Han sido necesarios 43 años y 829 victimas mortales para que ETA entendiera que la violencia es un callejón sin salida. El pasado 20 de octubre, a través del diario Egara, la banda anunció el “cese definitivo de la actividad armada” sin poner condiciones. Gran noticia sin duda. Pero eso no significa que el problema haya desaparecido.
Los principales partidos políticos hicieron bien en no incluir el tema del terrorismo en las agendas de la reciente campaña electoral. No obstante, eso no significa que los dirigentes y sus equipos no se hayan ocupado, durante ese tiempo, de la cuestión. Pero hay que admitir que han acertado plenamente dejando el camino expedito al Gobierno salido de las urnas para que dibuje la hoja de ruta y tome las decisiones. Al fin y al cabo para eso lo han escogido los ciudadanos, aunque conviene no olvidar que en un asunto de la envergadura de éste, todos tienen un papel y cada cual debe desempeñar su rol.
Para empezar, Mariano Rajoy deberá mostrar su talla de líder político y meter en cintura al ala dura de su partido y a los vocingleros que con frecuencia le acompañan. Gente como Francisco Alcaraz o Carlos Esteban, entre otros, deberían hacer mutis por el foro, es la hora de la política y no de las alharacas. Por su parte, los partidos del ámbito vasco con el lendakari al frente habrían de facilitar el tránsito a una situación diferente. Y para que eso sea posible el Gobierno deberá mover ficha, ya que la política penitenciaria es la pieza clave de todo este puzle. Pero hay que tener muy claro que lo que se haga, se ha de hacer de tal manera que las víctimas no se sientan ofendidas por movimientos poco evaluados en le proceso de reinserción. Y en ese sentido la prisa siempre ha sido mala consejera.
El Ejecutivo no puede hacer oídos sordos a lo que demanda una buena parte de sociedad vasca. Para muestra la manifestación del pasado 7 de enero en Bilbao. Tampoco debería ignorar las recomendaciones de los expertos internacionales en materia terrorista. En consecuencia, se debe ir pensado en tomar decisiones sobre la política de prisiones. Habrá que ver como se gestionan los beneficios penitenciarios. Si se continúa con la dispersión o se llevan a cabo traslados a Euskadi y Navarra. También habrá que decidir si los acercamientos son selectivos o generalizados o si los presos enfermos de gravedad cumplen condena en su domicilio, como, de hecho, ya ha sucedido en alguna ocasión.
Todas estas iniciativas y alguna otra, podrían estar incardinadas en un proceso que suprimiría el tratamiento especial a los presos de ETA y que sería la respuesta política al anuncio de abandono de las armas. Así se les podrían aplicar criterios de beneficios penitenciarios similares a los de los presos comunes.
A la vez, ETA y su entorno no puede ignorar el dolor que han causado a lo largo de su historia. Por eso se impone el reconocimiento explícito del daño causado y la necesidad de pedir perdón a las víctimas. De ese modo, se abrirán nuevos cauces para que el Gobierno tome medidas. Asuntos como la legalización de Sortu (partido de izquierda abertzale) que está en manos del Tribunal Constitucional, serán más fáciles de solventar.
Asimismo, los recursos que, en su día, presentaron los abogados de Arnaldo Otegi pueden prosperar con relativa facilidad puesto que resulta difícil sostener su pertenencia a banda armada, cuando ésta ha hecho público su abandono de la violencia.
A pesar de que la amnistía no está contemplada en la Constitución, es evidente que en este campo hay mucho camino por recorrer. Por eso, más adelante podría pensarse en conceder determinados indultos. También, aquellos presos que han cumplido la mitad de la condena podrían ver reducida su pena en cuatro meses por año. Y en algún momento, -y que nadie se rasgue las vestiduras- habrá que ver como se realiza la reintegración de los huidos y como se reincorporan, los que estén en disposición de hacerlo, al mercado laboral.
Sé que lo que lo que he escrito puede resultar muy duro para muchas personas. Tiempo al tiempo. Estoy convencido de que ese es el camino y no hay otro. Ahora bien, para que sea posible, son necesarias dos premisas. Por una parte que la izquierda abertzale y ETA reconozcan el daño causado. Y por otra que haya voluntad política para acabar definitivamente con el tema. Es difícil, pero no imposible.
Bernardo Fernández
Publicado en La Voz de Barcelona 11/0112
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