En Cataluña tenemos la costumbre
de iniciar el curso político el 11 de septiembre: Diada Nacional de Cataluña.
Este año, sin embargo, antes de esa fecha ya hemos tenido algún que otro
anticipo de lo que ha de venir. Parece que el universo independentista anda
revuelto y los más hiperventilados han vuelto de las vacaciones con ganas de
marcha.
Quizás por eso, desde
la dirección de JxCat no han esperado ni que llegase septiembre, los últimos
días de agosto los post postconvergentes lanzaron un ultimátum a sus socios de
Govern, ERC, instando al president Aragonés para que en tres semanas diseñe una
nueva hoja de ruta que lleve a la independencia o… romperán la coalición,
anunciaron (?).
Fue
Jordi Turull, secretario general de Junts, el que abrió la caja de los truenos,
en su primera comparecencia ante los medios en este nuevo curso político, dijo:
“así no podemos seguir. Los acuerdos con ERC en el ámbito sectorial avanzan
bien, pero los pactos del eje nacional no funcionan y eso nos aleja, más que nos
acerca, de la independencia”.
En
Junts no han digerido que los delegados en la mesa de diálogo con el Gobierno
han de ser miembros de uno y otro Ejecutivo. Tampoco están conformes ni con las
materias que allí se debaten ni con el trato que se les da. Lamentan la falta
de unidad de JxCat y ERC en el Congreso de Diputados y en opinión de Turull, “no
existe el espacio de estrategia del independentismo que debería prepara el plan
B si no funciona la vía de negociación”; de todas formas, el secretario general
de Junts quiso cerrar su presencia ante los medios en tono conciliador y dijo:
“démonos una oportunidad para reconducir y concentremos los esfuerzos para
revertir la situación”, pero el órdago ya estaba sobre la mesa. Luego, a lo
largo de la semana, se ha dedicado a hacer un tour por los medios de
comunicación afines para cargar contra los republicanos.
También desde Junts
pidieron a la mesa del Parlament que reconsidere el cese de Laura Borrás como
diputada de la Cámara. Por eso, la presidenta en funciones, Alba Vergés, reunió
a ese órgano de dirección del Parlament de Cataluña y, como no podía ser de
otra manera, se ratificó en su decisión. La Mesa ha rechazó
la admisión a trámite de la petición de reconsideración presentada por Junts.
Los dos miembros de ERC, los otros dos del PSC y el representante de la CUP
impusieron su criterio sobre el de Aurora Madaula, la única diputada de Junts
en el órgano rector de la Cámara tras la suspensión de los derechos y las
obligaciones de Borràs decidida en julio, después de la apertura de juicio oral
por presuntos delitos relacionados con la corrupción.
Y
claro, todo esto es más combustible para la guerra indisimulada, en la que
desde el minuto uno de esta legislatura andan enzarzados Junts y ERC.
Por
si no teníamos bastante, se ha hecho público un dictamen de El Comité de
Derechos Humanos de la ONU, según el cual España violó los derechos políticos de
algunos de los líderes independentistas. El mencionado informe critica la falta
de claridad en las medidas tomadas contra los líderes del procés antes de la
sentencia.
Como no podía ser de otra manera, el secesionismo se ha venido arriba y
menos bonito al Estado español y a su justicia le han dicho de todo. No
obstante, quisiera hacer aquí dos puntualizaciones sobre el particular que me
parecen de suma importancia: La primera es que, sin entrar en el galimatías
jurídico que suponen este tipo de cuestiones, el juez, Pablo Llarena, actuó
conforme a Derecho, valiéndose de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está
vigente en nuestro país, y la segunda es que, según informa el diario digital El
Confidencial, el Govern ha dado a La Oficina del
Alto Comisionado de Naciones Unidas per los Derechos Humanos (OACNUDH), 200.000 euros, que se suman a los 290.000 de 2021 y
los 350.000 de 2020, entre otras asignaciones. Es decir, el organismo que ha
emitido ese informe ha recibido más
de un millón de euros en "aportaciones voluntarias" del Govern de las
Generalitat durante los últimos años. Solo desde 2019, la Generalitat
inyectó en esa oficina un total de 990.000 euros de manera gratuita. Hay que
contrastar esta información, pero de ser cierta, la credibilidad que merecería
el dictamen sería ínfima.
Pero, por si el ambiente no estaba suficientemente caldeado, solo ha
faltado el anuncio del president Pere Aragonés diciendo que no iría a la
manifestación que el 11 de setembre convoca la ANC. En contra partida, los
dirigentes de JxCat ya han dicho que asistirán todos. Como no podía ser de otra
manera al president le han llovido las críticas y los insultos. Su argumento
para no asistir a la marcha es porque entiende que es una convocatoria contra
los partidos (hay que suponer que independentistas) y no contra el Estado.
(SIC), y eso lo dice el que se supone que es el máximo representante del Estado
en Cataluña.
Ahí se ventila otra batalla entre JxCat y ERC. O sea, entre los que asisten
a una manifestación para reivindicar las esencia patrias y los que no.
Lo triste de la situación es que todo esto sucede cuando tenemos una guerra
en el patio trasero de Europa, Rusia acaba de suspender el suministro de gas a
toda la UE, el precio de las energías está por las nubes, la inflación anda disparada
por encima de los dos dígitos, la recesión se asoma detrás de la puerta y un
largo etcétera de contrariedades e incertezas se ciernen sobre nosotros. Pues
bien, mientras, nuestros dirigentes políticos se dedican a tirarse los platos a
la cabeza por ver quién es más independentista entre los independentistas.
Llámenme tiquismiquis si quieren, pero, con la que está cayendo, que las
personas que dirigen nuestro país se dediquen a discutir sobre martingalas
invertidas o el sexo de los ángeles, me parece más propio una panda de
irresponsables que de unos líderes políticos.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 05/09/2022
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