LAS 5 FASES DEL DUELO Y EL PP

La teoría de las 5 fases del duelo, de la psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, es uno de los procesos psicológicos más reconocidos en todo el mundo. Esos cinco estadios son la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, y tienen lugar en mayor o menor grado siempre que sufrimos una pérdida.

En opinión de los expertos, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de éste pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional o de la propia naturaleza de la pérdida. Las pérdidas no siempre son físicas, sino que también pueden tener un carácter abstracto.

Pues bien, a poco que observemos la polarización y bloqueo político que existe en nuestro país, nos daremos cuenta que esa situación se debe, en gran parte, al estado de ira en que se halla instalado el Partido Popular. El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez ganaba la moción de censura que había interpuesto contra Mariano Rajoy. Ese giro en el guion político dejó tan descolocados a los líderes del PP que 5 años después aún siguen sin brújula y sin norte.

En un principio, negaron las evidencias y quisieron quitarle toda la legitimidad democrática a aquel hecho, pensando que aquello sería muy similar a una tormenta de verano. Sin embargo, cuando comprendieron que lo de Sánchez iba en serio montaron en cólera y entraron en la fase que en la teoría sobre el duelo, de la psicóloga Kübler-Ross, califica de ira y ahí siguen.

Hemos visto como, tras la investidura de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo ha remodelado buena parte de su equipo para dar la batalla en esta legislatura que acaba de comenzar. La cuestión es que leer la lista de los nombres que van a ser la voz de los populares en el partido y en las instituciones no invita a la tranquilidad, más bien todo lo contrario: pone los pelos de punta.

Alberto Núñez Feijóo, “político de perfil moderado” —decían sus acólitos—, llegó al liderazgo del PP, en abril de 2022, con la promesa de “sacar la política española del enfrentamiento, de la hipérbole permanente” . Sin embargo, los hechos están desmintiendo las palabras, porque a la a la hora de renovar las caras más visibles del grupo parlamentario, ha situado al frente del mismo a auténticos hooligans de la política. Es el caso del nuevo portavoz, Miguel Tellado, un personaje para quién Pedro Sánchez “debería irse de este país en el maletero de un coche” . No obstante, Miguel Tellado no es el único perfil duro que ha nombrado el presidente popular en la remodelación orgánica , Feijóo se ha situado, también, como portavoces adjuntos a Cayetana Álvarez de Toledo, a Rafael Hernando y al exdiputado de UPN Sergio Sayas, individuos que se identifican sin complejos con el ala más dura del PP. Por si alguien tenía alguna duda, que los diputados de ese perfil sean el núcleo duro del PP en el Congreso, da una idea bastante ajustada de cómo puede ser   de tensa y bronca esta legislatura que no ha hecho más que empezar.

Sé que en estos momentos voy contracorriente, pero, en mi opinión, sería un gran acierto político y, sobre todo, un beneficio para la ciudadanía que el PP se despojase de viejos perjuicios y aceptase con naturalidad las nuevas realidades que nos han tocado vivir. Que gobierne la izquierda no es una anomalía como piensan los reaccionarios. Lo que es una anomalía es que dos partidos que, atesoran dos de cada tres votos emitidos, sean incapaces de sentarse a negociar por el interés de los ciudadanos que representan. Cuestiones como, por ejemplo, la inaplazable renovación del Consejo General del poder Judicial, una Ley de Educación, un Plan de Vivienda, la reforma del Senado o la renovación del sistema de financiación autonómico son asuntos, de la suficiente enjundia, como para que los dos grandes partidos dejen de mirarse de reojo y se sienten a dialogar con la voluntad de llegar a acuerdos estables y duraderos.

Porque mientras eso no ocurre, las minorías, con escasa representatividad social y parlamentaria, son las que marcarán el paso de la legislatura y el ritmo de las iniciativas políticas. En el pleno del Congreso de esta semana ya se ha podido constatar la poca confiabilidad de algunos socios de investidura.

Según la teoría de las 5 fases a la que me refirió al principio, el fin de la negación (primera fase) va asociado a sentimientos de frustración y de impotencia con respecto a la propia capacidad de modificar las consecuencias de la pérdida. Dicha frustración conlleva, a su vez, la aparición del enfado y de la ira. En esa etapa de ira la persona (léase aquí organización política) busca atribuir la culpa de la pérdida a algún factor, normalmente externo. Sería en alivio para todos y un gran avance para la convivencia que los populares superan esa fase sicológica en que están atrapados, salieran de su empecinamiento y entraran en el ámbito de la negociación. Es decir, dialogar, negociar y pactar. El día que eso suceda todos saldremos ganando y la política, en nuestro país, habrá entrado en una etapa de normalidad.

