Es evidente que no ha acertado ni una, como tampoco la ha hecho ninguna empresa de las que se dedican a esos menesteres. La diferencia estriba en que esas empresas son privadas y responden a unos interese determinados. En cambio el CEO se sufraga con el dinero de todos los ciudadanos y por eso lo más normal sería que su director dejara el cargo por incompetencia profesional manifiesta.
Por otra parte, a lo largo de la pre-campaña y campaña electoral se han puesto en evidencia preocupantes déficits democráticos. Destaca entre ellos la descarada la línea soberanista de los medios de comunicación públicos, Catalunya Ràdio y TV-3. que dejaron de ser públicos para ponerse al servicio de un proyecto. De igual manera, podríamos hacer referencia a la ausencia de una mínima neutralidad en la publicidad institucional, de la que se excluyó a los medios no afectos, y en cambio, se dieron subvenciones ad hoc a los medios adictos. Todo ello trufado de un partidismo exacerbado patrocinado desde la Generalitat. En consecuencia, no fue casualidad que la Junta Electoral prohibiera mensajes de llamada a las urnas, por partidistas, sectarios y extemporáneos. Nunca como en esta campaña el nacionalismo gobernante había dado muestras de tanto sectarismo.
Es un hecho que en estos días se están escribiendo infinidad de artículos sobre el varapalo que han recibido los nacionalistas catalanes en las urnas. En estas circunstancias, a mí me ha parecido oportuno hacer un análisis desde un punto de vista que algunos consideraran menor, pero que es totalmente válido. Máxime cuando ahora, después de las elucubraciones más disparatadas nos toca a todos, y de forma muy especial y urgente, al Govern volver a la realidad.
Y la realidad es que la pobreza se ha disparado en Cataluña de forma exponencial. A día de hoy, el 21,9% de los catalanes viven con rentas inferiores al umbral de la pobreza y el 28% de los niños viven en familias pobres. La realidad es que CiU en la legislatura anterior sólo ha cumplió una de sus promesas electorales: eliminar el impuesto de sucesiones. Los nacionalistas catalanes aseguraron en la campaña electoral que reducirían el paro a la mitad en cuatro años, pues bien, en dos años aumentó de 686.000 a 843.000 personas. Se propuso una sustancial rebaja del fracaso escolar, que en 2009 era del 29%, ahora se ha quedado en el 26%. Asimismo, en estos 21 meses, los empleados públicos han visto reducido su salario entre el 5% y el 15%. En sanidad han aumentado las listas de espera en un 43%. La renta mínima de inserción (último recurso de cohesión social), se ha retirado a 7.127 familias que antes de reformar las condiciones de recepción la recibían.
Y todo esto, sin tener en cuenta otros asuntos, no menores, como la supuesta corrupción de altos cargos de la Diputación de Barcelona, el caso Palau, los presuntos amaños en los concursos de las estaciones de ITV o la posible corrupción en la sanidad, entre otras minucias.
Esa es la realidad que deberá afrontar Artur Mas cuando vuelva a ser investido presidente de la Generalitat. Los nacionalistas catalanes, que tanto criticaron la herencia recibida del tripartito, ahora, -paradojas de la vida- deberán gestionar su propia herencia, con más paro, menos prestaciones sociales, más listas de espera, mucho más déficit y una alargada y espesa sombra de corrupción. En definitiva, infinitamente peor que la recibida dos años atrás.
Tras la debacle electoral Artur Mas ha de encontrar un socio que de estabilidad a su Gobierno, algo que parece, en principio imposible: “CiU necesita que ERC, PSC o PP, uno de los tres, voten a favor de la investidura de Mas, que no saldría elegido si los tres se abstienen”. Ha comentado un prestigioso cronista político.
En estas circunstancias, si Mas exhibe la zanahoria del referéndum es posible que consiga que los republicanos voten su investidura. Otra cosa será ver quien da soporte a los presupuestos, si los nacionalistas persisten en su política económica y de recortes sociales. Además, por si no hubiera bastante, el portavoz del Gobierno en funciones, Francesc Homs, ya ha anunciado un nuevo recorte para el próximo ejercicio de 4.000 millones de euros.
En estas circunstancias cualquier cosa es posible y otras elecciones para el próximo año no se deberían descartar.
Bernardo Fernández
Publicado en La voz de Barcelona 02/12/12
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