Corría 1997 cuando José María Aznar hizo
suya la frase “España va bien”, para proclamar que el país había entrado en una
senda de crecimiento imparable.
Una de las palancas —como se dice
ahora— para lograr aquella supuesta eclosión fue privatizar las empresas más
importantes del país, entre ellas Tabacalera, Endesa o Repsol que fueron a
parar, mayoritariamente, a manos de algunos amigos del presidente del Gobierno
de entonces. Esa iniciativa supuso unos fuertes ingresos para las arcas
públicas, pero también una considerable descapitalización del Patrimonio común
de todos los ciudadanos.
Con el tiempo, hemos aprendido de las
duras lecciones del pasado y mientras abrazábamos las reformas, descubríamos
nuevos motores de progreso. Así por ejemplo, nuestro tejido productivo, que está
más fuerte que nunca, va acompañado por la innovación bancaria, la batalla
por las energías renovables, la transformación digital y un espíritu
emprendedor revitalizado. Todo eso ha hecho que hayamos dejado de ser los
pasajeros del vagón de cola de la economía europea.
Para que una economía funcione tiene
que existir un sistema financiero sólido que la respalde y, en nuestro país,
los bancos han pasado de ser meros prestamistas a convertirse en impulsores de
la innovación y la digitalización. O dicho de otro modo: son la columna
vertebral que sostiene la inversión en tecnología, las infraestructuras y el talento.
Así pues, los profesionales
financieros se sitúan en el centro de gravedad de la trayectoria del
crecimiento de España. Sus decisiones financian industrias y generan
oportunidades. Para tener éxito, necesitan algo más que balances: requieren
datos fiables y tecnología capaz de anticipar los retos del futuro.
Nuestra historia es una historia de
resiliencia y de reinvención. Hace poco más de una década los titulares estaban
dominados por la crisis y el pesimismo. En cambio hoy, en los medios se habla de
crecimiento económico, mientras que las mejoras de la calificación crediticia por
parte de las tres principales agencias han devuelto la credibilidad y la
confianza, a la vez que han colocado de nuevo a España en el punto de mira de
los grandes inversores internacionales.
Que la actividad económica en nuestro
país va como un tiro es algo poco cuestionable. Crecemos, no solo con el mayor
dinamismo de Europa, sino, también, con más empuje y vigor que el resto de las
economías desarrolladas; los motivos hay que buscarlos en la disponibilidad de
mano de obra, la buena marcha del turismo y un precio de energía razonablemente
barato debido a la apuesta por las renovables. El gasto público y las
exportaciones han tirado de la recuperación inmediatamente posterior a la
pandemia de la Covid 19, pero ahora es el gasto interno y la inversión
empresarial movilizan al país. El producto interior bruto (PIB) creció un 3,5%
en 2024 y un 3,1% interanual en el tercer trimestre de 2025, según la última
revisión estadística, hay más de 22 millones de personas ocupadas, cifra récord
jamás alcanzada hasta ahora.
El tirón de nuestra economía en
términos macroeconómicos sorprende a los demás países y a organismos
internacionales, hasta el punto de que el Banco Central Europeo atribuye a
la fortaleza de España el que la zona euro con Alemania y Francia debilitadas,
haya podido resistir el vendaval de las guerras arancelarias, la crisis de
precios y los problemas de suministros que han afectado al continente desde el
final de la pandemia.
Con todo, los árboles no nos deberían
impedir ver el bosque. Más allá del triunfalismo de los indicadores
macroeconómicos, el hecho cierto es que muchos ciudadanos no perciben esas
mejoras en su día a día. La anterior etapa de bonanza económica acabó en
nuestro país de forma abrupta con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que
desencadenó la Gran Recesión. Por eso, ahora, existen motivos para la desconfianza.
Porque las mejoras no llegan a los
bolsillos de las clases medias y populares; también tiene mucho que ver, en el
estado de ánimo general, la crispación política y una reacción de prevención
natural tras unos años vertiginosos, de grandes shocks globales, como
la pandemia, la espiral de precios o la guerra en Ucrania.
Una mezcla de escepticismo e
incredulidad invade la calle, las redes sociales y asoma en las encuestas cuando
se habla de la buena marcha de la economía. El PIB per cápita sigue muy por
debajo de la media europea. En una encuesta de Funcas —el centro de análisis de
la Confederación de Cajas de Ahorros— del pasado junio, realizada entre 1.200
adultos, el 55% respondió que la situación económica general era peor que antes
de la pandemia y el 90% consideraba que los salarios estaban perdiendo poder
adquisitivo. Según el Termómetro ED que elabora 40DB para el diario
económico Cinco Días a partir de 6.000 entrevistados, revelaba en julio unas
expectativas estables, más cercanas al pesimismo moderado que al optimismo, un
resultado muy similar al del trimestre anterior, pese a lo positivo del ciclo y
del empleo.
Por todo ello, podemos decir que
España va bien pero con matices. Se hace necesaria una gestión progresista de
la bonanza macroeconómica para que esa prosperidad se distribuya de manera
equitativa entre todos los sectores sociales y no que las ganancias queden en
unas pocas manos. Es decir, se trata de transferir renta de las clases de mayor
nivel económico a las menos favorecidas a través de instrumentos fiscales y
otras medidas de carácter público, como pueden ser, una mayor progresividad en
el impuesto sobre la renta (IRPF), subsidios, pensiones, prestaciones por desempleo
y servicios públicos universales.
O dicho de otro modo: poner en
práctica políticas económicas, verdaderamente, socialdemócratas.
Bernardo Fernández
Publicado en CÒRTUM 08/01/2026

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