27 de març 2018

VASOS COMUNICANTES


La política española, en la que la catalana es una pieza fundamental, necesita con urgencia un réset.
No es de recibo que un partido que está hasta las cejas de corrupción sea quien dirige y gobierna el país. Bien es verdad que esa organización, el Partido Popular, fue la fuerza más votada en las últimas elecciones. No obstante, habría que preguntarse si ganó porque convenció al electorado o por incomparecencia de los oponentes y la ciudadanía entendió que, en esas circunstancias, los populares eran el mal menor.
De igual manera, tampoco es admisible que el primer partido de la oposición se desangre en una lucha interna amortiguada con la sordina de lo políticamente correcto y que, además, no tenga un proyecto coherente y contrastado que proponer a la ciudadanía.
Por otra parte, los partidos emergentes, aunque apuntan maneras, en mi opinión, y por motivos distintos pero concurrentes, están todavía verdes para gobernar.
Así las cosas, sólo nos falta el emponzoñamiento y la mezcla político-jurídica que está generando la situación en Cataluña.
En este contexto, la decisión del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, de ordenar prisión preventiva para cinco de los principales dirigentes separatistas que encabezaron el procés, entre ellos Jordi Turull, aspirante a la presidencia de la Generalitat, puede ser, en términos jurídicos, ajustada a derecho, no lo cuestionaré. Sin embargo, bajo mi punto de vista es desproporcionada y, sin duda alguna, en términos políticos, miope.
Es posible que los continuos reproches y ataques a nuestro sistema de convivencia y la democracia española de Carles Puigdemont, desde su cómodo refugio en Bélgica, así como la fuga de Marta Rovira en las horas previas a su declaración, hayan pesado en el ánimo del juez a la hora de decidir y anunciar una resolución tan dura.
No obstante, alguna otra medida cautelar, como por ejemplo la inhabilitación hubiese sido igual de efectiva y hubiera evitado mártires, algo de lo que el independentismo radical está deseoso. Tal vez, en ese supuesto, alguno de los ahora encarcelados hubiera cogido las de Villa Diego. Es igual, ha quedado demostrado que en el extranjero son inoperantes y más pronto o más tarde los fugados acabarán con sus huesos en la cárcel. Además, como dice el adagio, a enemigo que huye puente de plata.
Ciertamente, los delitos de los que se acusa a estos personajes por los sucesos del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, el 20 del mismo mes ante la consejería de Economía, el referéndum ilegal del 1 de octubre y la proclamación de forma unilateral de la república el día 27, también de octubre, prefiguran la probabilidad de que puedan ser condenados por delitos tan graves como el de rebelión o, al menos, de sedición, malversación de caudales públicos y otros, como pueden ser, prevaricación y desobediencia. Y eso conlleva muchos años de cárcel. Llegados a ese punto que caiga sobre ellos el peso de la ley y cumplan en plenitud el castigo que se les imponga. Pero, eso sí, cuando haya sentencia.
Sin embargo, no podemos obviar que en la política como en la vida, las cosas suelen estar interconectadas entre sí, y es absurdo negar que en casos como el que nos ocupa, entre la judicatura y la política no existe alguna correlación. Sin poner en cuestión la separación de poderes, es evidente que existen unos vasos comunicantes que conectan un ámbito con el otro.
Precisamente por eso, no hubiera sido baladí hacer una evaluación del coste beneficio antes de dictar la medida cautelar. Bastante caldeado tenemos el ambiente como para echar más leña al fuego. Y por si no teníamos suficiente, la policía alemana ha detenido y puesto a disposición judicial al fugitivo Puigdemont.
Vaya Semana Santa nos espera. Esto sí que va a ser un calvario

Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies 26/03/18

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