26 de setembre 2017

MANDANGA CHACHI

El pasado mes de junio, en la separata de Cataluña de EL PAÍS salió publicado un magnífico artículo de Carles Geli, sobre la Barcelona canalla de los años 20 y 30 del siglo pasado. Entre otras cosas, nos habla de la Criolla y Cal Sagtsirtà, antros de perdición, donde el proletariado y otras clases más pudientes acudían a calmar las urgencias de la entrepierna. Tras un breve, pero interesante recorrido por tugurios y costumbres de la época, por el Portal de Santa Madrona y alrededores, con suma habilidad, el autor nos contrapone la misma zona de la ciudad, pero en la actualidad sórdida, decadente y muy triste.
Me ha parecido oportuno sacar ese artículo a colación porque creo que muchos independentistas pensaban que esto del procés y el viaje a Ítaca era como irse un sábado por la noche a dar un garbeo por la Barcelona canalla y solventar los asuntos de la sur del ombligo mientras los efluvios de Baco campan a sus anchas por el organismo.
No seré yo quien exonere a Mariano Rajoy y al PP de sus responsabilidades en todo este lamentable affaire de Cataluña. Las tiene y muchas. Ahora bien, quien se ha saltado la legalidad quien ha menospreciado a las minorías ha sido el Govern de la Generalitat.
De hecho, la cosa viene de lejos: tras las elecciones del 27-S de 2015, los secesionistas empezaron a tejer una subversión de la legalidad vigente. Los ciudadanos lo pudimos percibir los pasados días 6 y 7 de septiembre con el autogolpe que, sin ningún rubor, se dio en el Parlament de Catalunya con la aprobación de las leyes de desconexión.
De una tacada se saltaron la Constitución y se cepillaron el Estatut, pero de verdad, no utilizando la legalidad como hizo en su día la Comisión del Congreso de los Diputados presidida por Alfonso Guerra, sino a la brava. Los parlamentarios de la mayoría se pasaron por el arco del triunfo el artículo 222 de la mencionada norma, según el cual se requieren “dos terceras partes de los miembros de la Cámara” para llevar a cabo cualquier modificación o reforma.
De igual modo, y desoyendo a los letrados del Parlament y haciendo caso omiso de las indicaciones del Consell de Garantías Estatutarias aprobaron la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica sin tener en cuenta para nada a las bancadas de la oposición. Leyes que, como no podía ser de otra manera, fueron recurridas por el Gobierno Central y anuladas ipso facto por el Tribunal Constitucional (TC).
Según Hans Kelsen, prestigioso pensador jurídico y político de origen austriaco, “cuando el orden jurídico de una comunidad es anulado y sustituido en forma ilegítima por un nuevo orden” se produce un golpe de Estado.  Más claro agua.
Tampoco hay ninguna duda para Juan José López Burniol cuando dice que “ha sido un golpe de Estado porque lo hay siempre que se produce una subversión total del ordenamiento jurídico establecido con voluntad explicita de hacerse con el control absoluto del poder.”
En estas circunstancias, es posible que el Gobierno Central -que no el Estado, hablemos con propiedad- haya actuado con cierta desmesura. No obstante, cuando se trata de restituir la legalidad es muy difícil establecer cuáles son las líneas rojas que no se pueden pasar. Lo mismos argumentos se podrían utilizar respecto a la actuación judicial.
En este contexto, y aunque a ellos le suene a milonga decrépita, sería bueno recordar a los secesionistas que al amparo de la Constitución de 1978 hemos podido desarrollar un sistema de convivencia que nos ha generado una prosperidad sin precedentes. Que legitimidad y legalidad no son principio contrapuestos, sino todo lo contrario. Precisamente la democracia se fundamenta en la aplicación armónica de ambos. Y no hay que olvidar que, se admita o no, estamos viviendo el período histórico más largo de libertades públicas y de desconcentración territorial del poder político. Nuestro Estado de las autonomías es equiparable a cualquier Estado federal. A su vez, y como todo en esta vida, manifiestamente mejorable. Afanémonos en ello, pues.
Dice Carles Geli en el artículo al que hacía referencia al principio de este escrito, que en aquella Barcelona de gentes de mal vivir se podía comprar buena cocaína en Cal Sacristá a 12,50 pesetas los 100 gramos, que era conocida en el mundo del hampa por mandanga chachi. Estoy convencido que muchos independentistas piensan que eso de cargarse un Estado de derecho es como comprar un poco de mandanga chachi, algo intrascendente, y qué por cuatro chavos, uno puede pasar un buen rato.
Inocentes, no saben en el jardín que se han metido.


Bernardo Fernández
Publicado e-notícies.com 25/09/17


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