Los sistemas públicos de pensiones junto con la
sanidad y la educación son los pilares
básicos del Estado del Bienestar. Las pensiones públicas de vejez se iniciaron
en Alemania con el canciller Bismarck a finales del siglo XIX. Pero no fue
hasta después de la Segunda Guerra Mundial que se consolidaron y ampliaron en
el Reino Unido. Esto sucedió con un gobierno laborista a partir del informe Beveridge. En el sistema
de economía planificada de Rusia y los países de la órbita soviética también se
disponía de unas prestaciones para cubrir las necesidades de la genta mayor. Es
decir, en Europa han existido desde principios del siglo XX diversos sistemas de pensiones públicos y obligatorios
para los trabajadores.
España, a pesar
de que se incorporó más tarde al proceso histórico de desarrollo de la sociedad
del bienestar, ha realizado un esfuerzo considerable durante las tres últimas
décadas. En la etapa democrática se ha recuperado buena parte del terreno
perdido en el ámbito de la política social. La brecha social que nos separaba
de los países europeos más desarrollados se redujo durante el periodo de
1982-1996, pero volvió a abrirse entre 1996 y 2004, para disminuir
aceleradamente durante los años siguientes. Lamentablemente desde diciembre de
2011, estamos retrocediendo un importante trecho de la senda recorrida. Y es un
hecho poco cuestionable que el Gobierno de Mariano Rajoy está
haciendo recaer las reformas y ajustes para salir de la crisis en aquellos que
tienen menos capacidad de defensa. Además, la severidad de la crisis económica
que estamos padeciendo ha hecho que la viabilidad del sistema público de
pensiones haya sido seriamente cuestionada.
En consecuencia, el
sistema español de pensiones vive hoy una encrucijada histórica. No le falta razón a la ministra de Empleo
Fátima Báñez cuando dice que “la reforma de las pensiones es el debate más
importante que tiene planteado la sociedad española”. Ahora bien, lo que
trasluce más allá de las palabras de la ministra es el interés en provocar un
cambio en profundidad de nuestro sistema público de pensiones, que responde a
planteamientos ideológicos, En esencia
se trata de reducir la cuantía de las pensiones contributivas, para ampliar el
campo de acción de los fondos privados de pensiones.
La Seguridad Social es uno de los sistemas públicos
que moviliza más dinero en cualquier país. Y en el caso concreto de España
está, a día de hoy, fuera de la órbita de las entidades financieras. (Bancos,
Cajas y compañías de seguros) No cabe
duda que las considerables cantidades de dinero que se generan en este terreno
son un fuerte polo de atracción para las entidades privadas. En esta situación,
a nadie debe extrañar que éstas promuevan de todas las maneras posibles la
privatización de una parte la Seguridad Social, obviamente la que resulta
rentable. Pero para alcanzar sus objetivos, necesitan de alguien que les aplane
el camino y el Gobierno del Partido Popular se está convirtiendo en el colaborador
necesario.
Las entidades financieras no dejan de insistir de
forma machacona en la inviabilidad del sistema, por lo que éste, pensiones
incluidas -amenazan-, se colapsará en los próximos años. Valga decir aquí que
está predicción se repite de forma cíclica. Se hizo en los primeros 70
vaticinando el colapso para los finales de la misma década, se repitió al
inicio de los 80, después en los 90 y ahora vuelve el aviso con más fuerza si
cabe, y esta vez, además, en medio de una crisis económico financiera que lo
hace todavía más pernicioso.
La reforma de las pensiones afecta a nueve millones
de pensionistas. También a aquellos que ya han cumplido el medio siglo de vida
y ahora ven próximo el momento de
empezar a cobrar su pensión. Pero a éstos les entran todos los sudores del
mundo al pensar que, con el factor de sostenibilidad y la supresión del IPC
para calcular las revalorizaciones, disminuirá su pensión, y, por tanto, caerá
su nivel de vida.
Según datos del Instituto de Estudios Fiscales,
órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, se prevé que las pensiones puedan
bajar hasta un 40%. Se ha calculado que con la reforma las pensiones medias
lleguen a caer, según vayan las cosas, 1.500 euros anuales. Que la devaluación
de la prestación se alargará como mínimo hasta 2022 y que se espera un ahorro
anual sostenido de unos 5.000 millones de euros. En conjunto el Gobierno espera
ahorrar 33.000 millones. Es evidente que con esas cifras sobre la mesa la
revuelta social está servida.
En estas circunstancias, lo razonable sería que el
presidente del Gobierno dejara de esconderse y explicara la situación. Esta
sociedad ha dado pruebas sobradas de madurez y si se le explica que la fuerte
destrucción de empleo está provocando un elevado déficit en la Seguridad Social
que impide revalorizar las pensiones e incluso obliga a recortar las prestaciones
de más cuantía como se ha hecho con el funcionariado, la gente comprenderá.
Ciertamente no será un plato de gusto para nadie, pero será preferible a generar dudas sobre el sistema público de
pensiones en los próximos 30 años.
De todos modos, siendo el presidente del Ejecutivo
Mariano Rajoy, con el currículo de comunicador y dialogante que se ha ganado a
pulso, haciendo comparecencias de prensa sin preguntas y con pantallas de
plasma, tal vez sea más factible pedir peras al olmo.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global 18/10/13
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada