13 de gener 2017

ECHAR EL RESTO

Los secesionistas catalanes saben que el tiempo se les acaba. Parece sorprendente, pero ellos solos se pusieron la soga al cuello al pronosticar que en 18 meses Cataluña sería independiente. En junio se cumplirá ese plazo y, a juzgar por cómo están las cosas, no es descabellado pronosticar qué de independencia, nada de nada.
Por eso, es de esperar que en estos meses que quedan hasta el verano, los independentistas echen el resto para forzar al máximo la situación. También es verdad que no ayuda a serenar los ánimos la judicialización de la política que se está haciendo desde el Estado.
Llegados a este punto, sería deseable que todas aquellas fuerzas, tanto políticas como sociales, que no están por la secesión redoblaran esfuerzos para poner de manifiesto las falacias con las que nos quieren embaucar. No debemos perder de vista que los interesados en ruptura, si alguna virtud tienen es la de la perseverancia, y, por consiguiente, utilizarán todo cuanto esté en su mano para cantar y contar las supuestas bondades de la secesión
Para la política catalana, el año 2016 ha sido convulso e intenso. Este nuevo 2017, se presenta con más dudas que certezas, si bien todo parece indicar que el conflicto irá in crescendo. En esas circunstancias, está por ver quién da su brazo a torcer.
De hecho, para muchos el margen de maniobra es de tres meses.  Después de ese tiempo, casi 400 cargos electos independentistas deberán desfilar por los juzgados acusados de diversos actos de desobediencia relacionados con el proceso independentista. Por eso, entre los secesionistas menudea la opinión de que una vez iniciado ese calvario judicial el diálogo será, definitivamente, imposible.
Desde luego, sea cual sea el final de toda esta historia, es incuestionable que el proceso secesionista ha fragmentado la situación política en Cataluña, está fracturando la cohesión social, y empiezan a aflorar riesgos tanto para la convivencia como para la economía.
Sería absurdo negar que la independencia es una opción legítima. De hecho, así lo afirmó el Tribunal Constitucional en una sentencia emitida tiempo atrás. Ahora bien, no tiene en la sociedad catalana el arraigo suficiente para hacerla realidad. Si para reformar el Estatut hacen falta 2/3 de los diputados del Parlament de Cataluña, carece de lógica que con una mayoría simple se quiera proclamar la independencia. Es evidente que nadie daría validez a ese sin sentido. Pero es que además se situaría a las instituciones catalanas fuera de la legalidad.
Para los secesionistas la independencia es un bien superior, sean cuales sean sus costes. Nada que objetar. Sin embargo, no todos los catalanes somos de la misma opinión. En consecuencia, los dirigentes que propugnan esa salida como solución a todos nuestros males, tienen la obligación de explicar a la ciudadanía, con pelos y señales, los costes y beneficios que deberíamos asumir de triunfar esa opción.
Así por ejemplo, según Jean-laude Piris, director general del Servicio Jurídico de la UE de 1998 a 2010, aquellos que mantienen que la UE incorporaría a una supuesta Cataluña independiente demuestran un desconocimiento craso, tanto del derecho aplicable como de las realidades políticas en los Estados miembros de la UE.
Suponiendo –que ya es suponer- que aquí unos descerebrados proclamasen una declaración unilateral de independencia) (DUI) y se solicitase la integración de Cataluña como miembro de la Unión, tan solo se podría admitir la candidatura si cumpliese determinadas condiciones, tales como ser un Estado europeo o tener en cuenta los criterios de elegibilidad acordados por el Consejo Europeo. Pues bien, para poder ser reconocido como tal, sería necesario que a Cataluña la reconocieran los 28 Estados miembros de la Unión. Bastaría que uno solo negara ese reconocimiento para que el mismo no se llevara a cabo, como reza el artículo 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
Por otra parte, el letrado de la Administración de la Seguridad Social, José Domingo, sostiene que la creación de una frontera entre Cataluña y España conllevaría empobrecimiento, despoblación y envejecimiento demográfico para Cataluña, lo que se traduciría en pensiones más bajas.
Es evidente que un sistema de Seguridad Social es algo tremendamente complejo y, en consecuencia, resulta imprescindible regular perfectamente la financiación, quienes son los sujetos a proteger, cuales las prestaciones, y cuales los requisitos que dan derechos a las mismas entre otros asuntos no menores.  Asimismo, sería interesante saber cómo se calcularían las pensiones de los catalanes, de dónde saldría el dinero para pagarlas, cuál sería el nivel de protección social, o bien si la gestión de esa teórica Seguridad Social sería pública o privada. Son cuestiones que los nacional soberanistas no han explicado jamás. Como mucho han dicho que las pensiones en una Cataluña independiente podrían ser más elevadas que las actuales, sin razonar ni cómo ni por qué.
Justo es decir que Cataluña transfiere dinero a otras comunidades (éste es el cacareado tema de las balanzas fiscales). Ciertamente hay que buscar soluciones, que haberlas hay las. Ahora bien, no es menos cierto que las mencionadas balanzas fiscales tienen una conexión muy profunda con las balanzas comerciales.
El Centro de Predicción Económica, financiado, por siete comunidades autónomas, hizo público un informe en julio de 2015, según el cual Cataluña fue la autonomía con un saldo más positivo (unos 14.700 millones de euros en 2014) en las transacciones comerciales con el resto comunidades autónomas. ¿Alguien es capaz de pensar qué con una independencia de por medio en Cuenca o en Villanueva de los Caballeros (pongamos por caso) comprarían de igual manera los productos provenientes de Cataluña, al menos a corto y medio plazo? O ¿Estarían dispuestas las empresas asentadas en nuestro país a renunciar a un mercado potencial de casi 40.000 millones de personas qué es España?
En definitiva, se podría hacer una lista mucho más larga y exhaustiva de las falsedades utilizadas por los independentistas para llevar el agua a su molino. Pero considero que lo expuesto aquí es suficiente para calibrar la magnitud de la cuestión y tomar conciencia de lo que está en juego.
Por eso y porque en pocos meses nos jugamos mucho, es necesario que los líderes de opinión, políticos o no, que me consta contemplan con estupor el proceso, se desperecen y salgan a la palestra a decir en público, lo que dicen en privado.
Es el momento de contraponer a la demagogia y a la falsedad, el razonamiento coherente, la lógica y la verdad argumentada. Ahora,  les toca, también, echar el resto a los que no creen en entelequias. No vaya a ser que cuando nos queramos dar cuenta ya sea demasiado tarde.


Bernardo Fernández
Publicado en e-notícies.cat 13/01/17