El pasado mes de julio el
abogado general de la UE sorprendió a propios y extraños al hacer público un
largo auto de 28 páginas, según el cual el sector financiero español no tenía
que devolver todo lo cobrado en las cláusulas suelo de las hipotecas.
De hecho, El Tribunal Supremo (TS)
ya dictaminó que esas cláusulas eran abusivas, pero, sorpresivamente, permitió
que las entidades bancarias sólo devolvieran las cantidades cobradas de más
desde la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013. Eso hizo que los afectados
acudieran a la justicia europea con la esperanza de que ésta fallara la
devolución de todo el dinero cobrado de forma inadecuada.
Ahora, por fin, El Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto las cosas en su lugar. Según
sentencia del 21 de diciembre de 2016, todas las clausulas suelo hipotecarias
son nulas desde que se firmaron. En consecuencia, los bancos han de devolver
todo el dinero cobrado por ese concepto desde el primer día y no sólo desde
2013, como falló el TS.
Eso ha hecho que el Gobierno
pacte un mecanismo extrajudicial con PSOE y Ciudadanos que articula la
devolución de los dineros cobrados indebidamente por la banca. El mismo, ha
sido publicado en forma de Real Decreto. Se pretende evitar así el colapso de
los juzgados, ante la más que previsible marea de demandas que iban a presentar
los afectados.
La sentencia del TJUE pone en
entredicho, entre otros, al TS, al Banco de España y al Gobierno que, en su
momento, por acción o por omisión, se colocaron al lado del fuerte, los bancos;
minusvalorando al débil, los hipotecados.
Bienvenido sea el mencionado
mecanismo. No obstante, como han admitido en el propio Ministerio de Economía,
“solo es un cauce para facilitar la solución, pero no una obligación para
llegar a acuerdos”.
Este Real
Decreto, abre la puerta a una distinción entre cláusulas suelo “buenas” y “malas”. Además, contradice abiertamente la sentencia de TJUE
que ha declarado la falta de transparencia de todas las cláusulas suelo en
los contratos con los usuarios de España.
Por
consiguiente, no nos debería extrañar que cientos de miles de afectados se vean
obligados a ir a los juzgados para salvaguardar sus legítimos intereses. Sin
embargo, eso, supondría, un grave fracaso del procedimiento extrajudicial
ideado por el Gobierno. Y sería muy lamentable.
Bernardo
Fernández
Publicado en ABC
02/02/17
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