Y esa, sin duda, sería una gran noticia.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 11/01/2024

 

SENTIDO COMÚN, POR FAVOR

 

El tiempo suele poner las cosas en su lugar. Por eso ahora, cuando ya han pasado seis años largos del aciago otoño de 2017, podemos ver con más nitidez, si cabe, el gran disparate que fue el procés.

Algunos pensaban que, tras el fiasco, los líderes independentistas habrían aprendido la lección y, sin renunciar a su ideología, estarían reconduciendo sus planteamientos a posiciones más pragmáticas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Constatamos, no sin cierta tristeza y mucha indignación, que esa gente son de la opinión de “sostenella y no enmendalla” y su soberbia y supremacismo no tienen límites.

Veamos algunos ejemplos que ilustran esta afirmación:

Hace poco más de una semana se publicó el último informe PISA; en el mismo se retrata el fracaso escolar en Cataluña. En un primer momento, el Govern señaló como motivo la sobrerrepresentación de alumnos extranjeros en la prueba. Pero el aluvión de críticas recibido, tanto de los partidos de la oposición como de la comunidad educativa forzó a que el Ejecutivo rectificase, aunque sin asumir ninguna responsabilidad ni plantear, hasta el momento, medidas de choque.

Esa falta de autocrítica ha molestado a las familias, hasta el punto que la AFFAC, la federación de asociaciones de familias de alumnos más grande de Cataluña, emitió un comunicado en el que “lamentan la falta de autocrítica y de propuestas concretas de la consejera d’Educación, Anna Simó”. Y consideran “intolerable” la utilización de los alumnos inmigrantes para justificar los malos resultados del sistema educativo catalán. Igualmente, consideran “indignante” la carta que Anna Simó ha enviado a las familias pidiendo que se hagan corresponsables del éxito educativo en Cataluña”.

Pero, por desgracia, ahí no acaba la estulticia de este Govern: La consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat, Natàlia Mas  no asistió al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebró el lunes 11 de diciembre en Madrid. La mencionada señora consideró innecesaria su participación en la reunión convocada por el Ministerio de Hacienda, toda vez que “no es un órgano de debate”.

Otro de los motivos para justificar la ausencia es que la Generalitat y el Gobierno “ya tienen abierta una negociación para una financiación singular de Cataluña” que, según las mismas fuentes, empezará en el primer trimestre de 2024. Algo que posteriormente desmintió categóricamente la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Pero es que la consejera de la Generalitat y su gabinete deberían saber los catalanes merecemos estar siempre representados allí donde se hable de cosas que nos atañen.

Sin solución de continuidad, el consejero de Acción Climática, David Mascot, sorprendía a todo el mundo al anunciar algunas de las restricciones que sufrirá Cataluña, a partir de enero, de persistir la sequía. La prohibición más llamativa era la de no permitir a la gente ducharse en instalaciones deportivas. (?) Horas después, el propio Govern daba marcha atrás y matizaba algunos aspectos de esta restricción. Sobran los comentarios.

Pero hay mucho más: El mismo día que en el Congreso empezaba la tramitación de la ley de amnistía, el president Pere Aragonés publicaba, en el diario británico Financial Times, un artículo en el que pedía a Pedro Sánchez valentía para pactar un referéndum de autodeterminación, a la vez que dejaba claro que se aseguraría de que el PSOE cumple todos sus compromisos.

Tan inoportuno fue el artículo que la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, poco sospechosa de españolismo, advirtió a Aragonès, de que la convocatoria de una eventual consulta de autodeterminación es un asunto “serio” que debe ir precedida de un debate “sereno”, ya que, en su opinión, “las prisas son malas consejeras en esta cuestión”.

Y seguimos: La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, con la elegancia y fina oratoria que la caracteriza, no se anduvo con rodeos y en su intervención en el pleno del Congreso y calificó al expresidente del Supremo Carlos Lesmes, al presidente de la Sala Penal del Supremo, Manuel Marchena, a Pablo Llarena, a la magistrada Carmen Lamela, y a la expresidenta de la Sala Penal de la Audiencia Nacional y actualmente magistrada del Constitucional Concepción Espejel, todos ellos jueces que tuvieron que ver con la instrucción y sentencia de la causa a los líderes del procés,  como “personas indecentes que deberían ser cesadas y juzgadas”; en mi opinión, sobran los calificativos hacia la diputada.

