ARGUMENTOS CONTRA LAS FALACIAS SOBRE INMIGRACIÓN

El pasado día 8 de este mes de diciembre, en esta magnífica ventana que es Catalunya Press, me publicaban un artículo con el título “Inmigrantes, ¿problema o solución?”. Pues bien, algunos lectores se han dirigido a mí para pedirme que, a ser posible, dé más datos sobre la cuestión para poderse hacer una idea lo más ajustada posible a la realidad. Así que, atendiendo la petición, me pongo a ello.

Según Frontex en 2023 llegaron a la UE de forma ilegal unos 380.000 inmigrantes, de los cuales alrededor de 58.000 lo hicieron a España, segundo país en recepción de foráneos después de Italia. Se calcula que unos 3.800 se quedaron por el camino y desde nuestro país se repatriaron casi 4.000 personas.

Diversos estudios corroboran que los inmigrantes aportan a nuestro sistema de la Seguridad Social un 10% del total de los ingresos y generan el 1% de los gastos. Si tomamos en consideración la opinión de los expertos, con el envejecimiento creciente de la población, necesitaremos la entrada de 200.000 personas cada año para mantener ese sistema en condiciones similares a las actuales. Mientras que en Alemania precisan del doble de personas inmigradas que nosotros.

No obstante, hemos de admitir que en determinados sectores de la sociedad, la llegada de inmigrantes genera inquietud económica y miedo a que colapse nuestro Estado del bienestar. También existe el temor a que la llegada de mano de obra haga aumentar el desempleo y reduzca los salarios. Sin embargo, la realidad es muy diferente. El impacto de la inmigración en el desempleo es muy bajo o nulo. Ciertamente puede repercutir cuando inmigrantes y autóctonos compiten por los mismos puestos, aunque lo más frecuente es que los inmigrantes, en particular los no cualificados, acepten tareas peor remuneradas, y eso posibilita que los locales pueda acceder a trabajos mejores y mejor pagados.

Pero es que, además, los inmigrantes también consumen. El aumento de la demanda de bienes y servicios se traduce en un incremento de la necesidad de mano de obra que, a su vez, contribuye a evitar una disminución generalizada de los salarios. El mercado laboral no es un juego de suma cero, lo vimos, tiempo atrás, con la incorporación masiva de las mujeres.

En opinión del prestigioso economista estadounidense, Michael Clemens, si se eliminaran todas las barreras migratorias el PIB mundial subiría entre un 50% y un 150%. Pero quizás no haya que llegar tan lejos, bastaría con que tan solo el 7% de la población mundial emigre para incrementar un 10% la productividad global.

Si ponemos el foco en el potencial delictivo de los recién llegados, como apuntan los partidos de la derecha extrema, veremos que es falso. Según datos de 2022, la tasa de criminalidad española es de 48 infracciones penales por cada 1.000 habitantes (incluido el cibercrimen), es decir, bastante inferior a la de países de nuestro entorno, como Reino Unido (79,5 por mil habitantes), Bélgica (74,8), Alemania (60,7) o Dinamarca (53,9). La tasa de criminalidad convencional en España, en la que no se incluye el cibercrimen porque en su mayoría se comete desde fuera del país, tiene incluso una tendencia a la baja o estable en los últimos 13 años y se sitúa en 41 delitos por cada 1.000 habitantes, según datos del Ministerio del Interior.

El equipo de coordinación y estudios del Ministerio, que realiza los balances de criminalidad, ha comparado esta última tasa con las cifras de extranjeros en España (que no distinguen entre comunitarios y no comunitarios) y ha concluido que “el fenómeno de la inmigración no está teniendo un impacto negativo ni significativo sobre la criminalidad”, según fuentes del departamento de Fernando Grande-Marlaska. La población extranjera se encuentra en estos momentos en un 13,4%, según estas cifras.

Las razones que invoca la inmensa mayoría de esas personas para salir de sus países, dejar lo poco o nada que tienen y marchar, son las mismas que invocaríamos nosotros de vivir en las circunstancias que ellos lo hacen: buscar un lugar en paz done poder vivir, trabajar y poder forjar un futuro para ellos y, sobre todo, sus hijos. Frente a eso, los Estados utilizan los mismos argumentos que cualquier club o asociación: el derecho a decidir quién es miembro. No es un conflicto sencillo de dirimir. Quizás el primer paso sería clarificar si el que pone la valla tiene derecho a hacerlo porque lo que hay detrás es, verdaderamente o no, de su propiedad.

