LA ESPAÑA MÁS NEGRA

Apañados estamos. Al Partido Popular le han bastado apenas dos años de Gobierno, con una cómoda mayoría absoluta, para retrotraernos a la épocas más aciagas de nuestra historia.


Con un puñado de leyes, unos cuantos recortes - eso sí, aplicados de forma sistemática-, todo ello jalonado con diversos episodios de corrupción, han logrando poner patas arriba aquello que daba dignidad a la vida, tanto costó construir y tantos hombres y mujeres se quedaron por el camino sin poderlo ver hecho realidad.

Empezaron con la reforma laboral de la ministra Fátima Báñez, que ha servido para precarizar los pocos puestos de trabajo que quedan en nuestro país y poco más. En los primeros días de diciembre se aprobaba definitivamente la LOMCE, la ley de educación, del ministro Wert, una medida que ha tenido la virtud de confabular a todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, para derogarla en cuanto el juego de mayorías y minorías lo permita. Y el día 20 del mismo mes de diciembre se aprobaba la reforma de las pensiones una ley que hará que los pensionistas pierdan poder adquisitivo. Por cierto, esta es la primera reforma de las pensiones que sale adelante sin ningún consenso, tan solo con el soporte del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno.

En este afán destructor de lo hecho con anterioridad, por gobiernos de otro color político, no se ha quedado atrás el ministro Cristóbal Montoro con su reforma de la Administración local, que cuando entre en vigor hará que los entes locales den un salto hacia atrás de más de 30 años.

Por su parte, Ruiz Gallardón logró soliviantar a todo el mundo judicial con su ley de tasas y ahora ha colmado el vaso de la paciencia de la ciudadanía con la nueva ley del aborto -a la que luego me referiré-. Tampoco se ha quedado rezagado en afán reformador el Ministro del Interior, y miembro del Opus, Fernández Díaz, con su ley sobre seguridad, aún en trámite en el Congreso, pero con augurios nada halagüeños, dado que en la práctica esta nueva norma recortará sustancialmente derechos y libertades.

Por si todo esto no fuera suficiente, entre reforma legislativa y reforma legislativa, se han puesto en práctica de manera sistemática los recortes en sanidad, educación y servicios sociales, en unas ocasiones por iniciativa propia y en otras induciendo a las CCAA a recortar servicios forzadas por la espada de Damocles que supone rebasar los límites de déficit fijados por el Gobierno de forma nada razonada. Además, se ha puesto de manifiesto un claro empeño recentralizador que, de seguir insistiendo, convertirá las CCAA en poco más que grandes diputaciones.

De todos modos, donde el Gobierno más se ha pasado de frenada, ha sido en la reforma legal sobre el aborto. El aborto es un derecho de la mujer en Alemania, Francia o Italia. Ahora, Ruiz Gallardón ha puesto fin a ese derecho en España. Da la sensación que los derechos sean, para el Señor Ministro, un bien limitado, pero es que además, se hace desde planteamientos moralistas y con falso paternalismo. Lamentablemente, esta nueva norma y la carga ideológica que lleva implícita nos devuelve a la España de un tiempo que creíamos haber superado.

Para Soledad Murillo, responsable de políticas de Igualdad en el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero (2004-2008) y promotora de leyes como Violencia de Género e Igualdad, “la ultraderecha y el nacionalcatolicismo han ganado la batalla” y sostiene que esta reforma tan restrictiva del aborto tiene mucho a ver “con un pacto implícito entre el Gabinete de Rajoy, la Conferencia Episcopal y los grupos próvida”.

Resulta evidente que hemos vuelto a los años ochenta del siglo pasado y las españolas que quieran abortar deberán viajar al extranjero para interrumpir su gestación. Si se lo pueden costear, está claro. Mientras que algunas, quieran o no, se verán obligadas a tener hijos con graves malformaciones y eso sucederá porque alguien tomará una decisión en su nombre que marcará su vida para siempre.

Entre la crisis económica y la situación política, la España devota de Frascuelo y de María que diría el poeta, es decir, la España más negra vuelve a tomar carta de naturaleza. Con este panorama y una oposición en la que no hay alternativa de gobierno ni se vislumbra, un servidor –que también tiene sus debilidades-, ha caído en la tentación y ha pensado que, tal vez, la independencia sería la solución. El quid de la cuestión es que, visto lo visto, los problemas, aunque tuviéramos un nuevo estatus, aquí serían, quizás, en otro orden de cosas, los mismos o muy similares.



Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 02/01/14