Pero quién volvió a tener una intervención que quedará en los anales del parlamentarismo fue Carles Puigdemont. En una interpelación en la Eurocámara, donde coincidió con Pedro Sánchez por primera vez. El expresident, en vez de tender la mano y ofrecerse a colaborar para superar la situación que estamos viviendo en Cataluña, advirtió al presidente de las consecuencias de incumplir sus promesas, “Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas. Si se dejan pasar por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables”, sin ningún género de dudas, con actitudes como las aquí descritas se tejen complicidades y se alcanzan acuerdos que sirven para mejorar la vida de los ciudadanos.

Estoy convencido que todo sería mucho más llevadero si estos señores le pusieran un poco de sentido común a su actitud. Sin embargo, la impresión que saco de todo esto es que la mayoría de líderes independentistas —salvo algunas excepciones que seguro las hay— es que, como políticos, son unos ineptos que supuran incompetencia y supremacismo por todos los poros de su piel. Algo que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña no merecemos.

Soy consciente de que esta columna levantará ampollas en determinados ambientes políticos. Lo siento. No pido que se comparta mi opinión, pero sí que se respete, porque estoy opinando de posicionamientos políticos evidentes, no de las personas, ahí no entro.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 21/12/2023

DE ASLATAR LOS CIELOS AL GRUPO MIXTO

 

Podemos se constituyó como partido político en enero de 2014. Su ascenso fue meteórico: En las elecciones europeas de ese mismo año logró 5 escaños de un total de 54, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. En pocas semanas, reunió más de 100 000 afilados, convirtiéndose en el tercer partido en número de militantes y en octubre alcanzaba el segundo lugar, con más de 200 000 inscritos. Diversos estudios demoscópicos lo situaban como el primer partido del país en intención directa de voto. Sin duda, algo muy difícil de conseguir.

Tanto Podemos como Ciudadanos sacudieron el tablero político nacional e hicieron saltar por los aires el imperfecto sistema bipartidista que venía imperando desde la Transición.  Sin embargo, la supervivencia política en nuestro país es muy difícil. Por eso ahora, cuando se van a cumplir 10 años de su constitución, los podemitas están más cerca de la irrelevancia que de asaltar los cielos. Llegaron con un discurso nuevo, directo y fresco, pero han acabado defraudando a gran parte de los que fueron sus votantes, con modos y maneras calcados de los viejos partidos.

Más acelerada, todavía, fue la descomposición de Ciudadanos que en estos momentos ya está fuera de todas las instituciones, a excepción de un reducido grupo de diputados en el Parlament de Cataluña y un par de eurodiputados que, casi con toda seguridad, no revalidarán sus respectivos escaños en las nuevas legislaturas de esas cámaras.

Ambas organizaciones, ideologías al margen, tuvieron la oportunidad de pactar para entrar en el Gobierno (Podemos en el 2015, Ciudadanos en el 2019), y llevar a la práctica las ideas que defendían para mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Sin embargo, tanto a los unos como a los otros, les pudo la ambición desmedida, equivocaron la estrategia y cometieron graves errores de cálculo, obsesionados, como estaban, en dar el sorpasso. Pero las cosas se torcieron y Podemos acabó entrando en el Ejecutivo, en buena medida para salvar los muebles, cuando el partido ya era una sombra de lo que fue. 

Pero la vida sigue y los restos del naufragio de Ciudadanos los han recogido Vox y el PP, mientras que Sumar parece que, de momento, está siendo el reemplazo, más o menos natural de la formación morada. Tendremos ocasión de comprobar la solidez de ese proyecto en las elecciones autonómicas (Galicia y Euskadi) y europeas que se celebrarán en 2024.

Desde hacía tiempo era un secreto a voces que la cúpula de Podemos y la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, hacían caminos cada vez más divergentes.  No obstante, unos y otros supieron hacer de la necesidad virtud y, más por pragmatismo que por coincidencias políticas, concurrieron juntos a las elecciones de julio de este año. Sin embargo, dejar a Podemos sin ninguna cartera ministerial y a sus 5 diputados sin cargos relevantes en el grupo parlamentario ha precipitado los acontecimientos y ha hecho estallar la crisis que, más pronto que tarde, se hubiese producido por cualquier otro desencuentro. 

