El traspaso o delegación de
competencias por parte del Gobierno central a la Generalitat de Catalunya
siempre ha generado importantes polvaredas. Si echamos la vista atrás, veremos
las polémicas que provocó la cesión del 15% del IRPF primero y después la del
30%, la crítica que se originó por traspasar a la Generalitat la competencia
ejecutiva en materia penitenciaria, la cesión a los Mossos d’Esquadra de
algunas competencias en la gestión del tráfico y, como no, el Estatut de
Catalunya de 2006 que acabó en el Tribunal Constitucional (TC) y aún estamos
pagando las consecuencias.
Después de catorce meses de
negociaciones discretas, al fin, hay fumata blanca. Días atrás se hizo público
el acuerdo alcanzado entre PSOE y Junts por Catalunya, mediante el cual se
delegarán competencias del Estado, en materia de inmigración, ampliando las ya
vigentes, a la Generalitat. Para hacerlo realidad ambas formaciones presentaron
de forma conjunta una propuesta de ley orgánica en el Congreso.
Los tres puntos fuertes de esa
iniciativa son: el control de fronteras –la Generalitat participará además en
la instrucción de los procesos de expulsiones, que seguirán siendo
responsabilidad del Estado–, la gestión de permisos de residencia y el control
de los centros de internamiento de ciudadanos extranjeros.
Me parece oportuno señalar que el
artículo 149 de la Constitución señala que la inmigración y el control de
fronteras son competencias exclusivas del Estado Ahora bien, el 150.2 permite
delegarlas, que no transferirlas. Eso significa que las competencias delegadas
se podrían recuperar en caso de conflicto, aunque en España nunca ha pasado y
toda competencia delegada ha quedado definitivamente en manos de las
autonomías.
Como no podía ser de otro modo, no
han faltado los tierraplanistas, en cuestiones del Estado de las autonomías, es
decir, PP y Vox que han puesto el grito en el cielo y amenazan con llevar la
ley, cuando se apruebe, al TC; si es que se aprueba porque, de momento, no toda
la mayoría parlamentaria de la investidura está por la labor. Tampoco es de
extrañar que algún que otro ilustre barón del PSOE haya salido a descalificar
el acuerdo. Para aquellos que tienen una visión jacobina del Estado, esta
delegación puede ser un anatema. Sin embargo, no se trata de ceder
competencias, en un Estado descentralizado, la cogobernanza no solo es deseable,
es necesaria. No obstante, nunca llueve
a gusto de todos porque para algunos independentistas asumir responsabilidades,
pero no soberanía no vale la pena.
Sorprende, sin embargo, que un
partido como Podemos, que daba soporte a un hipotético referéndum sobre la autodeterminación,
ahora diga que no votará a favor de la ley. En opinión de los podemitas Junts
pueda llegar a la presidencia de la Generalitat y aplicar el acuerdo con
criterios restrictivos hacia la inmigración.
Que me disculpen los amigos de Podemos pero el argumento resulta naif ya
que no evalúa el riesgo que supondría una situación inversa, esto es: un
presidente del PP con apoyo de Vox en la Moncloa, me parece que si esa
hipótesis se hace realidad, los problemas no serán solo en inmigración y quizás
esos no serían de los más grave, gobernase quien gobernase en Catalunya.
Con este acuerdo, el Gobierno gana
unas semanas de tranquilidad, aunque la derecha monte otra bronca a cuenta de
otra hipotética humillación del Estado. Por su parte Junts había perdido
presencia mediática tras la cesión de la gestión de los trenes de Rodalies a la
Generalitat y la condonación de una parte de la deuda del FLA; además el Govern
tuvo el acierto de dar relevancia a ERC a la hora de explicar los logros a los
medios. Ante esa situación, el partido de Puigdemont necesitaba protagonismo
para salir en las fotos y el traspaso de las competencias sobre inmigración les
pareció idóneo para volver a la palestra.
En la dirección de Junts saben que
hacen falta logros tangibles para justificar su estrategia de inflexibilidad
ante el Gobierno de España. Con todo, este acuerdo no deja de ser una
declaración de intenciones; y como ya se ha indicado más arriba, la propuesta
presentada en forma de ley orgánica deberá ser aprobada en el Congreso de los
diputados para que sea efectiva y, en estos momentos, no está claro que esa
mayoría se pueda constituir.
Bernardo Fernández
Publicado en CÒRTUM 11/03/2025
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