La política tiene su razón de ser cuando es un instrumento útil para resolver problemas de los ciudadanos y permite mejorar su calidad de vida. En cambio, cuando los intereses personales y/o de partido se priorizan sobre el bien común, la política puede llegar a ser algo tan deleznable como mezquino.
Y eso es lo que sucede ahora mismo en Cataluña. Porque más
allá de las diferencias programáticas que existen entre ERC y Junts y hacen que
sea difícil llegar a un acuerdo para formar gobierno, existe un problema de
fondo que es lo que tiene a la política catalana paralizada.
En efecto, el nudo del bloqueo no está tanto la estrategia a
seguir por el nuevo Govern, que, desde luego, tiene su importancia, si no en el
reparto de consellerías, empresas públicas y organismos autónomos; y, por
consiguiente, en el nombramiento de cargos y la asignación de salarios, con
todo lo que eso conlleva.
Esos cargos, más o menos entre bambalinas, es lo que en el
argot se conoce como sottogoverno. De
hecho, el sottogoverno es el nexo entre la responsabilidad política y la
gestión que llega a los ciudadanos. De ahí, el interés existente en las altas
esferas para colocar en esos lugares gente a fin y de confianza. Ellos son el
hilo conductor entre gobernante y gobernado. Pero son, sobre todo, los
encargados de crear de redes clientelares que tantos réditos electorales han
dado a los gobiernos nacionalistas en nuestro país. Ahí es donde de verdad se
está jugando el partido porque hay demasiadas cosas en juego.
Según el último informe del Ministerio de Hacienda, sobre el
impacto del sector púbico autonómico en la actividad económico financiera,
publicado en julio de 2020, Cataluña es la Comunidad con más entes vinculados a
su gobierno, un total de 363, seguida de Andalucía, 276, País Vasco, 154 y
Comunidad de Madrid, 145.
El interés de que esas empresas y organismos estén
controlados por personas afines es muy grande porque tienen una gran capacidad para
hacer las contrataciones administrativas que consideren oportunas y, en cambio,
los controles a los que están sometidos son muy laxos. En conjunto, a esos
organismos se destinaron en 2020, más 21.000 millones de euros. La magnitud de
estas cifras nos puede dar una idea de la importancia
De todo este entramado de organismos y empresas conviene
destacar, tanto por su importancia presupuestaria, como por la fuerte trascendencia
socio-política, dos entes muy relevantes. Uno es el Institut Català de la Salut
(ICS) dependiente de la consellería de Salut y que tiene una inmensa capacidad
de compra, y otro es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) que
controla los medios públicos de comunicación, con eso está casi todo dicho.
Desde luego, no son pocos ni pequeños los palos que va
poniendo en las ruedas Junts para llegar a un acuerdo y formar gobierno. Los adeptos
al hombre de Waterloo pretenden que se reconozca a ese oscuro Consell de la
República como “Autoridad Nacional” (sic). De la misma manera que buscan la
unidad de voto en el Congreso. Algo fuera de toda lógica porque ERC tiene 13
diputados y por lo tanto grupo propio, mientras que Junts solo tiene cuatro y
los republicanos, legítimamente, quieren hacer vales esos escaños cuando lo
crean oportuno sin condicionantes de ningún tipo.
A nadie se le escapa que la pugna que mantienen ERC y Junts
es una lucha por el poder. Por eso, Jordi Sánchez, secretario general de Junts,
lanzó días atrás un globo sonda invitando a ERC a gobernar sin que los
postconvergentes entren en el Govern. De
lanzarse Pere Aragonés a esa aventura podría suponer dos cosas: una, que los
republicanos se viesen obligados a pactar con el PSC y, entonces, deberían
renunciar, aunque fuera temporalmente, a algunos de sus postulados y esa sería
la coartada perfecta para que el independentismo más hiperventilado los tratase
de traidores y botiflers, que es lo que andan buscando los acólitos de
Puigdemont. O bien que Aragonés tenga que mendigar una y otra vez los apoyos
parlamentarios de Junts y deba actuar, como ya hizo Quim Torra, como president vicario.
En Junts saben del pánico que a los republicanos les entra solo
de pensar que pueden aparecer ante su parroquia como los malos de la película
en ese culebrón inacabable en que se ha convertido el procés. Por eso, los de
Puigdemont, cada día que pasa, hacen subir el precio de sus votos para investir
a Pere Aragonés. Además, en ERC están acomplejados. Lo hemos visto estos días
con la sustitución de Jaume Alonso Cuevillas por Aurora Madaula para la segunda
secretaría de la Mesa del Parlament, los republicanos han anunciado su voto
favorable…, sin negociar nada. En las circunstancias que estamos, eso no es ni
buenismo, es candidez o miedo a la reacción del otro, y lo digo con toda la
suavidad de que soy capaz.
De todas formas, tranquilos y que no cunda el pánico. Unos y
otros sabrán frenar a tiempo y pactar lo que haga falta para que el carro no se
despeñe por el pedregal. El apartamento en la Costa Brava y la casa en la
Cerdanya se han de preservar. Son los símbolos de un estatus y una manera de
entender la vida que, por encima de todo, se han de preservar. Ese es el quid
de la cuestión.
Bernardo Fernández
Publicado en e notícies 12/04/2021
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