Ante esa situación, los de Ione Belarra decidieron la semana pasada abandonar la coalición y pasar al grupo mixto. Los podemitas sostienen que así la formación morada ganará visibilidad, algo que habían perdido, dentro de Sumar. Ahora bien, al Gobierno no le quedará otra que abrir un nuevo frente negociador, ahí Podemos tendrá la capacidad de tensar la cuerda en determinados temas, aunque, bien es verdad, que ya han anunciado que ellos no romperán la estabilidad parlamentaria.

De todas formas, de poco le servirá a Podemos ganar visibilidad si, a la vez, se convierte en un aliado fiel del Ejecutivo. Por consiguiente, es razonable pensar que, en más de una ocasión, tensen la cuerda, la pregunta es ¿hasta dónde están dispuestos a llegar?

Seguramente, la primera prueba de fuego la tendremos en la tramitación de la ley de amnistía, que habrá empezado su andadura parlamentaria este pasado martes. Es una ley orgánica y, por lo tanto, necesita el respaldo de la mayoría absoluta del Congreso, es decir, se precisa indefectiblemente del concurso de Podemos. Si bien es verdad que, en principio, en este asunto no deberían existir inconvenientes por parte de los de Belarra, dada su conocida posición y su afinidad con los independentistas.

Otra historia pueden ser las negociaciones que se han de llevar a cabo para aprobar los Presupuestos de 2024. Ahí la batalla puede ser agria. Es muy posible que cuando llegue esa oportunidad Podemos quiera marcar perfil propio y convertirse en le defensor incuestionable de los más desfavorecidos y eso pasará por marcar cuantas más diferencias mejor con Sumar. Su objetivo ha de ser que se visualice que son ellos quienes arrancan más concesiones al Gobierno.

Así pues, me permito sugerir que nos carguemos de paciencia y estoicismo porque los rifirrafes van a menudear, por los menos, hasta las elecciones europeas de junio, luego, en función de los resultados las posiciones se pueden modificar o, por el contrario, la batalla puede ser aún más cruenta. Asaltar los cielos ya no es una opción, pero luchar por la supervivencia, aunque sea en el grupo mixto, es una necesidad.

La política, como la vida, tiene estas cosas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 14/12/2023

LA DESFACHATEZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

 

De manera habitual recibimos mucha información, a veces demasiada, Ahora mismo, cuestiones como la guerra en Ucrania, que ya forma parte de nuestro paisaje cotidiano, la compleja negociación para investir a Pedro Sánchez, las opiniones a favor o en contra de la futura Ley de amnistía o la masacre que está llevando a cabo el ejército israelí en Gaza, entre otros muchos temas, centran el interés de los medios y acaparan nuestra atención. Eso hace que, en ocasiones, otros asuntos de gran importancia nos pasen desapercibidos.

Es el caso del Informe del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la Iglesia española. 18 meses después de que el Congreso se lo encargase, el Defensor del Pueblo presentó, el pasado mes de octubre, un Informe elaborado a partir de una encuesta hecha a más de 8.000 personas y de la cual se deduce que unos 440.000 niños y/o jóvenes fueron víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia de nuestro país.

Resulta que hemos pasado de ser una excepción mundial entre los países católicos, sin casos de pederastia en la Iglesia, reconocidos oficialmente, a ser el país con el cómputo de víctimas más alto del mundo: un 1,13% de la población adulta actual ha sufrido abusos en el ámbito religioso.

Estas abrumadoras cifras, que superan las 330.000 víctimas que calculó Francia en 2021, suponen un giro copernicano tras décadas de hermetismo sobre los abusos, desde que estalló el escándalo en otros países a partir de 2002; mientras que aquí fueron años de negación y encubrimiento por parte de la Iglesia española. Hasta hace dos años se afirmaba que se conocían “cero o muy pocas” denuncias, en palabras del entonces portavoz de los obispos, Luis Argüello. Pero la investigación, sin condicionantes de algunos medios de comunicación, ha hecho aflorar las voces de cientos de víctimas, lo que finalmente forzó al Congreso en 2022 a querer saber la verdad de lo ocurrido. Todo eso, ha generado el caldo de cultivo adecuado para que el Defensor del Pueblo pudiese realizar su informe.

En principio, también deberíamos considerar como positivo que la propia Iglesia, por primera vez haya accedido a revelar datos propios, aunque incompletos y descoordinados: diócesis y órdenes admiten 1.104 casos, con 974 agresores y 1.385 víctimas (902 de órdenes y 483 de diócesis), unas cifras nuevas que son las más altas conocidas hasta ahora. Su primera admisión de cifras fue en abril de 2021 y solo ascendían a 220 casos.

