Los sistemas públicos de pensiones son una de las bases del Estado del Bienestar. Desde los años ochenta (de sigloXX), su privatización ha sido uno de los principales objetivos de las políticas neoliberales y de las principales instituciones económicas y, lo que es peor, a menudo con el apoyo de los gobiernos, muchas veces prescindiendo de su orientación ideológica.
Cabe recordar que el sistema de pensiones públicas se inició en Alemania con Otto von Bismarck (canciller entre 1877 y 1890), aunque no fue hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, en Gran Bretaña y con un gobierno laborista, cuando se consolidaron de forma definitiva. Aún así, sistemas de economía planificada, como Rusia y los países de la órbita soviética, también pueden considerarse embriones del actual sistema, pues en ellos se cubrían las necesidades de las personas mayores desde el sector público.
Es decir, en Europa ha existido un sistema de carácter público y obligatorio de pensiones para los trabajadores desde los inicios del siglo XX. Por otra parte, en Estados Unidos, fue Franklin D. Roosvelt quien, en los años treinta, estableció unas pensiones de vejez sobre la base de las cotizaciones salariales, aunque muy diferentes a las europeas; el sistema americano estaba basado en el principio del seguro, es decir, dejando los beneficios limitados a la correlación con las aportaciones realizadas mediante el trabajo, y gestionadas por entidades financieras privadas.
A finales de los años 70 y principios de los 80, se empiezan a implantar con fuerza las estrategias neoliberales, que llegaron de la mano de destacados economistas como Milton Friedman. De forma casi simultánea se empiezan a cuestionar los sistemas públicos de pensiones. En concreto, en España, fue en el año 1989 cuando se aprobó la ley que permitía la creación de pensiones privadas, prohibidas hasta entonces. La OCDE diagnosticaba, poco tiempo después, que los países industrializados no podrían hacer frente, en un futuro más o menos inmediato, al pago de las pensiones por el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la esperanza de vida. Aún con estos primeros avisos privatizadores, el ataque frontal más fuerte a los sistemas públicos de pensiones se produjo en el año 1994 cuando el Banco Mundial hizo público un informe titulado Adverting the Old Age Crisis (Evitando la crisis de la Vejez) que justificaba, y defendía, los sistemas privados de pensiones.
Sin embargo, todas las predicciones hechas hasta ahora sobre el particular tienen el mismo núcleo duro en su argumentación: el aumento de la esperanza de vida de la ciudadanía. Las corrientes neoliberales y las entidades financieras advierten que, de seguir en esta línea de aumento del número de pensionistas, el sistema devendrá insostenible, dentro de relativamente poco tiempo, puesto que al crecer el número de beneficiarios decrecerá el número de cotizantes y, como consecuencia, los gastos de la Seguridad Social serán superiores a los ingresos. La solución a dicho problema la encuentran mediante la proliferación de aseguradoras privadas y eliminando, o reduciendo, el sistema público a su mínima expresión. La base de esta propuesta consiste en lo que se denomina la capacitación individual, y se trata de que cada persona tenga su propia póliza de seguro privado y, llegado el momento, recobre aquello que en su día ingresó con los correspondientes intereses que se hubieran generado.
De no suceder ningún imprevisto, a finales de este mes de mayo el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá sobre la mesa un informe elaborado por un grupo de expertos que ha de ser la base para llevar a cabo una nueva reforma del sistema de pensiones. El eje vertebrador de ese estudio será el denominado factor de sostenibilidad. En realidad, se trata de cambiar los criterios de ajuste de las pensiones y que el IPC deje de ser referencia.
Según parece, en el mencionado documento se pretende que ese factor de sostenibilidad se aplique tanto a los jubilados presentes como a los futuros, también se plantea exigir más tiempo de cotización para cobrar la totalidad de la pensión y alargar la edad de jubilación más allá de lo 67 años. La pretensión es clara: si la reforma se plantea sólo para las pensiones futuras el ahorro a corto plazo sería escaso. Por el contrario, si se aplica de a las jubilaciones existentes se reduce el gasto de forma considerable y, además, de manera inmediata.
Rafael Doménech, economista jefe para economías desarrolladas del BBVA y uno de los doce expertos designados por el Gobierno para asesorarle en la nueva reforma de las pensiones, considera que el factor de sostenibilidad será una nueva vuelta de tuerca para “asegurar el equilibrio financiero de la Seguridad Social a lo largo del ciclo económico” y recoger el “efecto de envejecimiento de la población”.
Existe la idea muy extendida de que las dificultades de los sistemas de pensiones provienen casi exclusivamente de la demografía. Es cierto que vivimos más años y es muy probable que la esperanza de vida siga aumentando. Ahora bien, ¿qué sociedad es la nuestra, que puede transformar uno de los mayores logros de la humanidad en un problema? Es evidente que se pueden plantear diversas formas de distribuir el tiempo del que dispondremos ¿Cuánto vamos a dedicar a trabajar más y cuánto a ocio, a la familia, a la colectividad o al enriquecimiento personal? Es una cuestión importante y, por tanto, merece un debate en la sociedad para contrastar preferencias individuales, repercusiones sociales y conocer los costes de las diferentes opciones. A la vez, se debería considerar el derecho a la libertad de cada cual para poder decidir si se continua o no trabajando después de una edad determinada.
El retraso obligatorio de la edad de jubilación puede ser una medida injusta, y además engañosa, porque sus efectos sobre el déficit son bastante limitados. Por otra parte, hasta ahora los mercados no han reaccionado como se esperaba ante las medidas de ajuste. En consecuencia, resulta poco creíble que ante el anuncio de que nos vamos a jubilar más tarde se aplaque la furia de los especuladores.
Nada justifica la urgencia de esta nueva reforma de nuestro sistema público de pensiones. Por tanto, lo primero que se debería hacer es un debate profundo, sereno y transparente, sin engaños ni medias verdades, buscando el acuerdo social. Haciéndolo de otro modo, lo más probable es que se genere inquietud en la ciudadanía, se denigre el sistema y se socave su credibilidad. Y sinceramente, así no.
Bernardo Fernández
Publicado en La Voz de Barcelona 17/05/13
