GENERAR CONFIANZA

 El órdago independentista de 2017 provocó una crisis de confianza sin precedentes hacia la economía catalana. La inestabilidad política y la inseguridad jurídica que generó los planos del gobierno dieron lugar a una fuga masiva de sedes sociales de empresas de sectores estratégicos. Esa situación generó un deterioro inmediato del mercado laboral y sectores tan sensibles como el turismo, el comercio o la vivienda que acusaron el golpe.

Ante lo que pudiera suceder, empresas como Almirall, Naturhouse, la cadena hotelera Derby Hotels, la agroalimentaria Vall Companys, entre otras, abandonasen Cataluña para ubicar sus sedes principalmente en Madrid, pero también en otros lugares de España. Empezó a sí un éxito de sedes empresariales que llegó a su punto álgido tras el referéndum ilegal del 1-0. Se calcula que unas cinco mil empresas marcharon ya día de hoy prácticamente no ha regresado ninguna.

La repercusión internacional de esa crisis dañó la reputación de Cataluña y terminó afectando la marca Barcelona, ​​una de las mejores situaciones en el planeta. Cuatro años después, el mundo empresarial observa la evolución de la situación a la espera de que tanto la situación legal como la institucional vuelvan a la normalidad.

Tras la grave crisis del 2008 Cataluña encadenó tres años que invitaban al optimismo. La economía aceleró su ritmo de crecimiento gracias al vigor de la industria y la buena marcha del sector exterior, se batió el récord en exportaciones, la llegada de turistas fue masiva, así como la captación de capital extranjero. Eso hizo que se dibujara un futuro esperanzador. Esa alegría se trasladó al mercado laboral que, tras tocar fondo en 2013 con una tasa de paro del 24,3%, remontó hasta situar la tasa de paro en el 12,5%. según la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2015. 

En ese mismo año se celebraron elecciones autonómicas planteadas como un plebiscito sobre la independencia y un año más tarde se llevó a cabo la consulta del 9-N. El nerviosismo se trasladó también al mercado laboral. En el mes de octubre de 2017 la tasa de parados en Cataluña creció el doble que, en el resto de España, alcanzando el mayor incremento desde 2008.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) después de ocho años batiendo récords la llegada de turistas cayó un 4,7% y las ventas del comercio minorista se redujeron un 3,9%, pero es que la compra de vivienda se desplomó un 40%. Es decir, todo un rosario de cifras negativas, la pregunta es obvia, ¿a cambio de qué?

A pesar de esas evidencias los partidos independentistas quisieron quitar importancia a la realidad y minimizaron la marcha de empresas reduciendo el problema a una cuestión burocrática. Sin embargo, la vedad es mucho más prosaica y el hecho cierto es que un tercio de los grupos empresariales que han trasladado su sede social también se han llevado su domicilio fiscal y eso hace probable que los centros de decisión estratégicos acaben marchando de Barcelona. 

Para Andreu Mas-Colell, consejero de Economía con Artur Mas, que estaba en la sala de máquinas cuando se puso en marcha el proceso    secesionista, era necesario que Cataluña contase con más centros de decisión. Por eso se quejó amargamente cuando pasamos de tener once cajas de ahorro a dos grandes bancos; entidades que con el affaire también marcharon de aquí. A eso, algunos lo llaman “visión de la jugada”.

En opinión del prestigioso catedrático de Política Económica Antón Costas, “cuando la sede corporativa y el consejero delegado de la empresa se desplazan, las decisiones cambian de forma radical. Se contratan servicios complementarios, auditores o ingenieros más cercanos al nuevo domicilio, a la vez que los ascensos en la nueva compañía siguen una lógica de proximidad”. Un criterio muy similar es el del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, García Montalvo para el que “los centros de decisión atraen a los equipos de investigación, los nuevos productos…, y poco a poco la parte de valor añadido va hacia los cuarteles generales.

El único precedente que tenemos para hacer algún tipo de comparación es Quebec que entre 1980 y 1995 sufrió la marcha de unas 700 empresas, perdió su primacía empresarial, cedió su liderazgo económico y entre altos profesionales y gentes de talento vio como dejaban el país unas 600.000 personas. No sé si con esos datos sobre la mesa el independentismo sigue empeñado en emular la vía quebequesa.

Ahora, tras el fracaso incuestionable de la unilateralidad el sentido común dice que el Govern debería esforzarse en tender puentes y hacer propuestas atractivas para que las empresas que trasladaron sus sedes se vean tentadas a volver. Se podría empezar con un plan de incentivos fiscales, pero será insuficiente. No podemos olvidar que las empresas que marcharon lo hicieron por la inseguridad política y jurídica que generó el procés.

En consecuencia, no resultará fácil disolver la incertidumbre porque lo que ocurrió una vez (intento de secesión) puede volver a suceder. Por consiguiente, sería deseable que se produzca un viraje   —explícito o implícito, aunque mejor lo segundo— de los partidos que defendieron la DUI hacia posiciones de seguridad jurídica y lealtad institucional. ERC ya ha dado algún paso, pero todavía tímido e insuficiente, Sin embargo, Junts sigue instalado en la confrontación y en el camino de lo imposible y así será muy difícil recuperar la normalidad. Mucho más si siguen ocupando la mitad del Govern.

El camino para recuperar la normalidad política será largo, complejo   y lleno de trampas. Habrá, pues, que armarse de paciencia y preparase para una larga travesía. No hay recetas mágicas ni soluciones parciales.

Además de todo eso, se han de dar las condiciones para generar confianza, y la cuestión es si el ejecutivo catalán está dispuesto a facilitar ese estado de cosas. Me gustaría equivocarme, pero sinceramente tengo dudas.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en e notícies 11/10/2021