DESIGUALDAD CRÓNICA

 

Estamos inmersos en plena vorágine electoral. No obstante, y a pesar de que, casi toda la atención informativa, está centrada en el 28 M, me parece oportuno, hacer un alto en el camino y echar un vistazo a nuestro entorno socioeconómico más inmediato; creo que es la mejor manera de no perder el contacto con la realidad y tener la máxima conciencia de cómo es la sociedad de la que formamos parte.

Al fin y al cabo, que esa realidad se cronifique o evolucione, depende de forma muy notable de los resultados de los próximos comicios, de los siguientes y… de los otros, porque el Estado del bienestar es, en sí mismo, un proyecto en constante transformación. Aunque en el año 1991 el entonces líder de la derecha José María Aznar ya demostró una incuestionable sensibilidad social al escribir: “Sólo aspiran a un resurgimiento del Estado de bienestar quienes siguen deseando ese modelo dirigista”.  Han pasado más de treinta años y somos legión los que seguimos dando la batalla porque creemos en el modelo, si bien admitimos que es francamente perfectible.

La cuestión es que, para muchos expertos, el debilitamiento de la calidad de la democracia está directamente relacionado con el debilitamiento del Estado de bienestar, en esencia porque las desigualdades subsisten y en algunos casos aumentan. Hoy, la principal cuestión sociopolítica no es si el capitalismo ha de ser sustituido por otro sistema, sino si los países pueden permitirse tener pensiones, sanidad y enseñanza que sean dignas y públicas, así como prestaciones por desempleo, una educación superior que no sea prohibitiva, o todo ello es demasiado caro. A esta “utopía factible” hay que añadir un nuevo capítulo que va a modificar nuestra manera de entender la vida en los próximos años: la lucha contra la emergencia climática.

Según un reciente informe de FOESSA, Fundación ligada a Cáritas, el 29% de la población de Cataluña padece exclusión social. Y en ese “grupo”, las familias se enfrentan a situaciones muy complicadas en su vida diaria: cuatro de cada 10 no pueden mantener la temperatura de casa adecuadamente, el 40% tienen ingresos mensuales inferiores a los 1.000 euros y en casi la mitad alguno de los miembros de la familia se encuentra en paro.

Es evidente que no lo podemos fiar todo a las administraciones, pero, no cabe duda que la acción de estas puede suavizar mucho la situación de los más débiles. Así, por ejemplo, para que las familias vulnerables puedan salir del pozo de la marginalidad se han de conjugar diversos factores; el acompañamiento de los servicios sociales es uno muy importante, pero eso significa inversión.

Ciertamente, estamos viviendo tiempos difíciles para todos y las instituciones no pueden llegar a todas partes y al mismo tiempo. Todos conocemos las carencias del sistema público de salud. Sabemos que la enseñanza de nuestros pequeños anda falta de recursos tanto humanos como materiales. La vivienda es inaccesible para muchos colectivos, y no se favorece la construcción de promociones sociales.

En definitiva, faltan recursos públicos y sobra burocracia para acceder a prestaciones para atender a un familiar dependiente, acceder al IMV (Ingreso Mínimo Vital) o atender infancia vulnerable. Es evidente que el gasto público tiene límites, pero desespera la presión fiscal sobre el trabajo que es muy elevada, algo que no sucede con la especulación financiera, y, a la vez, constatamos, con demasiada frecuencia, derroche presupuestario sobre el que nadie asume responsabilidades.

Ese mismo informe de FOESSA alerta de que la desigualdad creció en 2021 más que en toda la crisis de 2008. El estudio señala la situación de los jóvenes, una generación doblemente golpeada por la crisis financiera y la pandemia, y señala que 1,45 millones de jóvenes sufren exclusión social grave.

Las consecuencias de este incremento de la desigualdad son múltiples. Para Antón Costas y Xosé Carlos Arias, según afirman en Laberintos de prosperidad (Galaxia Gutenberg), “la principal es que supone un elemento de corrosión de primer orden para el contrato social, una fuente de malestar y tensionamiento que amenaza seriamente el futuro de las sociedades avanzadas.” En efecto, es difícil separar la desigualdad de la desafección política.

Las perspectivas no son buenas.  Quienes menos tienen, tienen menos cada vez; en particular, jóvenes, mujeres, población con menor cualificación profesional y economía sumergida. Según el Banco de España, a finales de 2021 los ingresos del 10% más rico eran más de ocho veces superiores que los del 10% más pobre. La brecha se mantiene con el doble de parados en España que la media europea, mientras que la presión fiscal, según datos de Eurostat, sigue entre cinco y seis puntos por debajo del entorno.

Las consecuencias destructivas de la pandemia, así como la inflación, generada por la invasión de Rusia a Ucrania, son razones de peso para reconsiderar nuestro modelo fiscal y asumir políticamente que el único instrumento para revertir las diferencias tan abismales de la sociedad, pasa por aumentar la presión fiscal: la desigualdad crónica es hoy la lacra más dañina de nuestro tiempo. Solo los impuestos permiten potentes políticas sociales y redistributivas.

“No hay que confundir el culo con las témporas”, que diría Don Camilo José Cela y el 28 M votamos para la gobernanza de pueblos y ciudades, pero no es menos cierto que esas elecciones serán un termómetro para las generales que vendrán a finales de año; y entonces, sí, ahí estarán en juego muchas cosas, la lucha contra las desigualdades entre ellas. Y no olvidemos que se presentarán los herederos directos de aquel que escribía que el Estado del bienestar es “un modelo dirigista”.

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 15/05/2023