Para tratar el affaire con rigor y no faltar a la verdad es justo decir que el discurso de la Conferencia Episcopal Española (CEE) sobre su gestión de los casos de pederastia ha ido variando con el tiempo:  la jerarquía eclesiástica ha pasado del negacionismo sin matices a reconocer que la Iglesia ha llegado tarde a hacer frente al problema. “Es de sabios rectificar”, dijo en cierta ocasión el actual presidente de la CEE, el cardenal Juan José Omella. En otra ocasión, tras una entrevista en Roma con el Papa, Omella admitió que las publicaciones periodísticas han ayudado a ese cambio de postura en la cúpula de la Iglesia. De ahí que, hace unos meses, encargasen a un bufete de abogados una auditoría para conocer los casos del pasado, investigar el encubrimiento y reparar a las víctimas. Declaraciones que contradicen las pronunciadas, en abril de 2019, por el entonces secretario de la Conferencia, el obispo Luis Argüello: “No realizaremos un informe. Investigaremos los casos que nos comuniquen, pero no iremos con una lupa. No hay datos. ¿Qué hacemos? ¿Coger un túnel del tiempo?”.

En opinión de un alto cargo eclesiástico, a este giro de 180 grados también se suma un cambio dentro de la CEE. “Hay un tercio de los obispos españoles, en su mayoría los más jóvenes, que sin ellos no estaríamos hablando de Cremades [despacho al que la Conferencia le ha encargado la auditoría]. Han hecho y hacen mucha presión para que la Iglesia cambie la dirección sobre cómo actuar frente a los abusos y su pasado. Era una situación que clamaba al cielo”, subraya esta fuente. Aunque bien es verdad que pese al cambio de postura, se sigue percibiendo una gran falta de transparencia.

Eran muchos los que habían puesto sus esperanzas en la convocatoria hecha por El Papa, el pasado mes de noviembre, a la CEE al completo. Así pues, unos 80 obispos se desplazaron hasta el Vaticano, convocados oficialmente para tratar el estado de los seminarios en España. Sin embargo, visto el carácter completamente excepcional de la convocatoria y la coincidencia en el tiempo con la publicación del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia española, existía la ilusión contenida de que Francisco quisiera sacar el tema a colación. Pero, lamentablemente, esas expectativas fueron solo un espejismo. En ningún momento el Papa puso el problema sobre la mesa. Tampoco se interesó por el informe que la CEE ha encargado al despacho Cremades & Calvo-Sotelo. “Ha sido un diálogo cordial y no un tirón de orejas” (…) “No ha habido ninguna mención a los abusos” (…) “Ni siquiera se ha tocado el asunto de forma colateral…”, resumió el cardenal Juan José Omella, en un encuentro con la prensa llevado a cabo tras concluir el encuentro.

De nuevo, la cúpula eclesiástica se ha puesto de perfil. La desfachatez de la CEE resulta pasmosa y muy preocupante porque más que aportar luz al escabroso problema y buscar soluciones, intentan escurrir el bulto y tirar pelotas fuera. Por eso sería muy interesante que monseñor Omella se lo explicase personalmente a los afectados. A ver ellos que opinan.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 07/12/2023

LA INFLACIÓN Y EL PODER ADQUISITIVO

Cuando el miércoles, 22 de noviembre, los miembros del Gobierno llegaron al palacio de la Moncloa encontraron sobre la mesa del Consejo de Ministros una carta personalizada del presidente del Ejecutivo. En la misma, Pedro Sánchez les instaba a actuar “con unidad, solvencia y determinación en el afán compartido de contribuir al avance social, la convivencia, la estabilidad institucional y el diálogo entre diferentes”. Y es que nadie ignora que esta legislatura recién inaugurada va ser difícil como pocas. En ese contexto, tan destructivos pueden ser los ataques de los adversarios como el teórico fuego “amigo”.

Con esa realidad como telón de fondo, Sánchez ha querido mandar un mensaje de sensatez y solvencia política y, para eso, nada mejor que poner a trabajar a todo el Gobierno en la elaboración de los Presupuestos Generales para 2024.

Y es precisamente, en esa iniciativa, donde el presidente del Ejecutivo puede encontrar el impulso necesario para pasar página, dejar atrás el complicado proceso de investidura y encarar aquellas cuestiones que de verdad ocupan y preocupan a la ciudadanía. Porque resulta que, entre otros impuestos, el IBI subirá sobre un 18% en la mayoría de pueblos y ciudades de Cataluña y la factura del agua un 11,5% en Barcelona y otros municipios del Área Metropolitana. Sin embargo, ni los salarios ni las pensiones alcanzarán, ni de lejos, esos porcentajes de aumento. Por lo tanto, es evidente que las clases medias y populares van a seguir perdiendo poder adquisitivo.

