El año pasado se llevó a cabo el cambio de propiedad de cuatro promociones de protección social, ubicadas en Barcelona, construidas por REGESA que pasaron a manos de Colón Viviendas -empresa en la órbita de Goldman Sachs-. La consecuencia ha sido que los inquilinos de esas promociones han debido afrontar considerables subidas en los recibos, no por el concepto de alquiler, pero si por otros conceptos como limpieza o mantenimiento. El tándem CiU- ERC ha cuadrado las cuentas públicas para 2014 previendo venta de patrimonio por un montante de 2.318 millones de euros. Con lo que pueden suceder dos cosas: una, que se cumpla el objetivo y seamos más pobres o dos, que no se cumpla y entonces el problema vendrá por el incumplimiento del objetivo de déficit y eso significará nuevos recortes. Otro caso sorprendente es lo sucedido con la que fuera empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) propiedad de la Generalitat y vendida a Acciona, en un proceso repleto de irregularidades jurídicas y administrativas que ha sido denunciado ante los tribunales. Pero resulta que en el contrato se contempla la posibilidad de que la Generalitat indemnice a la empresa compradora si se produjera una catástrofe natural como una sequia.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona no ha querido ser menos y con el soporte del PP ha privatizado los aparcamientos más rentables de la ciudad y la Oficina para la No Discriminación. Es evidente que la fiebre privatizadora lo invade todo, en especial aquello que puede dar pingües beneficios. Seguramente por eso, han tomado como referencia en la materia el proceso llevado a cabo años atrás en el sector energético –todo un modelo a seguir-, ahí los resultados son elocuentes: desde el inicio de la crisis el precio de la energía tan solo ha subido un 75%. Más o menos lo mismo que los salarios o las pensiones. Para que luego digan que esta sociedad no es equitativa.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 26/02/14
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