Nos dijeron que de la pandemia saldríamos todos juntos. Sin embargo, ese compromiso no se está cumpliendo. Desde que empezamos a dejar atrás el coronavirus, no hace todavía un año, vivimos en una incertidumbre creciente. No solo no hemos sorteado la crisis de forma equitativa, sino que las diferencias sociales se han acentuado. Tras la epidemia, como dice el poeta: “la zorra pobre ha vuelto al rosal, la zorra rica al portal y el avaro a sus divisas”;pero es que además la guerra en el Este de Europa ha venido a complicar la situación. Sus consecuencias son difíciles de predecir, y sus impactos económicos se materializan a través de diversos canales: subida de precios de materias primas (energéticas y no energéticas), inflación disparada, caída de la confianza de hogares y empresas, volatilidad de los mercados.. En este contexto, a lgunos organismos económicos ya advierten que en los 19 países que comparten el euro como moneda única, puede haber una bajada temporal del PIB que se sitúe entre el 2% y el 4%, y el Banco de España espera cerrar el año con una inflación que ande sobre el 7,5%.
En el ámbito europeo la situación es complicada. El temor a una recesión debido a que a principios del verano los inversores recelasen de nuevo de los bonos italianos y españoles. Luego, la presión se relajó tras la subida de tipos por parte del BCE. No obstante, en opinión de algunos expertos, es muy posible que el efecto empiece a diluirse a la vez que crezca el miedo a la contracción económica. Incluso el sacrosanto bono alemán está elevando su rendimiento a niveles de julio pasado.
La inquietud de los mercados está justificada. Las economías de Alemania y Francia, los dos principales motores de la eurozona, han registrado una ralentización de la actividad en el mes de agosto fuera de lo habitual. La práctica totalidad de los indicadores reflejan el empeoramiento de las perspectivas económicas y la menor propensión al consumo de los hogares, como consecuencia de la incertidumbre y de las subidas de precios. El agravamiento de la economía de la zona euro ya se refleja en el euro, que cotiza por debajo de la paridad con el dólar.
Como es natural España no es ajena a lo que sucede en su entorno y, con ese panorama, se hace necesario un pacto de rentas. El aumento del precio de las materias primas supone una pérdida de renta de nuestra economía, que se traduce en una merma de capacidad económica para todos. Desde luego de las empresas y hogares, pero también de las Administraciones Públicas. En estas circunstancias, lo razonable sería que se asumieran las pérdidas de manera equitativa, para evitar una realimentación de los incrementos de precios y costes. Una subida no pactada de precios y salarios podría provocar una pérdida de competitividad exterior, con efectos negativos tanto en el crecimiento económico como en el empleo.
En opinión de la patronal ese reparto de los costes entre empresas y trabajadores ya se produciría (sic). Sin embargo, los aumentos salariales pactados para 2022 en los convenios colectivos registrados hasta marzo se situaron en el 2,4%, por lo que los trabajadores están cambiando una pérdida de su capacidad de compra; mientras que, por su parte, cerca del 82% de las empresas, en el primer trimestre de 2022, aumenteon el precio de venta de sus productos y, en conjunto, sus beneficios han crecido en el primer semestre del año sobre el 65%
Distribuir de forma equitativa los costos de la inflación, entre el poder de compra de los salarios y los márgenes y los beneficios empresariales, además de razonable es imprescindible, y eso solo es posible con un acuerdo entre los diversos actores sociales involucrados. No obstante, las conversaciones del Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), están actualmente bloqueadas y no por voluntad de los sindicatos.
No existe otra fórmula para evitar una etapa prolongada de estanflación (estancamiento de la economía e inflación sostenida) que no sea la negociación y el pacto. Ante este panorama, la sensatez indica que el aumento indiscriminado de precios y no modular los beneficios empresariales, hará que, más pronto que tarde, se asfixie el consumo y si eso sucede perderemos todos.
Como es lógico, las facturas no las pueden pagar siempre las mismas. Si echamos un vistazo a nuestra historia laboral más reciente, veremos que 2021 terminó con una pérdida del poder adquisitivo de los salarios pactados en convenio del 1,3% y que en lo que llevamos de año, el poder adquisitivo de los trabajadores cubiertos por la negociación colectiva ha caído un 6,7%. A todo esto, hay que añadir la fuerte devaluación salarial acumulada durante la última década. Según el Índice de Precios del Trabajo que elabora el INE, el año anterior a la pandemia se ganó un salario real un 6,4% inferior al que se pagó en 2008 por realizar el mismo trabajo. Los salarios pactados en convenio colectivo crecen actualmente al 2,56% y mientras estamos soportando una inflación superior al 10%.
Las clases medias y populares llevan muchos años haciendo sacrificios y no pueden, como ha ocurrido en otras ocasiones, pagar los platos rotos de una fiesta en la que no han resultado. El Gobierno ya ha puesto en marcha algunas medidas que tal vez sean insuficientes y se tendrán que retocar y plantear otras nuevas. En cambio, las grandes empresas (las que cotizan en el IBEX 35 y otras similares) están obteniendo unos beneficios obscenos y pagando a sus directivos una media de ocho veces más de lo que se paga en Europa por las mismas responsabilidades. Y eso, además de ser inmoral es insostenible.
Ante esta situación, de la misma manera que hace unos meses Gobierno, patronal y sindicatos llegaron a un acuerdo histórico que dio paso a la reforma laboral; ahora, ante el futuro tan poco halagüeño que se nos anuncia, es razonable pensar en una reedición de aquellas negociaciones, esta vez, en forma de pacto de rentas. Así, si llega la recesión, al menos, que nos coja preparada.
Bernardo Fernández
Publicado en e-noticias 19/09/2022
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