24 de març 2011

HIPOTECARSE DE POR VIDA


La imagen del ciudadano que entrega sus llaves para liquidar la hipoteca ha sido habitual en EEUU en estos últimos tiempos. En cambio en España la legislación permite a la banca pedir el embargo judicial de la vivienda de los morosos y continuar después con la cuenta bancaria, los sueldos y otros bienes de los hipotecados. Según los banqueros estas garantías legales han permitido en nuestro país el acceso a la vivienda en propiedad de muchas personas a diferencia de otros países de nuestro entorno en los que el alquiler es mucho más habitual.

Hace pocas semanas La Audiencia Provincial de Navarra dictaba un auto en el que se consideraba que devolver al banco el piso hipotecado es suficiente para saldar la deuda. Incluso aunque la última tasación sea inferior a lo que se deba. De igual manera, otro auto dictado recientemente por el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona corrobora esa visión. Es cierto que la justicia tiene sus cadencias y que para sentar jurisprudencia son necesarias dos sentencias similares del Tribunal Supremo, pero tal y como están las cosas no nos debería sorprender que sentencias como las mencionadas se repitan con cierta frecuencia. Según el Consejo General del Poder Judicial en el año 2010 se embargaron en España 180.000 viviendas.

Ante esta situación varias plataformas de consumidores, asociaciones de vecinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca preparan desde hace tiempo una Iniciativa Legislativa Popular para que la entrega del piso liquide la hipoteca pendiente en caso de impago (lo que se denomina ‘dación en pago'). Se trata de un movimiento que ahora ha cogido un nuevo impulso ya que los promotores de la ILP tienen previsto iniciar en breve una recogida de firmas para llevarla al Congreso. Se necesitan medio millón para que pueda ser admitida a trámite.
Se trata de modificar el artículo 693 de la ley de enjuiciamiento civil añadiendo que el cliente de una hipoteca impagada puede decidir antes de que se ejecute la subasta del piso, entregarlo a la entidad financiera y que de esta forma se liquide la hipoteca pendiente. Los impulsores de la ILP también pretenden que esta dación en pago tenga efectos retroactivos.
Tienen razón los bancos cuando dicen que los ciudadanos que firman una hipoteca son mayores de edad y responsables de sus actos. Ahora bien, no es menos cierto que no han sido ellos los que han tasado los pisos ni los responsables de conceder el 120% del valor tasado. Desde 2007 ha habido 320.000 ejecuciones hipotecarias en nuestro país. Demasiadas. No se trata de provocar ni indefensión ni inseguridad jurídica, pero si es necesaria la equidad, de lo contrario se pone en riesgo la cohesión social. Y eso siempre es un mal negocio.

Bernardo Fernández
Publicado en ABC 23/03/2010