Desde luego, es evidente que en las sociedades avanzadas hay muchas cosas que mejorar. Sobre todo en lo tiene que ver con el trato que damos a los que vienen de fuera.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 24/12/2024

 

EL LABERINTO DE LA POLÍTICA CATALANA

 

“Quítate que tiznas”, dicen que le dijo la sartén al cazo. Algo similar le podría decir Pedro Sánchez a Carles Puigdemont, ahora que se ha descolgado pidiendo al presidente que se someta a una cuestión de confianza porque “no es de fiar”. Miren ustedes por dónde. Y eso lo dice un personaje que proclamó una república de ocho segundos, que no tuvo narices de descolgar la bandera de España del Palau de la Generalitat, que dijo que si no ganaba las elecciones dejaría la primera línea política y no lo ha hecho, que también dijo que estaría presente en el debate de investidura y no estuvo, que cobra sueldo de diputado, pero no aparece por los plenos y pretende dirigir la política española desde su mansión de Waterloo. En fin, que voy a explicar que ustedes no sepan.

Tras una reunión de la Comisión Ejecutiva de Junts celebrada el pasado 9 de diciembre en Waterloo (eso es lo más normal del mundo, celebrar reuniones de trabajo a miles de quilómetros del lugar donde se lleva a cabo la acción política y la entidad tiene su sede), compareció el expresident ante los medios de comunicación para poner de manifiesto su malestar por la tardanza, según él, en el traspaso de las competencias en inmigración a Cataluña, el uso del catalán en las instituciones europeas y de la ley de amnistía de la que no se beneficia por estar acusado de malversación, que es el argumento que utilizan los jueces para dejarlo al margen de la norma.

Es posible que en el Gobierno central haya ciertas reticencias para llevar a cabo determinadas transferencias. Pero, en mi opinión, la realidad es más sencilla. Carles Puigdemont sabe que está colgado de una brocha y necesita marcar perfil propio. El procés, como arma política, ya es historia, el independentismo está bajo mínimos, Junts tiene una muy escasa representación institucional y su capacidad de influir en el Govern es inexistente, pero, sin embargo, por esas carambolas de la aritmética parlamentaria, sus siete votos son decisivos en el Congreso de los diputados. Esa es la cuestión.

Como el propio expresident manifestó, solicitar a la Cámara una moción de confianza es competencia exclusiva del presidente del Gobierno. Por lo tanto, si de verdad en Junts están tan preocupados por esos traspasos, hubiera sido mucho más operativo descolgar el teléfono de algún negociador del PSOE y hacerle una seria advertencia. Seguro que así se hubiese obtenido alguna contrapartida, pero, en ese caso, Puigdemont no hubiera tenido protagonismo y no habría salido en los telediarios, algo de lo que anda muy escaso desde su performance de agosto en Barcelona.

La política catalana es un auténtico laberinto y lo que está detrás de esta sobreactuación, es la lucha cainita que mantienen Junts y ERC para ver quién es el partido hegemónico del independentismo catalán. Los republicanos han celebrado este fin de semana la segunda vuelta de su proceso electoral interno para escoger a la dirección del partido. Oriol Junqueras ha sido el ganador y, según parece, su ajustada victoria se debe, en buena parte, a las advertencias que lanzó durante la campaña de subir el listón de cumplimiento a los socialistas. Después de hacer un seguimiento de declaraciones y contradeclaraciones de los líderes republicanos, es fácil llegar a la conclusión que el voto para que Illa fuera investido president es una espina que llevan clavada y piensan que puede infectar su pureza nacional, y para evitar esa posible propagación hay que marcar distancias con el socialismo porque no son gente de fiar. Aunque visto lo visto, mejor harían los de Junqueras en poner la casa en orden y levantar las alfombras no vaya a ser que encuentren algún cadáver escondido y el mal olor les inunde la estancia.

