11 de març 2025

DISTOPÍA POLÍTICA


 

La prepotencia y la soberbia desmesuradas de Donald Trump nos están llevando a un escenario de la política internacional desconocido, al menos, en los últimos ochenta años. No hace ni dos meses que el mandatario norteamericano regresó a la Casa Blanca y ya ha desmantelado los frágiles equilibrios que sostienen las   relaciones entre los países soberanos, basadas en el respeto mutuo y las alianzas

Durante mucho tiempo y en muchas ocasiones esas relaciones han estado prendidas de alfileres, pero la cosa ha funcionado. Y eso nos ha permitido, con algunas excepciones, ir avanzando, hacia un mundo más seguro, con más progreso y más interrelacionado. Sin embargo, desde el 20 de enero de este año —día de la toma de posesión de Donad Trump—, el guion ha sufrido un giro muy sustancial.

Pero no solo nivel internacional, también en cuestiones internas. Siempre se había considerado a EEUU como uno de los paladines de las libertades. Sin embargo, eso ya no es así, en especial desde 2016, cuando Donald Trump ganó por primera vez las elecciones; pero es que ahora, envalentonado por su contundente victoria y azuzado por una cohorte de aduladores, ha declarado la guerra a las libertades civiles: están estigmatizando la libertad de expresión, hasta el punto que niegan la entrada en la Casa Blanca a miembros de Associated Press por hablar del golfo de México y no del de América. Asimismo, han prohibido utilizar en documentos oficiales expresiones como “diversidad”, “género” o “justicia ambiental”. También prevén deportar a millones de personas, despiden a miles de trabajadores en las administraciones federales y han cerrado la oficina de cooperación internacional, además de otros muchos disparates que su equipo de adlátares tiene entre manos.

Da la sensación que el líder yanqui se considera mandatado por alguna fuerza de orden superior y ha vuelto al Despacho Oval para ser el sheriff del planeta. Por consiguiente, tanto da que sean sus vecinos de México o los de Canadá, los habitantes de la Franja de Gaza o Volodomir Zelensky, presidente de Ucrania, todo el mundo ha de hacer lo que dice el inquilino de la Casa Blanca: Trump no negocia, Trump ordena.

Quizás lo único bueno que tiene (si es que tiene algo) es que no se anda con rodeos. Ya anunció en su campaña electoral que quiere anexionarse Groenlandia y recuperar el canal de Panamá. También advirtió que usaría el ejército contra los cárteles de la droga mexicanos.

Uno de los anclajes sobre los que ha evolucionado la geopolítica en las últimas décadas era considerar que el comercio internacional es la mejor vía para aumentar la prosperidad y de esa forma, en algún momento, China se iría pareciendo más a Occidente. Además, no importa qué parte de la producción se haga fuera del propio país mientras el PIB siga creciendo. Sin embargo, Trump no comparte ese punto de vista y todo indica que el proteccionismo que nos llega de EEUU y la política industrial serán la corriente dominante.

Todas las alarmas saltaron cuando se vieron las imágenes de desprecio y falta de consideración de Donald Trump y su lugarteniente en defensa J.D. Vance hacia Vlodomir Zelensky el día que éste acudió a la Casa Blanca a buscar un aliado para negociar una paz justa y duradera. Esa actitud ha hecho que La Comisión Europea planteé un plan de rearme europeo (Rearm Europe) que incluye varios canales. El primero es la creación de un nuevo “instrumento financiero” para proporcionar préstamos a los Estados miembros —respaldados por el presupuesto europeo— con una dotación de hasta 150.000 millones de euros, en una primera fase que podría llegar a los 800.000 millones.  

Pero es que casi sin solución de continuidad EEUU ha dejado de pertenecer a la zona de libre comercio.  Donald Trump ha decidido saltarse el tratado que él mismo negoció y firmó para regir las relaciones comerciales con sus dos vecinos: México y Canadá. Estados Unidos impone aranceles del 25% a las importaciones de productos provenientes de esos países —aliados y amigos—, y algo menores, del 20%, a los productos de su gran rival geoestratégico: China. De esa manera, Trump levanta un muro arancelario contra la integración económica de Norteamérica y abre una era de incertidumbre muy mal recibida por el mercado. Warren Buffett, el inversor más prestigioso de Estados Unidos, se ha referido a los aranceles como “un acto de guerra” y Wall Street sufrió su peor sesión del año y las bolsas más importantes del mundo cerraron con importantes pérdidas.

El caso es que para Europa durante mucho tiempo EEUU ha sido la solución, tanto en el ámbito comercial como en cuestiones de defensa. Sin embargo, ahora Trump se ha convertido en el problema. La economía europea está gripada. Las mayores economías de la UE —Alemania y Francia—son muy dependientes del comercio exterior y, por tanto, vulnerables a la amenaza arancelaria de la nueva Administración estadounidense. Pero al margen del riesgo comercial, el modelo de crecimiento europeo se halla inmerso en una crisis política, social e industrial cuya deriva no parece capaz de corregir. Frente al crecimiento del 2,8% previsto por el FMI para Estados Unidos en 2025, la zona euro apenas alcanzará un 0,8%.

