23 de gener 2014

SILENCIO ADMINSTRATIVO

La ciudadanía mayoritariamente es gente de buena fe. Por eso, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS), del pasado 9 de mayo, que declaraba nulas las cláusulas suelo de las hipotecas que se hubieren incorporado sin la suficiente información para que los clientes evaluaran su impacto, hizo que para miles y miles de familias se encendiera una tenue luz en el negro horizonte del desballestado Estado del bienestar. Después, el 18 de junio, cuando el ministro de Economía Luís de Guindos anunció que el Banco de España vigilaría que todos los contratos hipotecarios cumplieran con el acto judicial, esa luz ganó intensidad.


Sin embargo, los hechos son tozudos y, a menudo, la realidad, que suele ser despiadada, acaba imponiéndose. Siete meses después, y a pesar de las declaraciones del ministro y de las indicaciones del Banco de España a las entidades financieras, las cosas siguen igual que antes de la sentencia del TS.Una vez más, se ha puesto de manifiesto que la voracidad del sistema bancario no tiene límites y que buena parte de los mandatarios de la banca carecen de escrúpulos. Así por ejemplo, una entidad como Mare Nostrum (BMN) controlada en un 65% por el Estado que inyectó 1.645 millones de euros en ayudas públicas, decidió, de forma unilateral, que no le afectaba la sentencia del TS. Por su parte CaixaBank admitió tener unas 185.000 hipotecas con cláusula suelo que negociaría caso por caso. Lo que en Román paladino quiere decir que para eliminar la cláusula famosa, el cliente ha de claudicar y contratar un plan de pensiones, algún tipo de seguro o una tarjeta de crédito,

O sea, algo que compense a la entidad, aunque sea, claro está, en detrimento de la economía del esforzado ciudadano. Se calcula que la supresión de las cláusulas suelo supondría una reducción de ingresos anuales para el sector de unos 1.000 millones de euros. No obstante, esa factura podría aumentar de manera considerable si los diversos fallos judiciales que sobre la cuestión se han emitido en juzgados de primera instancia acaban siendo sentencias firmes.

Mucho me temo que tantos millones en danza fundirán aquella tenue luz de esperanza. Y es que da la sensación que la autoridad competente ha optado por aplicar un discreto silencio administrativo. O dicho de otro modo, hacer como cuando se oye llover: dejarlo caer.



Bernardo Fernández

Publicado en ABC 15/01/14