Tanto Junts como ERC necesitan marcar perfil propio y eso pasa por ver quién es más exigente con el Gobierno central y cuál de las dos formaciones se lo pone más difícil a Salvador Illa para gobernar en la Generalitat. Aunque los republicanos dieron un sí a la investidura de Illa, fue un sí crítico y coyuntural, cargado de noes. Al fin y al cabo, en su opinión, los del PSC son unos botiflers y no tienen pedigrí de catalanidad.

Para el nacional-independentismo los socialistas siempre han sido unos advenedizos españolistas. Lo son tanto que no les ha importado incorporar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil al servicio de Emergencias y con esa maniobra han descatalanizado el 112. Por eso, desde ERC exigen que se revierta la integración o amenazan con no negociar los Presupuestos para 2025.  Están tan obcecados que han olvidado aquello de “no importa que el gato sea blanco o negro, lo que cuenta es que cace ratones”

Resulta muy difícil llegar a acuerdos fiables y solidos con formaciones políticas que tienen una visión tan primaria, simplista y cerrada como es el caso de Junts y ERC. Así pues, seamos conscientes de que tanto la legislatura nacional como la catalana penden de un hilo y cualquier día el carro se puede despeñar por el pedregal. Pero es lo que hay. Con estos mimbres solo se pueden hacer estos cestos.

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 16/12/2024

 

 

INMIGRANTES, ¿PROBLEMA O SOLUCIÓN?

Vox empezó a sacar la cabeza en nuestro complejo sistema político a raíz de la eclosión del independentismo catalán, con la milonga de que España se rompe. Sin embargo, una vez que el procés estuvo amortizado y España sigue tan entera como antes de 2017, los de Abascal necesitaban algún argumento tremendista y con gancho para seguir a rueda del PP y no dejar de pellizcarle las posaderas; esa tesis la encontraron en su animadversión a los que vienen de fuera. Además, el rechazo a lo foráneo es uno de sus nexos de unión con personajes como Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni o Marine Le Pen.   Y, de momento, no solo les funciona, sino que están llevando a su terreno al que se supone gran partido de la derecha de España, que cada vez se aleja más del centro y se acerca más al extremo. Pues bien, todo eso hace que la extrema derecha está imponiendo su relato sobre inmigración.

El pasado mes de abril, el único grupo parlamentario que en el Congreso de los diputados votó en contra de admitir a trámite una iniciativa legislativa promovida por organizaciones sociales para regularizar a cientos de miles de inmigrantes que viven en España, fue el de Vox. Cuatro meses después, era el PP el que se negaba a modificar la Ley de Extranjería para obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores inmigrantes cuando una de ellas esté sobresaturada, como está ocurriendo este año en Canarias. Esa negativa de los populares supuso un duro enfrentamiento (uno más) entre Gobierno y oposición. En medio del rifirrafe Feijóo no tuvo ningún empacho en relacionar de forma torticera inmigración, delincuencia y ocupación de viviendas. “Pido el voto a los que no admiten que la inmigración ilegal se meta en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios, mientras nosotros no podemos entrar en nuestras propiedades”; dijo en un acto electoral, y cuentan algunos de los allí presentes que se quedó tan pancho y no se le cayó la cara de vergüenza.

Barbaridades de ese tipo han hecho que la inmigración haya escalado puestos entre las preocupaciones de los españoles. El barómetro del CIS de junio la colocaba en el puesto noveno. Solo un mes después, ya se encontraba en el cuarto lugar de la clasificación de los grandes problemas del país entre los encuestados, impulsada por la crisis canaria de los menores, la imagen repetida en televisión de barcazas abarrotadas de personas desfallecidas por la travesía llegando a El Hierro y, por supuesto, la subida de intensidad del debate político.

Cuando se producen situaciones complejas como la que nos ocupa, no faltan iluminados que proponen soluciones mágicas. Es el caso del mamporrero, Miguel Tellado, portavoz parlamentario del PP. Por eso, el fino estilista dialéctico propuso en su momento que “el ejército controlase las costas para evitar la llegada de pateras” y “deportaciones masivas”. Algo que como denuncian los especialistas está sencillamente prohibido por el derecho internacional. Además, de ser literalmente impracticable, ¿cómo se hace?  A ver, se coge a 20.000 personas y ¿dónde los llevas?, ¿qué haces con ellas? Comenta un experto en la materia.

