IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA O NO

 No sé si el conflicto entre Cataluña y España llegará a solventarse algún día. Admito que en ese terreno soy muy orteguiano, y aunque me gustaría equivocarme, pienso que es una cuestión irresoluble. Creo, como dijo Ortega y Gasset que “el problema catalán lo hemos de conllevar”. Eso no significa que se tenga que eliminar a disminuir la tensión ya buscar puntos de encuentro que conviertan el asunto en algo más minoritario mejor. 

En este contexto, a Pedro Sánchez se le puede criticar muchas cosas, pero, desde luego, nadie podrá decir que le ha faltado coraje o iniciativa para encarrilar la cuestión catalana. Ahí están, si no, la mesa de diálogo, entre el Gobierno central y el autonómico, los indultos a los líderes del proceso y ahora la supresión del delito de sedición de nuestro código penal. ¿Qué se ha hecho en el otro lado? Nada. Ni siquiera constituyen una mesa de diálogo entre los partidos catalanes.

Fue el pasado jueves, en una entrevista televisada, cuando el presidente Sánchez anunció la supresión del delito de sedición en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho y hecho, al día siguiente, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos registraron una proposición de ley en el registro del Congreso de los Diputados para   eliminar el mencionado delito del Código Penal  y crear, de forma simultánea, un nuevo delito de desórdenes públicos agravados. Se trata de   homologar nuestro Código al entorno europeo. Ahora bien, a nadie se le escapa, ni el presidente lo ha pretendido,  que esto es una inequívoca iniciativa política, como lo fueron los indultos a los líderes del proceso, para resolver el conflicto en Cataluña —el “contencioso vivido en 2017”, como lo llamó Sánchez en la entrevista en La Sexta—, incluso asumiendo que pueda tener coste político en el conjunto de España, porque el resultado, sostienen desde el Ejecutivo, vale la pena.

Como no podía ser de otro modo se ha abierto la caja de los truenos.  Las opiniones, a favor y en contra, han sido cuantiosas y, aunque la prudencia aconseja esperar al trámite parlamentario para saber cómo queda la ley, se pueden avanzar algunas cuestiones. Por ejemplo, hay quien dice que esta proposición de ley se ha hecho para favorecer a Oriol Junqueras, el hecho cierto es que, como muy pronto, Junqueras no estará habilitado hasta 2026 porque el delito de malversación no está previsto que se toque. Otra cuestión susceptible de polémica es como quedarán Puigdemont y los otros fugados y que según expertos juristas han de responder ante la justicia y se enfrentan a penas de cárcel e inhabilitación relativamente altas, aunque inferiores a las de los líderes juzgados y condenados por sedición.

Seguro que no descubro nada, si digo que quien ha puesto el grito en el cielo ha sido el Partido Popular (curiosamente, aunque en teoría por motivos muy distintos, esta iniciativa la rechazan por igual el PP, la CUP y Junts). A Alberto Núñez Feijóo le ha faltado el tiempo para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Siento tener razón en que Sánchez pone siempre su interés político por encima del de España. Es una irresponsabilidad histórica corregir el trabajo del Supremo de la mano de los condenados y una gran ingenuidad porque el independentismo nunca, jamás, se conforme”, escribió Feijóo en su cuenta de Twitter. Por su parte, Ciudadanos ya ha pedido al líder del PP que presente una moción de censura, pero los populares, de momento no se han pronunciado sobre esa propuesta.

No se puede negar que es una iniciativa arriesgada, y el tiempo, como sucedió con los indultos, nos dirá si ha sido acertada o no. En el mismo PSOE se han elevado las voces discrepantes. Los presidentes autonómicos Emiliano García-Page y Javier Lamban que pertenecen al ala más jacobina del partido han mostrado su desacuerdo con la medida. Tiene su lógica, en mayo hay elecciones autonómicas en sus comunidades y temen que eso les afecta.

Sin embargo, y eso es lo fundamental, el CIS nos dice que el conflicto catalán como problema español ha pasado de ser la cuarta preocupación en el otoño del 2017 (la primera para uno de cada cuatro españoles), a difuminarse a partir del 2020 ( con un 1% de menciones). Eso sí, tras un momentáneo repunte en diciembre del 2019 -tras la sentencia del Supremo-, cuando se situó como octavo problema y primera preocupación para uno de cada diez ciudadanos.

Pero si hacemos la lectura en clave catalana y tomamos como referencia los datos que nos facilitan el CEO y el ICPS el respaldo a la independencia dibuja una línea muy en sintonía con la intensidad de los acontecimientos. El beneplácito al secesionismo se impone con claridad a partir del 2017 y empieza a perder combustible en junio del año siguiente, tras el relevo en el Gobierno central. De hecho, el rechazo a la secesión ya es mayoritario desde julio del 2019, después de la victoria electoral del PSOE, y solo registra una leve inflexión tras la sentencia de noviembre de ese año, cuando entre recobrar y contrarios a la ruptura con España se producir un empate técnico.

En cambio, la ventaja de los opuestos a la secesión se acentúa a partir de mediados del 2020 y, salvo algún bache puntual, se consolida entre 8 y 11 puntos a partir de los indultos del 2021. Y esta misma evolución se ve confirmada en las Preferencias sobre la relación entre Catalunya y España.

En síntesis, considero que estos datos son lo bastante elocuentes como para pensar que el presidente Sánchez está acertando en su política de reencuentro y, aunque esto suponga algún que otro traspié electoral, vale la pena intentarlo. El tiempo nos dirá si apostar por el acuerdo y la concordia es lo correcto o, bien estamos ante una irresponsabilidad histórica como dicen desde la derecha más casposa y preconstitucional.

 

Bernardo Fernandez

Publicado en e notícies 14/11/2022