Por si eso fuera poco, un informe del Banco Central Europeo alerta de que las medidas de protección, en nuestro país, a causa de la pandemia y la guerra de Ucrania han resultado insuficientes para frenar la pérdida de poder adquisitivo de las familias más vulnerables. Han sido precisamente esas personas las que más han sufrido el impacto de la inflación. La pérdida de capacidad de compra de ese segmento de la población se sitúa por encima del 5% de la renta familiar disponible, el doble que la pérdida experimentada por las familias más adineradas, que, incluso, se han beneficiado de buena parte de las políticas puestas en marcha, como la rebaja del IVA o los subsidios a los combustibles.

Dicho de otro modo, las políticas de protección para las más débiles puestas en funcionamiento en nuestro país no tuvieron el efecto reparador deseado. Por consiguiente, es lógico pensar que  la inflación haya incidido en incrementar la desigualdad de la renta en España, uno de los países europeos que, pese a los avances de los últimos años, sigue manteniendo importantes niveles de desigualdad de renta y personas en riesgo de pobreza.

Las políticas de contingencia puestas en práctica por el Gobierno, en línea con política monetaria del Banco Central Europeo, eran necesarias pero han sido insuficientes.  No podemos pasar página y olvidar los negativos efectos distributivos de esta crisis y la necesidad de seguir insistiendo en los apoyos para las personas más vulnerables. Diversos estudios señalan como en nuestra economía, cuando llegan las vacas flacas la desigualdad crece rápidamente, pero, sin embargo, cuando vuelve la bonanza, la recuperación se produce con mucha más lentitud. En estas dos últimas crisis superpuestas (pandemia y guerra de Ucrania), la inflación ha castigado particularmente a los que se encontraban en peor situación y las medidas tomadas no han sido suficientes para mitigar ese efecto.

Con esta situación, como paisaje de fondo, el nuevo Gobierno debería considerar la conveniencia de reexaminar la decisión de retirar todas las medidas de apoyo. Quizá sería conveniente mantener aquellas que más pueden hacer por reducir la desigualdad, reforzando así el apoyo público a los hogares que más están sufriendo las consecuencias de la inflación, donde efectivamente, viene lloviendo sobre mojado desde la crisis de 2008. Es evidente que nuestra situación fiscal no está para muchas alegrías. No obstante, tenemos, en el marco de esta nueva legislatura, el tiempo suficiente para avanzar en la reforma tributaria que España necesita para dotar al sector público de los recursos necesarios para desarrollar  políticas que beneficien a todos los ciudadanos, pero, en especial, a los más desfavorecidos.

Ese sería el mejor argumento para poder digerir algunas cuestiones que, hasta el momento, han resultado, políticamente, muy indigestas.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notíces 30/11/2023

 

AHORA, CATALUÑA

En las últimas semanas, hemos estado tan pendientes de las negociaciones y acuerdos de las fuerzas políticas para investir a Pedro Sánchez que, tal vez, hemos desatendido un poco el flanco informativo catalán y, sin embargo, aquí también han ocurrido cosas. Ahora, con Sánchez de presidente, a todos los efectos, y con el Gobierno renovado es el momento de volver a una cierta normalidad, mientras la situación lo permita. 

Si en el conjunto de España han sido la extrema derecha y la derecha extrema los que han salido a la calle, primero y han provocado altercados, después; aquí, algunos de los independentistas más hiperventilados, aunque no han cortado ni calles ni avenidas, de momento, se han dedicado a hacer declaraciones, intoxicar en las redes y a lanzar manifiestos en contra de los acuerdos del PSOE con las formaciones secesionistas, de forma especial contra los pactos de los socialistas con Junts. Está claro que eso de normalizar la política no va con ellos y les va la marcha.

Es lo que ha hecho Alianza Catalana (AC) que dirige la xenófoba Silvia Orriols, actual alcaldesa de Ripoll. Ese partido considera que los acuerdos para hacer a Sánchez presidente afectan directamente la soberanía y la voluntad del pueblo de Cataluña. Para esa gente, son una claudicación y una traición flagrante al mandato del 1 de octubre. Y consideran que esos pactos no dejan de ser un convenio entre autonomistas catalanes y nacionalistas españoles.

