Con este paisaje de fondo, no faltan los apóstoles del liberalismo a ultranza que se afanan en anunciar la insostenibilidad del Estado del bienestar. Así por ejemplo, para Durán i Lleida (Portavoz de CiU en el Congreso) “el Estado del Bienestar en sus actuales términos es insostenible”. En la misma línea se ha pronunciado en más de una ocasión Boi Ruiz (Consejero de Sanidad de la Generalitat), para quien “la salud es un bien privado que depende de cada ciudadano y no del Estado”. Por no hablar de Esperanza Aguirre que días atrás instaba al Gobierno a acometer recortes más drásticos en el gasto público. Estas declaraciones y otras similares, así como determinadas acciones, dan a entender que se quiere remediar la crisis con recetas liberales. De perseverar en esa idea la degradación de los derechos sociales será irreversible, y de poco valdrá que se hayan conseguido tras muchos años de lucha y conflictos.
Según el artículo 9.2 de la Constitución “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (…) sean reales y efectivas y se deberán remover los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”. Este enunciado es una copia casi literal de otras constituciones europeas a partir de las cuales se han generado las políticas de bienestar.
Una persona tiene un derecho cuando reúne los requisitos fijados por la ley que lo crea y regula tal derecho y las prestaciones correspondientes. En consecuencia, ese derecho no puede estar limitado por la existencia o no de fondos presupuestarios. En ese supuesto, no es un derecho sino una prestación graciable sujeta a la disponibilidad económica.
A base de esfuerzos y sacrificios se obtuvieron unos derechos gracias a los cuales se logró el inter clasismo social. Ahora, algunos los quieren transformar en dádivas aduciendo incapacidad económica del Estado. Mejor que ni lo sueñen. Hasta ahí podríamos llegar.
Bernardo Fernández
Publicado en ABC 08/05/2013
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