Hace poca más de una semana que hemos
estrenado el año y la crispación política sigue con el mismo alto voltaje que
en 2022. El año anterior se cerró con un rifirrafe más que considerable entre
Gobierno y oposición porque el PP no veía con buenos ojos los nombres de Juan
Carlos Campo y Laura Díez Bueso, designados por el Ejecutivo, para ocupar dos
plazas del Tribunal Constitucional (TC), su perfil es “obscenamente
partidista“, dijo, en una comparecencia pública, Alberto Núñez Feijóo.
Resulta que el Gobierno de coalición
acabó el año con 196 leyes aprobadas y un sinfín de decisiones tomadas. Pues
bien, es probable que se equivocase en alguna ocasión. No lo cuestionaré. No
obstante, es innegable que las iniciativas gubernamentales siempre han tenido como
objetivo mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y, en mi opinión,
acertaron en la inmensa mayoría de las veces. Los datos hablan por sí solos.
Por ejemplo, se subió el salario mínimo interprofesional a 1.000 euros, como
fruto de la reforma laboral en estos momentos hay en nuestro país más
trabajadores fijos que nunca, se ha cerrado 2022 superando los 20 millones de
afiliados a la Seguridad Social, algo que no ocurría desde 2007. Las pensiones
contributivas subirán este año 8,5% y las más bajas, no contributivas, se
pueden incrementar hasta un15%. Por otra parte, la economía española ha cerrado
2022 con un crecimiento del PIB superior al 5%, pagamos, junto con los
ciudadanos portugueses, la electricidad y el gas más baratos de la zona euro.
Además, el Gobierno ha aprobado hasta cinco paquetes de medidas para frenar la
inflación, con los cuales ha movilizado más de 30.000 millones de euros entre
rebajas de impuestos, subvenciones a los carburantes y ayudas a las familias y
empresas. Pues bien, el Partido Popular no ha dado su plácet ni a una sola de
esas medidas y esa actitud dice mucho de la catadura moral y política de Feijóo
y sus acólitos.
Ya sé que para muchos todas estas
medidas pueden resultar insuficientes y, seguramente, no les faltará razón,
pero no podemos olvidar que la política es el arte de lo posible y los recursos
no son infinitos. A la vez, deberíamos recordar que con el Gobierno del PP las
pensiones subían el 0,25%, el paro andaba sobre el 20% y el Ejecutivo de
Mariano Rajoy puso sobre la mesa 60.000 millones de euros…, para salvar a los
bancos. Eso sí, entonces un plato era un plato y un vaso un vaso cómo decía el
presidente del Ejecutivo.
Pero no quiero perder el hilo
argumental de esta columna que no es otro que la renovación de la cúpula del
Poder Judicial. Así pues, volvamos al quid
del asunto.
El Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) llevaba caducado cuatro años por el bloqueo del PP y en los últimos seis
meses ha sido el seno de una conspiración contra el Gobierno de Pedro Sánchez
para retardar todo lo posible la renovación del Tribunal Constitucional (TC).
Ese obstruccionismo ha sido posible
porque dentro del CGPJ se necesita una mayoría de tres quintos para llevar a
cabo cambios. Sin embargo, el decorado cambió cuando se supo que el Ejecutivo
estaba dispuesto a tramitar, por la vía de urgencia, una reforma legal que
eliminase esa mayoría necesaria de tres quintos y, en consecuencia, evitar los
bloqueos dentro del CGPJ.
La cuestión no es menor, porque
cuando falta menos de un año para las próximas elecciones generales que el TC
avale o no el trabajo legislativo del Gobierno puede resultar decisivo.
Sobre la mesa, el renovado TC tiene
como temas “estrella” para pronunciarse: la ley del Aborto de José Luis
Rodríguez Zapatero, las grandes leyes de la esta legislatura del Gobierno
Sánchez como la ley de Eutanasia, la ley de Educación, la ley de Protección de
la Infancia, la ley rider, el voto erróneo de un diputado del PP a la reforma
laboral o la ley del Parlament que regula el catalán en la escuela. El pleno
del TC también tiene pendiente deliberar sobre dos reformas del CGPJ
promovidas por el Gobierno para tratar de forzar su renovación. Esta reforma
auspiciada por PSOE y Unidas Podemos pretendía allanar el camino de la
renovación del Tribunal Constitucional, aunque ahora pierde buena parte de su razón
de ser una vez renovado el órgano. Asimismo, también se deberá posicionar
sobre los recursos de PP y Vox a la reforma del Código Penal que se llevó a
cabo vía enmiendas.
La vida sigue igual y la política
también; o sea, como el año pasado y es que, por lo general, los grandes
cambios no se producen de un día para otro, suelen ser lentos y progresivos. En
esta ocasión hemos de ser conscientes de que el año político ha empezado con
mucha fuerza y la crispación seguirá con mucha intensidad, la razón fundamental
es que iniciamos un nuevo ciclo electoral y eso significa que vamos a vivir una
etapa marcada por la confrontación. No hay que asustarse, forma parte del juego
democrático. Lo que hemos de exigir es que se respeten las normas, si todo el
mundo se comporta no hay nada que temer.
Esa es la cuestión: que todo el mundo
sepa dónde están los límites y los acepte.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 09/01/2023
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