PROSPERIDAD COMPARTIDA

Las democracias liberales casan mal con Estados del bienestar que ofrecen a sus ciudadanos servicios públicos esenciales que no reducen lo suficiente las desigualdades y no hacen posible una vida digna. Eso provoca situaciones que acaban siendo terreno abonado para los populismos de uno u otro signo.

La falta de un compromiso real y verificable de los gobernantes con los ciudadanos para elevar los estándares de vida, hace que el autoritarismo está creciendo de manera exponencial en el mapa político de la UE. Hasta hace poco más de una década España era una excepción en ese ámbito, pero de forma sostenida la extrema derecha va ganando espacio electoral en nuestro país. Cataluña no es diferente y el extremismo de derechas, con un fuerte componente independentista en su credo ideológico, ha hecho acto de presencia en nuestro paisaje político, y según los estudios demoscópicos, con una fuerte intención de voto.

Según los expertos, el auge del apoyo electoral al autoritarismo es el resultado del malestar social provocado por las pronunciadas desigualdades que han surgido en los últimos treinta o cuarenta años en las sociedades occidentales desarrolladas. Esas diferencias sociales vienen provocadas por la coincidencia de varios procesos: las políticas neoliberales de desregulación de los mercados, en particular los del trabajo; la automatización de muchos procesos productivos industriales, favorecida por las nuevas tecnologías y la computación; la globalización comercial, con la incorporación de China al comercio internacional y la competencia de sus productos con la de los países desarrollados occidentales; así como  por la desindustrialización y pérdida de buenos empleos para las clases medias de nuestras sociedades, como consecuencia de las ya mencionadas  automatización y la globalización.

Otro factor a tener en cuenta que no debería caer en saco roto, es que el apoyo a las opciones autoritarias tiene mucho que ver con los cambios demográficos y generacionales que se han producido en las últimas décadas en las sociedades occidentales. Por un lado, el aumento de los flujos migratorios hacia los países que están padeciendo esa creciente desigualdad y la pérdida de empleos de las clases medias han dado lugar a reacciones de rechazo, racismo y xenofobia hacia los extranjeros; los inmigrantes son percibidos como competidores para los puestos trabajos, las prestaciones sociales y los servicios públicos del Estado del bienestar como la sanidad o la educación. Por otro, esos cambios han traído transformaciones en los valores culturales dominantes entre los jóvenes pues, especialmente los hombres, cuestionan ahora los avances en las políticas de igualdad y de reconocimiento de derechos a diferentes colectivos.

En este contexto, tan falaz es decir que los servicios sociales de nuestro país funcionan a las mil maravillas, como que son un desastre. Ni lo uno ni lo otro. El Ejecutivo de coalición progresista que nos gobierna es de los pocos que quedan en Europa decidido a luchar por el bien común o lo que es lo mismo: contra el cambio climático, por llevar a cabo una transición energética sostenible, porque se vayan eliminando los contratos de trabajo en precario o por establecer escudos sociales para los más desfavorecidos.

Mientras, de forma simultánea, la macroeconomía funciona como un tiro y se están logrando tasas de empleo que hacía muchísimos años que no se veían en nuestro país. Esa realidad, sin embargo, no puede disimular que las clases medias y populares están perdiendo poder adquisitivo, que la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para gran parte de ciudadanos o que la sanidad que no hace tanto era la joya de la corona, pierde eficiencia porque en los últimos años se han ido incorporando nuevos usuarios, mientras que ni las inversiones ni los profesionales aumentan en la misma proporción; más bien al contrario: se han recortado o congelado presupuestos y se han reducido plantillas.

La situación más evidente del deterioro del Estado del bienestar en España la hemos vivido estos días con el caos ferroviario, pero de manera muy especial en Cataluña con el colapso total de los servicios de Rodalies. No voy a insistir porque los medios de comunicación nos han tenido puntual y ampliamente informados, además de que muchos ciudadanos lo han vivido en primera persona. No olvidemos que son unas 400.000 personas las que usan Rodalies de manera regular y su inmensa mayoría son clases medias y populares que estos días han visto alterada su cotidianeidad por motivos totalmente ajenos.

Aquellos polvos trajeron estos lodos, y décadas de desinversión no se solventan por ensalmo, por lo que harán falta muchos años y mucho esfuerzo presupuestario para poner nuestros trenes a la altura de lo que una sociedad desarrollada necesita. Desde luego hay cosas que son inevitables y la fatalidad existe, pero en esta ocasión parece que se han conjugado una serie de factores para que la tormenta perfecta descargara sobre los ferrocarriles catalanes. No obstante, hubiese sido deseable una mayor explicación por parte de los prestadores de los servicios, de la misma manera que se hubieran tenido que poner, de forma inmediata, a disposición de los usuarios alternativas reales y fiables para paliar el desastre. Como está haciendo ahora el Govern que ha contratado 61 buses más para reforzar los servicios interurbanos que ya funcionan, mientras se trabaja para recuperar la normalidad en Rodalies. Con estas incorporaciones, la flota de refuerzo pasará de las 169 unidades hasta 230 vehículos que provienen de diferentes puntos de España, aunque, de momento, con resultados muy poco satisfactorios.

La situación es delicada. El futuro de nuestro modelo de sociedad está en entredicho. Se hace imprescindible un gran acuerdo de todos los agentes sociales para recuperar la capacidad de generar la prosperidad compartida que se logró en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. En esa etapa histórica, el contrato socialdemócrata —que se logró por un consenso entre socialdemócratas, liberales y cristianodemócratas— hizo que, por un lado, el capitalismo de mercado fuese capaz de crear buenos empleos para la clase media; y, por otro, que el nuevo Estado de bienestar —a través de la educación, la sanidad, el seguro de paro y las pensiones— fuese capaz de crear una sociedad más igualitaria y con buenas oportunidades de ascenso social. El resultado fue que las democracias y el capitalismo de mercado ganaron la batalla de la prosperidad compartida a otros sistemas políticos que operaban en otros puntos del planeta.

Repitamos la experiencia.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/02/2026