12 de juny 2013

DEL FRAUDE A LOS RECORTES

Opinan los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) que en 2009 se escamotearon a las arcas públicas de nuestro país unos 60.000 millones de euros. La posible desintegración del euro en 2012 hizo que saltaran todas las alarmas y la fuga de capitales se multiplicó de forma exponencial, colocando a España, según estimaciones muy creíbles, como el décimo país del mundo con más fraude.


De todos modos, el fraude no es algo exclusivo de las gentes del sur. Un informe elaborado por un grupo de expertos para el Parlamento Europeo, señala que Bélgica tiene un porcentaje de economía sumergida de un tamaño muy similar al español: el 21,9% frente a nuestro 22,5%. El fisco belga perdió en 2011 unos 33.600 millones de euros, y el fisco español, unos 72.700. Italia, Grecia y algunos países del Este rondan el 27% de economía sumergida, pero tampoco se puede decir que Francia logre combatir muy eficazmente la plaga: su economía sumergida se calcula en un 15% de su PIB. Eso sí, puede vanagloriarse de estar un poquito mejor que la mismísima Alemania, donde ronda el 16%. La media europea, para vergüenza de toda la Unión, supera ligeramente el 22%.

Con estas cifras sobre la mesa resulta obligado hacer unas cuantas preguntas. Por ejemplo: ¿por qué no se cumple con las obligaciones? ¿Es solo cuestión de avaricia e insolidaridad? ¿Por qué en el norte de Europa la evasión es mucho menor? Noruega deja de ingresar, según expertos consultados, 27.600 millones de euros al año, y Suecia, 33.839 millones. ¿Por qué en España muchos se jactan de no pagar impuestos? De tan incompresible que parece, quizá haya que recurrir a un filósofo para explicarlo. Javier Sádaba remite a la “tradición católica”. “Los centroeuropeos y los nórdicos han internalizado una serie de deberes que están en relación con la doctrina protestante. De ahí que tiendan a cumplir sus compromisos y eviten, de esta manera, el sentimiento de culpa”. Y añade: “Bien distinta es la postura de los católicos. La religiosidad es más externa y, aunque exista un elevado sentido del ridículo, la culpa está ausente. Esto explica el individualismo español y la sensación de no haber hecho nada malo si queda lejano”. A lo que se añade la falta de cultura fiscal y esa creencia sartriana de que “el Estado es un expoliador”, apostilla Sádaba.

Ciertamente, el fraude afecta a la práctica totalidad de los estratos sociales. No obstante, es una evidencia palmaria que quien más tiene, más defrauda. Así lo certifica un reciente estudio publicado por la Fundación Alternativas según el cual “gran parte de esta ingente fuga de capitales proviene de prácticas de las corporaciones multinacionales consistentes en deslocalizar un porcentaje importante de sus beneficios hacia filiales emplazadas en territorios de nula o baja fiscalidad”. No es casual que casi el 72% de la evasión fiscal de España (42.711 millones), relatan los técnicos de Hacienda, se localiza en las grandes empresas y patrimonios, cuatro veces más que el fraude de las pymes (10.150) y muy por encima de los autónomos (5.111), quienes injustamente suelen concentrar la desconfianza de las administraciones.

Por eso, “el fisco debería esforzarse más en perseguir el engaño de las multinacionales y grandes compañías en vez de concentrar el 80% de los recursos a investigar microempresas, pymes, asalariados y autónomos”, denuncia José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Bruselas debería ser consciente de la magnitud del problema y se deberían poner manos a la obra y no sólo mejorar las directivas europeas contra el fraude fiscal, sino que se deberían corregir para que no solo afecten a cuentas corrientes y depósitos de personas físicas que han sacado el dinero de su país para no tributar, sino que se aplique “a todo tipo de personas jurídicas y trust [fideicomisos], a todas las fuentes de ingreso y a todo tipo de productos financieros”. Como apuntan los expertos en el mencionado informe. Solo mediante el intercambio automático de toda esa información será posible atajar los mecanismos que hacen posible la estafa. Mecanismos que se han ido ampliando día tras día y que seguirán robando el dinero que debería ir al tesoro de todos los países de la UE.

El Consejo Europeo tras su reunión plenaria del 22 de mayo pasado anunció iniciativas contra el fraude fiscal. De hecho, se hizo público un paquete de medidas, y un calendario para su ejecución. De todos modos, como se mencionaba en la editorial de un prestigioso medio de comunicación: “Tiempo habrá de señalar las limitaciones que la dinámica común imponga a dichos acuerdos, sus posibles retrasos y los obstáculos imprevistos a su desarrollo. Porque seguro que habrá de todo ello en la cosecha final. Es hábito inveterado de la UE señalar horizontes ambiciosos y alcanzar desarrollos siempre por debajo de ellos, amén de tardíos. Sobre todo en una materia, la fiscalidad, que convencionalmente requiere de la unanimidad de los 27, aunque el Tratado de Lisboa ofrezca alternativas indirectas para lograr decisiones también en este ámbito”.

No hay que ser muy avispado para entender que si esos euros que se le evaporan al fisco cada año, estuvieran en las arcas públicas, España tendría cubiertos los gastos de sanidad, desempleo, educación y cultura. Además, se podría hacer frente al pago de los intereses de la deuda sin las angustias actuales e incluso sobrarían unos cuantos millones. “Habría crisis, aunque sería otra distinta”, apunta Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE). Así están las cosas.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 01/06/13