El regreso al Gobierno del
Ayuntamiento de Barcelona del PSC está suponiendo un punto de inflexión en la
forma de gobernar la ciudad, al menos en aquellas áreas en que los socialistas
tienen responsabilidades. El caso más paradigmático es, quizás, la venta ilegal
protagonizada por el top manta.
En efecto, el concejal de
Seguridad, Albert Batlle, político de largo currículum, ha puesto manos a la
obra nada más tomar posesión. A juzgar por como ha cambiado la actitud de la
Guardia Urbana, parece que el edil se ha fijado como objetivos prioritarios la
eliminación de la venta ambulante y la seguridad en la zona de ocio del Port
Olímpic. Por motivos de espacio me van a permitir que orille para mejor ocasión
la cuestión de la zona de ocio y centre este escrito en el sistema de venta
conocido popularmente como top manta.
Desde hace un tiempo los
manteros han hecho del paseo Joan de Borbó su particular centro comercial. Allí
se podía encontrar todo lo que se puede ofrecer en este peculiar sistema de
venta. Por eso, Batlle ha desplegado en la popular avenida barcelonesa
patrullas de la policía portuaria, Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra, en total
más de un centenar de agente patrullando desde las diez de la mañana hasta
después de las diez de la noche. Así la venta es imposible. Y de eso se tarta:
que los vendedores ilegales se cansen, desistan y marchen.
Ciertamente, no es un tema ni
fácil ni baladí porque detrás hay seres humanos, en su mayoría en situación
irregular que lo que buscan es salir adelante. Ahora bien, no podemos perder de
vista las condiciones en que trabajan estas personas, que hacen y como lo
hacen.
Para empezar, la gran mayoría
de los productos que venden son falsificados, por consiguiente, están
infringiendo la ley. Pero es que, sobre todo, son una competencia desleal para
todas las empresas que comercializan los productos tal y como se estipula en
los más elementales códigos de comercio. O sea, el comercio tradicional ha de
tener un establecimiento que antes de abrir sus puertas al público cumpla una
serie de requisitos y eso vale un dinero. Después han de pagar, como no puede
ser de otro modo los servicios que utilizan agua, energía, teléfono, y no
suelen ser gratuitos. Como es lógico se han de pagar sus autónomos, si son
personas físicas o la seguridad social si son personas jurídicas y,
naturalmente, la de sus empelados si los tienen. Pero la cosa no acaba aquí.
Además de todo eso, hay que hacer frente a algunos impuestos, por ejemplo, el
IBI, el IVA, el IAE o la Tasa de recogida de basuras.
Dice la patronal de la pequeña
y mediana empresa, PIMEC, que el top manta genera unos 65 millones de pérdidas.
La reacción de los manteros no
se ha hecho esperar. Es lógico. Se sienten engañados por la alcaldesa Ada Colau
y piden “Papeles para todos” y gritan que “Ninguna persona es ilegal”. No seré
yo quien les quite la razón, pero el mercado tiene unas reglas y hay que
respetarlas, de lo contario vamos a destrozar nuestro modelo de convivencia y
esto acabará siendo una jungla, donde se acabará imponiendo la ley del más
fuerte.
Desde luego a los manteros
como seres humanos que son hay que darles una solución que con toda
probabilidad ha de pasar de algún modo por servicios sociales y/o políticas
activas de empleo, pero difícilmente por el departamento de comercio o el de
Seguridad. Cada cosa en su lugar.
Si les parece amables
lectores, en otra ocasión comentamos lo de la seguridad en la zona de ocio del
Port Olímpic, por hoy es suficiente.
Disfruten de lo que queda de
verano, carguen las pilas y sean razonablemente felices.
Bernardo Fernández
Publicado en el Catalán
08/08/19
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