Estatutos, autonomías y constitución

A partir de la Constitución y los estatutos, España es hoy una realidad distinta fraguada en los últimos 25 años. En este tiempo se ha llevado a cabo un extraordinario proceso de descentralización que ha generado como resultado un gran desarrollo tanto en el orden económico, como institucional y, por descontado, en el ámbito social.

Como dijo en una ocasión el Presidente del Gobierno, “nuestra historia reciente, es la historia de un éxito”. En estos últimos años, con la instauración y el asentimiento de un sistema democrático comparable a los mejores que existen en el mundo, hemos recompuesto los puentes con nuestro mejor pasado y nos hemos situado entre los países con mejor calidad de vida, entendiendo esta expresión en el sentido más amplio.

Estamos inmersos en un proceso de modernidad donde los derechos sociales, la libertad de empresa y la solidaridad están plenamente garantizados. Como no podía ser de otra manera, el progreso se ha canalizado hacia los ciudadanos mediante el gobierno Central y las Administraciones autonómicas y locales. Por cierto, va siendo hora de que se reconozca el rol de las administraciones locales que, al estar más próximas a los ciudadanos, han desempeñado a lo largo de todos estos años. Sería, sencillamente, un acto de justicia.

Ahora bien, esto no quiere decir, ni de lejos, que todo lo que se ha hecho haya sido ni acertado, ni en la dirección adecuada. En estos últimos años se ha erosionado con demasiada frecuencia e intensidad diversa el espíritu progresista que en su día alumbró la Constitución y los estatutos autonómicos. Esto ha tenido como consecuencia, además de no pocos desencuentros políticos, la producción de retrasos innecesarios en un proceso de desarrollo que hubiera podido ser más sostenido, más racional, más equitativo y, por encima de todo, más favorable para el conjunto de la ciudadanía.

Sin temor a equivocarnos podemos afirmar que conseguir un mejor funcionamiento del sistema, consolidar el marco competencial, profundizar en los instrumentos de cooperación, mejorar la financiación autonómica y aumentar la eficacia de las administraciones públicas ha sido el leiv motiv que ha movido a todos los gobernantes desde la transición hasta hoy. Otra cosa es la versión que cada uno de ellos ha hecho del mismo tema. Utilizando conceptos musicales podríamos decir que algunos han realizado una interpretación demasiado libre de la obra

A lo largo de todo este tiempo se ha consolidado un determinado marco competencial, pero, con simultaneidad, se ha puesto de manifiesto una voluntad limitadora e incluso rácana a la hora de otorgar recursos. El caso más paradigmático es la sanidad. Aquí cabe la sospecha de que lo que se quería transferir no era tanto la competencia sino el problema en sí.

Por otra parte, es de justicia reconocer que la administración central ha perdido peso de forma casi armónica con respecto a la cesión de competencias y recursos. A pesar de este avance hemos de reconocer que no existe, todavía, una perfecta sintonía entre los tres niveles de administración y es ahí donde los entes locales se llevan la peor parte. Sería, según mi criterio, un paso adelante considerable traspasar a la administración local un paquete, lo más grande posible, de servicios personales.

También debemos considerar muy positivo que a partir de las reformas parciales del sistema de financiación se hayan repartido más recursos para autonomías y ayuntamientos. Esto nos ha colocado en unos porcentajes de distribución que podemos situar entorno al 30% para el Estado el 50% para las autonomías y un 20% para los ayuntamientos. Este sistema de reparto, de medios, pone sobre el tapete que los entes locales siguen siendo el pariente pobre y los menos favorecidos a la hora de recibir recursos, cuando lo más habitual es que den servicios muy por encima de sus posibilidades, e incluso competencias. Así las cosas, cabe pensar que hay que evolucionar hacia un reparto más equitativo que debería rondar el 30-40-30.

En la misma línea positivista hay que enmarcar el acuerdo suscrito en diciembre de 2004 entre el Gobierno Central y la CCAA mediante el cual se ha dado un paso importante en el sentido que se ha hecho posible la participación de consejeros autonómicos en las reuniones del Consejo de Ministros de la UE.

Pero la sociedad es cambiante y evolutiva y hoy tenemos sobre la mesa problemas y cuestiones que hace 25 años no existían. Por eso, entre otras cosas, el mapa competencial no se podrá cerrar nunca, lo que no quiere decir que se deba estar de forma constante y permanente con la reivindicación en los labios. Y precisamente por eso es necesario abordar, en estos momentos, sin complejos y sin traumas los nuevos retos que nos plantea la movilidad migratoria. De la misma manera debemos ver como ubicamos en nuestra sociedad las nuevas tecnologías para que éstas sean un beneficio para todos y no algo que genera división y provoca dos velocidades, es decir, dos ritmos distintos de crecimiento convirtiéndose, en definitiva, en una herramienta sólo para las élites. Y todo esto debe ser simultáneo y armónico a nuestro encaje en este mundo global que nos ha tocado vivir y, de forma muy especial, a nuestra proyección en Europa y sus instituciones.

Sin duda alguna estamos en un cruce de caminos donde corremos el riesgo de quedarnos atrapados en nuestros propios lodos o por el contrario, continuar avanzado y perseverando en lo que es el mejor periodo de nuestra historia moderna. Así las cosas, todos hemos podido percibir que en los últimos dos años se ha instalado una voluntad clara y un coraje político encomiable para llevar a cabo las reformas necesarias que nos han de permitir seguir caminando por la senda del progreso hacia un Estado cada vez más Federal, en el que sería deseable que cada cual se sintiera patriota a su manera. Como dijo Manuel Azaña, “el patriotismo no es un código de doctrina, sino algo que nos impulsa a sacrificarnos por el bien común”.

Solo si somos capaces de interiorizar que podemos vivir juntos auque seamos diferentes, podremos continuar por ese camino de progreso y bienestar descrito en este texto. Si lo que pretendemos es la uniformidad, el igualitarismo zafio y la exaltación de lo propio a partir de la negación de lo ajeno, tenemos fecha de caducidad.

Pienso, con toda sinceridad, que vale la pena perseverar en la España plural De este modo consolidaremos, por una parte, un modelo de Estado irreversible y que es punto de referencia para otros países, y por otra, conseguiremos más progreso, más libertad y más concordia para los ciudadanos de nuestro país

EL SIGLO nº 698 del 5 al 11 de junio de 2006