La sentencia sobre el Estatut del Tribunal Constitucional en julio de 2010 y la crisis económica han sido el caldo de cultivo adecuado para que la falta de visón y las estrategias políticas corto-placistas, aunque de alto rendimiento electoral inmediato, pongan en riesgo de extinción aquello que costó sangre, sudor y lagrimas construir.
En Cataluña, hemos vivido un mes de septiembre de infarto, Casualidad o no, los acontecimientos políticos se han sucedido en cascada. Primero fue la impresionante manifestación del 11-S, pocos días después la entrevista de Mariano Rajoy y Artur Mas con la propuesta de pacto fiscal sobre la mesa y luego, sin solución de continuidad, el Pleno del Parlament de Cataluña sobre Política General, en el que Artur Mas ha anunciado elecciones para el próximo 25 de noviembre.
Estoy convencido de que el presidente Rajoy proporcionó al president Mas el pretexto para avanzar las elecciones. Como dijo acertadamente Joan Herrera, líder de ICV, Artur Mas llegó a La Moncloa como president y salió como candidato. En su diario del pasado 23 de septiembre Miguel Iceta, diputado del PSC, escribió:
Es bastante evidente que Artur Mas seguía un guion ya prefijado desde hace mucho. Y eso explicaría la negativa de CiU para acordar la propuesta de pacto fiscal con el PSC. Los nacionalistas prefirieron pactar con ERC, si bien sabían que la propuesta que aceptara ERC no sería negociable con Rajoy y, por lo tanto, no se obtendría la llave de la caja, pero sí al menos la llave para convocar elecciones cuando le conviniera a él y a su partido.
Recordemos que el president Mas fijó como objetivo de la legislatura en su discurso de investidura el “pacto fiscal”, envuelto en una nebulosa “transición nacional”. Una transición nacional que no parece que ahora se aclare mucho más: “No somos independentistas, pero queremos un Estado propio”.
Aún no hace ni dos años que Artur Mas accedió a la más alta magistratura de Cataluña. Fue tras una intensa campaña electoral realizada bajo el eslogan: “Una Cataluña mejor”. Tras la victoria constituyó el “Govern del millors” para acabar con la crisis y retornar a las épocas más gloriosas de la Cataluña “rica i plena”. Pues bien, la realidad, a día de hoy, es sustancialmente diferente.
Esta legislatura, que ahora se acaba, ha sido la más corta de la historia del Parlament. Las arcas de la Generalitat están absolutamente vacías, el Ejecutivo catalán ha solicitado al Gobierno central un rescate de 5.023 millones de euros, y todo eso a pesar de que el mencionado “Govern dels millors” ha metido la tijera sin compasión en la sanidad, la educación, los servicios sociales y los salarios de los funcionarios entre otros.
Prometieron reducir el paro a la mitad, pero la verdad es que la tasa de parados ya supera las 800.000 personas. El gasto por habitante ha retrocedido a los niveles de 2006 y este año con 3000 profesores menos, hay que dar clase a 30.000 alumnos más. Asimismo, los catalanes tenemos el dudoso mérito de ser pioneros en el copago sanitario con el euro por receta. Ahora bien, justo es reconocer que una de las promesas que CiU realizó en 2010, eliminar el impuesto de sucesiones, la ha cumplido a rajatabla. Las consecuencias de esta forma de gobernar, son fáciles de suponer: un Estado del bienestar agonizante.
Por otra parte, la sombra de la corrupción ha planeado de forma constante en esta legislatura. Desde el caso Palau, que se arrastraba del anterior mandato, salpicando de pleno CDC, hasta el caso de las ITV, el caso de las cajas de ahorros o los escándalos sanitarios.
Resulta bastante evidente que si las próximas elecciones al Parlament se realizaran en un clima de normalidad todo lo citado debería pasar factura a las fuerzas políticas que han formado parte del gobierno, pero las cosas casi nunca son lo que parecen y en Cataluña menos. Por eso, para evitar pagar facturas en clave electoral, Artur Mas ha tensado la situación hasta el límite de lo posible e incluso un poco más, esperando que, de ese modo, la ciudadanía vote más con el corazón y el sentimiento que con la cabeza y el raciocinio.
El argumento para convocar las elecciones es sencillo, obtener legitimidad para iniciar un nuevo camino y el punto de partida de la nueva etapa, convocar una consulta de autodeterminación. Hasta ahí, guste o no, no hay nada que decir. No obstante sería conveniente que se dijera a la ciudadanía, bajo que cobertura legal y con que normas se llevaría a cabo la consulta. De ese modo se evitarían frustraciones innecesarias.
En cualquier caso, propongo un ejercicio que nos ha de servir para clarificar ideas: cojamos una hoja de papel y hagamos dos columnas, en una anotemos los pros de una hipotética independencia, en la otra los contras. Después, comparemos y que cada cual opte por la opción que estime más oportuna.
Bernardo Fernández
Publicado en la Voz de Barcelona 2/10/12
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