto peor mejor". Y en este momento no existe "voluntad política" para el acuerdo. Llegar a una mesa de negociación requeriría una serie de "medidas de confianza" entre los dos gobiernos que permitieran rebajar la tensión y, a día de hoy, esas medidas no se dan. Asimismo, Herrero de Miñón pide moderación del lenguaje institucional y entiende que la "escenificación del desencuentro" como el debate celebrado en las Cortes perjudica más que ayuda. "Artur Mas no puede ser humillado, Rajoy, tampoco, no puede haber vencedores ni vencidos", afirmó
Herrero de Miñón también analizó las razones del "desafecto" y puso de manifiesto "errores de ambas partes". Uno de esos desaciertos fue la generalización del modelo catalán a todas las autonomías, empezando con el estatuto andaluz. "La derecha lo apoyó para diluir el nacionalismo y la izquierda lo apoyó para alcanzar parcelas de poder en las elecciones generales", según el criterio del prestigios jurista, quien también considera la LOAPA y la sentencia del TC de 2006 sobre el Estatut como "graves errores".
En conjunto, no puedo estar más de acuerdo con la opinión de este padre de la Constitución. De manera muy especial en lo que respecta al pacto de Estado. Y, sin embargo, difiero de su afirmación de que reformar la Constitución tendría “más problemas que ventajas”.
En un país como el nuestro, con grandes dosis de cainismo político, es ilusorio pensar que un pacto de esa naturaleza sea aceptado sin más en otros ámbitos territoriales. En consecuencia, parece muy razonable la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba que consiste en abordar una reforma de la Constitución que “actualice el pacto constituyente” y que “recoja las aspiraciones y singularidades” y que, a su vez, defina que competencias son del gobierno central, y cuales corresponden a los gobiernos autonómicos. Para Rubalcaba y por extensión para los socialistas, esa reforma constitucional ha de dar solución a los “graves problemas de convivencia” que, a su juicio, existe entre los catalanes y el resto de España.
Ciertamente, las propuestas de Herrero de Miñón y Pérez Rubalcaba, lejos de ser antagónicas, son complementarias. Por eso, llegados a este punto, tan solo hace falta una cosa: voluntad política para empezar a dialogar. Esa es la cuestión
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 16/04/14
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