En su hilarante manifiesto, sostienen que los partidos que durante más de una década han dicho representar la voluntad independentista mayoritaria han fracasado y han incumplido todas y cada una de sus promesas, y el pueblo de Cataluña deberá tomar el camino de la más firme determinación para liberar la patria catalana del yugo español y francés. Confieso que tras la lectura de ese esperpéntico documento me tuve que frotar los ojos para asegurarme que no estaba sufriendo una alucinación. Y, en este contexto, me gustaría que alguien me explicase cuales son las diferencias políticas sustanciales entre los firmantes de ese bodrio y los individuos que noche tras noche se han concentrado en la calle Ferraz de Madrid.  

Tampoco se ha andado por las ramas la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En su opinión los pactos son una tomadura de pelo por plantar un acuerdo político al que llaman “histórico”.

Por su parte, la eurodiputada, Clara Ponsatí, según dijo en una reciente entrevista, considera que es un “error“, la estrategia de Puigdemont. "Los que habían mantenido el estándar de resistencia ante la política represiva del Estado con el independentismo, finalmente han pensado que valía la pena dar unos votos para investir a un presidente español", sentenció Ponsatí. Ante este panorama, en su opinión hay que volver a la unilateralidad a través de "nuevas herramientas" para relanzar al movimiento. O dicho en Román paladino: a esta señora en junio de 2024 se le acaba el momio del Parlamento europeo y como adivina que ningún partido la va a querer en sus listas, ya ha empezado a caldear el ambiente para crear una nueva organización independentista que ella podría encabezar en las próximas elecciones al Parlament.

Tiempo al tiempo, pero, en el mundo del independentismo más radical hay mucho desencanto, y eso está generando un caldo de cultivo adecuado para que cuaje alguna nueva formación.

Cuando los acuerdos entre PSOE y Junts empezaron a tener carta de naturaleza, en los ambientes políticos se consideró factible que los de Puigdemont volvieran a la política institucional y, tal vez, se decidieran a ocupar el espacio de centro moderado que con la desaparición de Convergencia quedó huérfano. Sin embargo, parece que a una buena parte de sus votantes les va la marcha y bordear la legalidad. Según el barómetro trimestral del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), hecho público hace muy pocos días, el PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament, ampliando la distancia con ERC, su inmediato seguidor (ahora están empatados a 33). Los socialistas lograrían entre 39 y 45 escaños, frente a los 29 y 34 de los republicanos y los entre 19 y 24 de Junts, que sufre una acentuada caída (tiene 32). La CUP, que cuenta con 9 diputados, podría pasar a entre 4 y 8. Con estos resultados, el independentismo perdería la mayoría absoluta y en el mejor de los casos se situaría, sumando los de Junts, ERC y la CUP, a dos escaños de esa mayoría (todos juntos sumarían entre 52 y 66 escaños cuando el umbral de la mayoría se sitúa en 68). El independentismo suma actualmente 74 diputados. Es decir, a juzgar por esta encuesta, no da la sensación que el mundo independentista esté satisfecho con los acuerdos que han hecho sus dirigentes para investir a Pedro Sánchez como presidente.

Es tanto el clima de crispación que se ha generado con la investidura de Sánchez en el universo independentista que para los hooligans secesionistas Carles Puigdemont ha caído de su pedestal. Hasta el punto que ya hay quien cuestiona su liderazgo y proponen sin tapujos buscarle sustituto.

La nueva situación que generó el 23 J, era impensable hace unos pocos meses. Eso hace que exista la posibilidad de desactivar uno de los asuntos que más inestabilidad provoca en la política de nuestro país, pero, para que esa, es necesario que todos pongan de su parte y es evidente que algunos no están por la labor.    

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 23/11/2023

ESPAÑA NO SE ROMPE

 

Pedro Sánchez ha conseguido la cuadratura del círculo: amarrar 179 votos para ser investido presidente del Gobierno. Cuando hace unas semanas comenzaron las negociaciones ni los más optimistas podían soñar semejante logro. Con la investidura de Sánchez se pondrá de manifiesto que, a día de hoy, el partido socialista es el único que está capacitado para lograr mayorías transversales; a la vez que se hace evidente la soledad de los populares que han decidido unir su futuro al de la extrema derecha. Quizás porque, en realidad, ellos son derecha extrema.

No obstante, los pactos entre el PSOE y los independentistas catalanes, con la amnistía como eje vertebrador, han provocado un tsunami político que ha hecho aumentar la tensión de forma exponencial y eso, está afectando a todo el país.

