03 de gener 2011

PENSIONES, EL SISTEMA CUESTIONADO


Años atrás no pocos entrenadores de fútbol y con ellos muchos aficionados, eran de la opinión de que mientras un equipo ganara no había que cambiar la alineación. Es evidente que el actual Gobierno de España no comparte esa filosofía, ya que gozamos de uno de los mejores sistemas de pensiones públicas del mundo, puesto que los números así lo atestiguan y, a pesar de eso, el ejecutivo está empeñado en reformar el sistema.

Los ingresos por cotizaciones superaran este año de 2010 los 107.000 millones de euros, con unos 11.000 millones de superávit y el Fondo de Reserva está por encima de los 60.000 millones. No obstante, aún no hace un año que el Gobierno sorprendió a tirios y troyanos al anunciar la reforma de nuestro sistema público de pensiones. Una reforma que nada tiene que ver ni con la crisis ni con las medidas de ajuste para hacerla frente. Pero es que, además, los expertos opinan que nuestras pensiones públicas gozan de buena salud, como mínimo hasta 2030. ¿A qué viene pues esa urgencia por reformar? Máxime cuando todo anda tan revuelto como ahora. A veces, se tiene la sensación que el gobierno ha olvidado que quien vota son los ciudadanos y no los mercados.

Esta semana se aprobará en el Congreso una resolución del Pacto de Toledo que, entre otras medidas, propone ampliar el cálculo de la base reguladora para calcular una pensión. A priori parece una iniciativa acertada. De todos modos, la patata caliente de alargar la edad jubilación se la pasarán al gobierno que será quien en última instancia tendrá que tomar la decisión más impopular: elevar la edad de jubilación a los 67años. Es verdad que el presidente del Gobierno ha manifestado que la medida irá acompañada de factores de flexibilidad. Ahora bien, se debería tener muy presente que un buen sistema de pensiones públicas ha de ser lo suficiente flexible para garantizar a los trabajadores una pensión digna en tiempo y en forma y simultáneamente se deberían activar los incentivos pertinentes para que un buen número de asalariados sigan en la brecha por más tiempo del estrictamente obligatorio.

Es evidente que una de los obligaciones de cualquier gobernante es prever situaciones futuras, y desde ese punto de vista el gobierno de España está haciendo lo deberes de forma correcta. A pesar de eso y admitiendo como punto de partida que hay que reformar el sistema público de pensiones, se pueden y deben plantear algunas alternativas. En cualquier caso, es imprescindible que los cambios se acometan con consenso, desde el acuerdo más amplio posible, explicándoselos a la ciudadanía y sobre todo con paz social que bastante vapuleada está ya la clase trabajadora como para poner las cosas más difíciles de lo que ya lo están.

Bernardo Fernández
Publicado en ABC 29/12/2010