La realidad es que los inmigrantes son la solución a buena parte de nuestros problemas. Los empresarios encuentran mano de obra disponible para trabajos que normalmente los de aquí no quieren hacer, porque, por lo general, suelen ser tareas, bastante ingratas, en el sector de los servicios y/o de soporte a las personas mayores o con discapacidad, con horarios muy amplios y, habitualmente, bastante mal pagados. También las clases sociales acomodadas los pueden pagar para que los recién llegados se ocupen de sus hijos o de sus padres, mientras ellos llevan a cabo un trabajo más atractivo y mejor remunerado. 

Es cierto, sin embargo, que entre las clases más populares y los inmigrantes, a menudo, se producen algunos choques por conflictos de intereses. Suele ocurrir con las ayudas que las administraciones otorgan a los más desfavorecidos. Quizás el asunto más paradigmático, en este terreno, sean las becas comedor, pero no el único. Y ese es el caldo de cultivo perfecto para que el populismo arraigue en esos segmentos de la población.

Hay quién ve la llegada de los inmigrantes más como un problema que como una solución, cuando en realidad esas personas son más parte de lo segundo que de lo primero. Hemos de ser conscientes de que la democracia está en jaque y la inmigración es un medio para acosarla. En Hungría, por ejemplo, Víktor Orban ataca con dureza la inmigración, cuando se da la paradoja que en su país casi no existe. Y es que esto no va solo de inmigración, también va de democracia. En consecuencia, debemos persistir en la lucha contra las desigualdades y no segregar a las personas por haber nacido en otro sitio. Los inmigrantes no tienen menos derechos que nosotros y ellos también merecen poder desarrollar un proyecto de vida.

En definitiva, son muchos los pros que avalan la llegada de gente que viene buscando un lugar donde vivir y un futuro mejor, mientras que son muy pocos o ninguno los contras que sugieren su rechazo. Por consiguiente, tengamos claro que los inmigrantes son más parte de la solución que del problema.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en CatalunyaPress 08/12/2024

 

VIENA COMO REFERENCIA

Según el censo de 2021, la ciudad de Viena estaba habitada por 1.900.000 personas, mientras que Barcelona tenía, en 2022, 1.600.000 censados, es decir, una diferencia de unos 300.000 habitantes. Sin embargo, en el ámbito de la vivienda las diferencias son abismales. Para empezar, en la capital de Austria existen unas 220.000 viviendas municipales y sobre 200.000 apartamentos construidos en régimen de cooperativa. Los alquileres de este tipo de viviendas no superan los 500 euros mensuales. Es cierto, no obstante, que para optar a ese tipo de residencia hay una lista de espera de unos dos años. En cualquier caso, el hecho cierto es que, alrededor, del 50% de los vieneses viven en régimen de alquiler.

A diferencia de otras ciudades, desde el ayuntamiento de Viena siempre se han resistido a la privatización del parque inmobiliario público. El consistorio nunca ha cedido a la presión, especialmente, fuerte a finales de los ochenta y noventa, para crear propietarios; quizá movidos por la consciencia de que, una vez realizada la transacción, el municipio perdía toda la capacidad de regular los alquileres. Ese enfoque riguroso y constante de las políticas públicas de vivienda ha desincentivado la segregación urbana, ha evitado que se creasen guetos y ha hecho de Viena una ciudad donde la vivienda social se distribuye por todos los distritos.

Si echamos un vistazo a nuestro entorno, veremos qué Países Bajos es líder (con el 30%) de viviendas en alquiler seguido de Austria, donde son públicas una de cada cuatro residencias; mientras que el Reino Unido mantiene casi un 18% de su parque de vivienda como pública y Francia roza el 17%,  En contrapartida, en España La vivienda social representa un escueto 2,5% del parque inmobiliario unas 290.000 casas, gestionadas por comunidades autónomas (72%) y ayuntamientos (27%), muy por debajo de la media europea, que se sitúa en el 9%.