Sería absurdo negar que un sector considerable de la militancia socialista se siente confundida con los documentos firmados, tanto por su poca claridad como por las concesiones hechas a los independentistas que, en opinión de algunos, son tan innecesarias como, en determinados aspectos, alejados de la realidad.

Es el caso de Felipe González; no hace todavía una semana que la Fundación que lleva su nombre difundió un video a los medios de comunicación, que luego ha corrido profusamente por las redes, en el que el expresidente argumenta de forma muy razonada los motivos que le llevan a estar en contra de la amnistía en particular y de todo el trágala que supone para el socialismo los pactos con Junts y ERC. Pero no solo eso, también lanza algún que otro mensaje a los socios de Sumar.

Tampoco el presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, que viene siendo beligerante con la amnistía desde que esa posibilidad apareció en el horizonte, se ha mordido la lengua: "Lo peor que nos puede pasar es que el ansia por gobernar se convierta en otorgarle la capacidad de decisión a Puigdemont" (…) "Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos, pero no vamos a pasar porque se haga una relectura de la Constitución Española", se puede decir más alto pero no más claro. .

De todos modos que nadie padezca porque, aunque es cierto que en el PSOE las costuras están tensionadas, el partido ni se va a romper ni van a haber escisiones, cuando llegue el momento y haya que cerrar filas se hará. Sucedió en el año 2000 con la mayoría absoluta del PP de José María Aznar que provocó la dimisión de Joaquín Almunia como secretario general. Más recientemente, en octubre de 2016, cuando Sánchez fue defenestrado como líder del partido, en un Comité Federal de triste recuerdo. Por consiguiente, estoy convencido de que el socialismo español va a permanecer unido y todos los militantes van a remar en la misma dirección.

No me atrevo a decir lo mismo de lo que pueda suceder en Junts; ahí, la exconsejera de Educación y eurodiputada, Clara Ponsatí, ve en el pacto PSOE con Junts una "humillación" (…) "Que el primer presidente de Cataluña que nos había dicho que no quería saber nada de España pacte para hacer presidente al líder del PSOE es un menosprecio a la gente que había confiado y le había protegido", ha expresado en un artículo en Vilaweb. Ponsatí sabe que esto del parlamento europeo se acaba en junio de 2024, y, tal vez, lo que busca es marcar distancias con Puigdemont e ir preparando el terreno para una nueva formación independentista. El tiempo dirá.

Pero quién está incendiado la calle y poniendo la convivencia a los pies de los caballos es el PP. Lo dijo días atrás Núñez Feijóo con absoluta claridad: “No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar. Está claro que el juego de mayorías y minorías, que es la esencia de los sistemas democráticos, los populares no lo acaban de asimilar y no lo llevan nada bien.  Por eso, han de salir a la calle para soliviantar al personal y generar, de forma totalmente irresponsable, la máxima tensión, algo que llevan haciendo desde que se atisbó la posibilidad de que Sánchez podría seguir en la Moncloa. Así, por ejemplo, el domingo pasado miles de personas se manifestaron convocadas por el Partido Popular en las 52 capitales de provincia de España, contra la amnistía y las negociaciones del PSOE para investir a Pedro Sánchez. Y para redondear el panorama Vox les hace el trabajo sucio, rodeando noche tras noche la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, enfrentándose a la policía, exaltando a Franco, cantando el Cara al sol y tratando a Pedro Sánchez de traidor, dictador y no sé cuántas lindezas más.

El ambiente está tan caldeado, gracias a la derecha extrema y a la extrema derecha que el Consejo General del poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y fiscales e, incluso, un grupo de guardias civiles de altísima graduación han salido públicamente a criticar una ley que ni siquiera ha sido registrada en el Congreso.

Todos esos colectivos, así como aquella parte de la sociedad que niegan el pan y la sal de la democracia a Pedro Sánchez para ser investido, deberían tener muy presente que el voto de un diputado de Junts, de ERC o del PNV es tan legítimo como uno del PSOE, del PP o de VOX, han sido escogidos por escrutinio popular para que nos representen. Por consiguiente, guste o no, todos valen lo mismo.

La derecha puede estar muy tranquila, a pesar de su intransigencia: España no se rompe. La cuestión de fondo es que para ellos que gobierne la izquierda es una anomalía. De ahí que cada vez que el progresismo llega al poder la bronca, por un motivo u otro, está asegurada.      

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en E notícies 16/11/2023