Es habitual que cada vez que se convocan unas elecciones,
se alcen voces pidiendo la reforma del sistema mediante el cual escogemos a
nuestros representantes. El quid de la cuestión estriba en saber qué tipo de reforma
hay que hacer para incentivar la participación. Desde luego, de las opciones
posibles, la de desbloquear las listas es la que cuenta con más adeptos. Pues
bien, pese a que este asunto se ha repetido como un mantra desde principios de
los años noventa. Sin embargo, a día de hoy, no se ha llevado a cabo ninguna
iniciativa legislativa de suficiente calado como para introducir cambios
sustanciales en nuestro sistema electoral.
Bien es verdad que en el parlamento de Cataluña se
está tramitando una ley que pretende regular las elecciones catalanas. No
obstante, y a juzgar por las noticias que llegan, es prácticamente imposible
que esa iniciativa salga adelante, dada la disparidad de criterios entre las
diversas fuerza políticas.
El problema de nuestro sistema electoral no estriba sólo
en que las listas sean cerradas y bloqueadas, sino en quien y como se hacen. Nada
ni nadie regula ese asunto; en consecuencia cada organización actúa a su libre
albedrío. Además, con el tiempo, los defectos burocráticos y organizativos se
han acentuado y el poder interno de los partidos, con excesiva frecuencia, se concentra
en pocas manos.
En definitiva, el sistema de
funcionamiento interno de las organizaciones políticas no acostumbra a ser un
dechado de virtudes democráticas, al contrario, las carencias suelen ser
evidentes. De todos modos, justo es decir que algunas organizaciones,
encabezadas por los socialistas, ya han adoptado el sistema de primarias para
escoger a sus candidatos, no es menos cierto que todos los partidos siguen
estando muy alejados de lo que la sociedad demanda
Por todo eso, a menudo se apela a las
listas abiertas como solución a todos los males. Sin embargo, lo que se propone
en realidad son listas no bloqueadas. Es decir, los votantes podrían señalar
algunos de los candidatos de la lista cerrada correspondiente, que se haría
como hasta ahora. De hecho este sistema se utilizó en Italia hasta 1994 y no
parece que aquí y a estas alturas del siglo XXI sea solución a nada.
Tras estudiar diversos sistemas
electorales y escuchar atentamente las opiniones de diversos expertos, parece
que lo más razonable es un sistema electoral basado en el sistema electoral alemán.
Allí, la mitad de los diputados son elegidos en distritos uninominales y la
otra mitad en listas regionales (aquí serían provinciales), con distribución de
los escaños proporcional a los votos de cada partido.
Ahora bien, que nadie se confunda, esa
reforma es necesaria pero insuficiente. Para que realmente sea efectiva,
debería implementarse con otras medidas tales
como una ley de funcionamiento de partidos; de hecho, las listas no dejan de
ser un reflejo de la correlación de fuerzas internas.
No es
por casualidad que en Alemania la ley electoral regula también la
elección de los candidatos en los partidos. En el caso de los distritos
uninominales mediante primarias, en las que los afiliados eligen entre los
candidatos que se presenten, aunque el órgano de dirección correspondiente puede
convocar una segunda votación si el ganador no le satisface y cuyo resultado entonces
sí es definitivo. Las listas a los landers (lo que aquí diríamos autonómicas) se aprueban
mediante asambleas de compromisarios (léase delegados en nuestro argot). Estos
procedimientos se aplican a elecciones regionales y locales.
De igual manera, la ley de partidos
establece congresos cada dos años, regula la actividad interna de las
organizaciones (composición de los órganos, sistemas de elección, etcétera) y
auditoría de cuentas. En Gran Bretaña, el Partido Laborista celebra congresos
anuales y los afiliados eligen a los candidatos a diputado, concejal o líder
del partido. Estos procedimientos limitan, sustancialmente el poder de las direcciones y permiten la presencia en la política de
dirigentes con apoyos sociales y con puntos de vista, a menudo, alejados de los
estereotipos políticos convencionales.
Asimismo, esa futura ley electoral
debería regular, para todos los partidos, que los afiliados (incluso los
ciudadanos que se declarasen simpatizantes de un partido apuntándose para ello
en un censo oficial dependiente de la Junta Electoral) eligieran en primarias a
los candidatos a presidentes del gobierno, presidentes autonómicos y alcaldes,
así como a los candidatos a diputado o
concejal de su zona de residencia, mediante voto a personas -no a listas-. La
experiencia aconseja que estas primarias se organicen de forma oficial, no por
los aparatos de los partidos. Una la ley de partidos, como la alemana, debería
regular su funcionamiento democrático, la celebración de congresos cada dos
años, al menos, y la publicación de sus estatutos en el BOE.
Desde luego no es tarea fácil, pero si
queremos regenerar nuestro sistema político, no estaría demás poner manos a la
obra para llevar a cabo la necesaria reforma del sistema electoral.
Bernardo Fernández
Publicado en Crónica Global
11/06/15
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