Aunque resulta muy complicado hacer predicciones con personajes de la catadura política de Donald Trump. Se empieza a tener la certeza que estamos entrando en una nueva era y que será con una visión imperial del mundo. No es casualidad que Vladimir Putin esté callado y muy probablemente frotándose las manos porque su adversario de siempre le está haciendo el trabajo sucio, mientras que China aguarda expectante ante el temor de que Trump sea un elemento distorsionador entre el gigante asiático y Rusia.

Veremos cómo evolucionan los acontecimientos. Me gustaría equivocarme, pero me parece que la distopía geopolítica es con lo que vamos a tener que lidiar en los próximos tiempos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 10/03/2025

04 de març 2025

LA QUITA DE LA DEUDA AUTONÓMICA Y EL MANIQUEISMO POLÍTICO

La posibilidad de pedir dinero barato al Estado, por parte de las CCAA, se puso en práctica en 2012 con los mecanismos extraordinarios de financiación, creados para que las comunidades no tuvieran que financiarse en el mercado a unos intereses entonces exorbitantes. De aquellas herramientas ahora quedan solo el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las autonomías que no cumplen con las reglas fiscales e incompatibles con cualquier otra fuente de financiación, y el Fondo de Facilidad Financiera (FFF), que se reserva a las regiones que respetan los límites presupuestarios y es compatible con el mercado. Estas líneas hubieran tenido que desaparecer con la vuelta a la normalidad, pero siguen funcionando. Entre 2012 y 2023, los mecanismos extraordinarios aportaron unos 417.240 millones a las arcas regionales. Cataluña es el territorio que más se ha beneficiado de ellos (135.000 millones en la última década), seguida por la Comunidad Valenciana (99.267).

La deuda de las comunidades autónomas anda sobre los 325.000 millones de euros. La mayor parte de ese pasivo está en manos del Estado que es el principal acreedor de los gobiernos regionales. Tiene en su poder un 60% de la deuda autonómica, equivalente a unos 200.000 millones. Cataluña, Valencia y Andalucía acaparan las tres cuartas partes de esta importación, que han acumulado a lo largo de los años a través de los préstamos baratos que el Tesoro empezó a conceder a las autonomías a partir de la crisis financiera de 2008. Ahora, el Gobierno ha decidido abrir el melón y buscar una solución a ese último en el marco de una reforma del sistema de financiación autonómica. Sin embargo, una vez más, el tacticismo político es posible que se imponga al sentido común.

Con estos antecedentes, el Ministerio de Hacienda convocó para el pasado 26 de febrero al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, propuso en la reunión que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades de régimen común, independientemente de que tengan o no deuda con el FLA u otro mecanismo de financiación extraordinaria del Estado.

El objetivo de esta propuesta, que había sido remitida con anterioridad a las comunidades autónomas, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que quiere implementar el apoyo que recibió del Gobierno para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania. Con esa quita se podrán destinar a servicios sociales lo que ahora se reserva para pagar los intereses de la deuda. 

Ahora, el Gobierno ha propuesto extender la quita que ha pactado con ERC para Cataluña a todas las comunidades y eso ha puesto en un brete a los barones del PP y es que algunos dirigentes autonómicos populares lo admiten en privado que, si esa iniciativa se confirma, será difícil negarse.

Ante el riesgo de que la unidad de los populares pudiese resquebrajarse en la reunión (CFF) decidió echar mano del más burdo maniqueísmo político; todos los consejeros del PPon un paripé y abandonaron el encuentro una hora después de su inicio.   “No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo”, dijo a la salida la titular de Hacienda andaluza, Carolina España, que comparó ante la prensa con el resto de consejeros de su partido; aunque a preguntas de los periodistas, los consejeros no descartaron aceptar la quita en sus respectivas comunidades.

El numerito montado por los populares fue un brindis al sol porque el Gobierno cuenta con la mitad de los votos en el órgano de coordinación fiscal y con el apoyo de Catalunya, Asturias y Castilla La Mancha, el Ministerio de Hacienda sacó adelante el acuerdo de condonación de deuda. Ahora el Ejecutivo tendrá que batir el cobre para aglutinar una mayoría suficiente en el Congreso que valide esa iniciativa para ponerla en práctica.

 

Con todo, la cuestión de fondo es la reforma del sistema de financiación autonómica. El modelo vigente caducó en 2014. Sin embargo, una vez años después no se ha tocado ni una coma, pero con la propuesta de financiación singular, lanzada desde Cataluña quién más y quine menos aguarda expectante. El asunto es tan complejo que ni siquiera en el PP tienen una única opinión. Mientras que comunidades como Galicia o Aragón sostienen que la distribución de recursos se calcula teniendo en cuenta la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, otras comunidades como Andalucía, Valencia, la Región de Murcia o Madrid, presionan para dar mayor peso a la población. Si a esta situación añadimos que existe escasa o nula voluntad para sentarse a negociar, pactar y acordar, no nos debería extrañar que, se haga alguna excepción para Cataluña, y el sistema en vigor se mantiene sine die. 

Ya lo vamos a ver pero, en cualquier caso, la bronca política está garantizada.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalumya Press 03/03/2025


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