ESCRACHE

Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2012 se han llevado a cabo en España 391.032 desahucios, y están en trámite de ejecución 198.000. Según datos del Banco de España el 88% de las hipotecas concedidas son para primeras residencias, el resto para despachos garajes y otros. Estos números, pese a su frialdad, ponen de manifiesto las dimensiones del drama que se está viviendo en nuestro país con la pérdida de la vivienda habitual.


Con esta realidad de fondo el Gobierno ha llevado al Congreso de los Diputados la futura Ley de Protección de Deudores Hipotecarios y de Alquiler Social. En ella el Ministerio de Economía ha querido sintetizar un anterior decreto gubernamental, la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada recientemente por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros movimientos sociales, así como y una cincuentena de propuestas de los otros grupos parlamentarios.

Esta iniciativa legislativa descarta categóricamente la dación en pago, que era el eje vertebrador de la mencionada ILP, aunque si alivia la carga de los intereses. La propuesta de la PAH en ningún momento pretendía que la entrega de la vivienda como pago de la hipoteca tuviera carácter universal, tan solo sería aplicable en el caso de las primeras residencias.

De haber prosperado la propuesta se hubiera logrado un gran alivio para miles de familias. Además, en contra de lo que sostienen determinados opinadores, hubiera sido proporcionada ya que el endeudamiento excesivo de una familia suele ser propiciado por el afán desmesurado de las entidades financieras de vender sus productos. No hubiera existido boom inmobiliario sino hubiera habido entidades dispuestas a financiarlo.

De todos modos, es verdad que la dación en pago no es la panacea y puede ocasionar numerosas injusticias y generar indefensión jurídica. Por eso, si el Gobierno tuviera auténtica voluntad política para solventar el problema, hubiera podido tomar como referencia la iniciativa la planteada por Franklin Delano Rosevelt (publicada en el Dealing with household debt, capítulo 3 del World Economic Outlook del FMI en abril de 2012), y que básicamente consistió en que13 de junio de 1933 a los dos meses de llegar a la Casa Blanca y cuatro años después de la Gran Depresión. Montó la HOLC (Home Owner’s Loan Corporation) un organismo público que compró a los bancos posiciones acreedoras en las hipotecas a cambio de bonos. De esa forma se reestructuró la deuda de las familias asfixiadas por la crisis. Se otorgaron quitas, se ampliaron plazos para pagar la deuda y se rebajaron intereses. Así se salvaron 25 millones de familias y se redujeron sustancialmente los desahucios, con un coste de 4.750 millones de euros, el 8,4% del PIB

Dado que el Gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones de la ciudadanía, no nos debería sorprender que aquellos que están sometidos a la presión del los desahucios hayan decidido tirar por el camino de en medio y poner en jaque a algunos cargos públicos del PP, practicando el escrache. Quizá estos movimientos no sean el mejor ejemplo a seguir, pero tampoco lo son los intentos del Gobierno de criminalizar a los movimientos sociales que no le son afines. Y, desde luego, no lo son las declaraciones de la Delegada del Gobierno en Madrid, la Señora Cristina Cifuentes, insinuando las simpatías de miembros de la PAH hacia movimientos terroristas. Mas bien, esas declaraciones son un insulto a la inteligencia y ponen de manifiesto el escaso calado democrático de la delegada.

Aunque no lo parezca, la democracia directa está contemplada en la Constitución. Los ciudadanos tenemos, además de votar y callar, otros derechos. Tenemos derecho a manifestar satisfacción o enojo. Ahora bien, es cierto que tras las grandes manifestaciones aparece el desánimo o la duda sobre su eficacia. Por tanto, no nos debería extrañar que surjan maneras diferentes de expresar los desacuerdos. Ese es el caso del escrache. Es verdad que las discrepancias suelen generar cierto grado de tensiones personales. Pero el grado de civilidad de una sociedad, entre otras cosas, se puede medir por la capacidad de tolerancia entre las tensiones sociales y personales.

En cualquier caso, no todo vale y las injurias, las calumnias infundadas y la agresión física no son escrache y por tanto perseguibles penalmente. Pero como dice el Tribuna Supremo quienes voluntariamente ejercen una actividad pública y reclaman el soporte de los ciudadanos han de tolerar una crítica más profunda de sus actuaciones y comportamientos. En definitiva, el escrache es un ejercicio del derecho a la participación directa en la vida política. Y aunque moleste hay que soportarlo, al fin y al cabo va con el sueldo.



Bernardo Fernández

Publicado en La Voz de Barcelona 15/04/13