De hecho, en Barcelona, ese problema lo venimos arrastrando, como mínimo, desde hace un siglo. Ya en abril de1931 se inició, en la Barceloneta, una huelga de arrendatarios, impulsada por la CNT, que se extendió rápidamente a otros barrios como Sants, el Clot o Poblenou, pero también a localidades cercanas como l’Hospitalet o Santa Coloma. El motivo era la carestía de los alquileres conjugada con la precariedad laboral que había generado el brusco frenazo de la construcción tras finalizar la Exposición Universal de 1929. La represión fue brutal y estuvo dirigida por el gobernador civil, Oriol Anguera de Sojo, con el visto bueno del presidente de la Cámara de la Propiedad, Joan Pich i Pon, que más tarde sería alcalde de Barcelona. De todas maneras, aquella movilización permitió a muchos arrendatarios renegociar los alquileres y se introdujeron algunos cambios en el mercado de la vivienda.

Más tarde, ya con la dictadura, la cosa siguió igual o peor. Los realquilados adquirieron carta de naturaleza y las habitaciones con derecho a cocina se convirtieron en algo codiciado. No obstante, a partir de los años sesenta la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), vino a paliar ligeramente la situación.

Y así seguimos. El problema es endémico. Cada vez es más difícil acceder a una vivienda y cada vez hay que irse a vivir más lejos del centro de las grandes ciudades. Hasta ahora, los escasos intentos que han llevado a cabo los gobiernos de turno para encarar la cuestión han sido totalmente ineficaces. Recordemos, por ejemplo, que en la etapa de Ada Colau al frente del ayuntamiento de Barcelona, la medida estrella para solventar el problema era la obligatoriedad de dedicar un 30% de las nuevas promociones a vivienda de protección oficial, pero aquello fue un auténtico fiasco. Eso demuestra que la cuestión no se ha afrontado ni con el suficiente pragmatismo ni teniendo en cuenta todos los factores que inciden.

En el debate de política general del pasado octubre, Salvador Illa se comprometió a llevar a cabo una inversión de 4.400 millones de euros para construir 50.000 viviendas públicas antes de 2030. Es, sin duda, una iniciativa loable. No obstante, hemos de ser realistas y la ciudadanía necesitas soluciones ya. La vivienda es uno de los pilares del Estado del bienestar; por lo tanto, si no tenemos un parque de viviendas amplio y asequible para las clases populares, no podremos hablar, con propiedad, de calidad de vida.

La vivienda se ha convertido en el principal problema para una buena parte de la sociedad. Por eso, hace poco más de una semana, una manifestación multitudinaria recorría las calles de Barcelona exigiendo alquileres accesibles y condiciones adecuadas para acceder a una vivienda digna, algo que está contemplado en el artículo 47 de la Constitución, aunque, a día de hoy, parece más un sueño que una realidad tangible.

Estamos ante un problema común para todas las grandes ciudades como, por ejemplo, pueden ser París, Roma Lisboa o New York y Barcelona no es una excepción. Por consiguiente, es necesario afrontar la cuestión con medidas de choque. Pero dudo mucho que la regularización de los alquileres sea la solución, para bien o para mal, vivimos en una economía de libre mercado y, precisamente por eso, soy escéptico. Si se quiere ir a la raíz del problema hay que construir un parque público de vivienda, con precios por debajo de mercado, para aquella parte de la ciudadanía a la que la situación económica no le permite el acceso al libre mercado.

En este contexto, se hace indispensable una mesa de diálogo y un marco de colaboración entre el sector público y el privado para sincronizar sinergias. Hay que repensar el actual modelo urbanístico y de servicios, desde la red de transporte público, hasta los centros de atención primaria (CAPs); sin echar en el olvido la oferta de enseñanza pública que ha de ser de calidad y asequible. Es decir, las administraciones deberían recuperar el concepto de ciudades poli céntricas que tan en boga estuvo en los años noventa.

Es evidente que cada lugar tiene su propia idiosincrasia y “copiar y pegar”, casi nunca da buenos resultados. No obstante, no estaría de más que, ante un problema de semejante magnitud, como es el de la vivienda, nos fijásemos en algún modelo de éxito y, en mi opinión, Viena podría ser un buena referencia.

 

 

 

Bernardo Fernández

Publicado en Catalunya Press 02/12/2024