02 de desembre 2016

MARTINGALA PRESUPUESTARIA

Días atrás el Vicepresidente del Gobierno, Oriol Junqueras, presentó, a bombo y platillo los presupuestos para 2017.  Justo es decir que son unas cuentas que contemplan un gasto considerable en cuestiones sociales. En concreto se destinarán unos 1.700 millones más de euros que en 2015 a esas partidas. De hecho, un 74% del total del presupuesto tiene como objetivo materias como la sanidad, la educación u otros servicios de índole similar.
En esa presentación Junqueras anunció que su prioridad era la recuperación del gasto social. Eso está bien. No obstante, hay que observar que esas cuentas no revierten la batería de recortes que en 2010 puso en marcha Artur Mas. En conjunto el gasto previsto para 2017, si se aprueban estas cifras, será un 11,7% inferior a los últimos presupuestos del tripartito 2010, comandado entonces por los socialistas.
En aquel año las partidas sociales del Gobierno de la Generalitat sumaron 19.129 millones de euros, mientras que para el próximo ejercicio la inversión prevista es de 16.883.
De todos modos, los recortes siguen siendo el denominador común de todas las partidas. Así, por ejemplo, en sanidad se está en un 10,50% menos de inversión que en 2010, si echamos un vistazo a educación la diferencia es de 9,9% menos respecto al último presupuesto del Gobierno de José Montilla, un 11,7% en promoción social y la friolera de un 44% menos en vivienda.
En cualquier caso, la partida que ha soportado un mayor varapalo ha sido la destinada a reducir las listas de espera. Se ha recortado ni más ni menos que 51 millones de euros. Ahí es nada. Y eso, que Junts pel Sí y los antisistema de la CUP habían pactado un plan de choque según el cual el Departamento de Sanidad dispondría de 96 millones de euros, para reducir las larguísimas listas de espera existentes en Cataluña desde que Artur Mas empezó a ejercer de Manos tijeras.
Con este panorama de fondo, a los anticapitalistas les faltó tempo para anunciar que estos presupuestos, no eran sus presupuestos. Si bien los cuperos celebraron que se haya incluido una partida específica para el hipotético referéndum. A su vez lamentaron que no se haya querido ir más allá en la carga impositiva a las fortunas más elevadas. En consecuencia, esperan que en el trámite parlamentario sus aspiraciones se vean reflejadas, de un modo u otro, cuando, por allá el mes de febrero, se aprueben las cuentas.
Por su parte, el resto de grupos parlamentarios ya ha anunciado iniciativas diversas, que van desde las clásicas enmiendas a la totalidad, hasta impugnaciones o peticiones para que la mesa reconsidere la admisión a trámite de la ley, dado que algunas partidas incumplen la resolución del Tribunal Constitucional (TC). De hecho, los letrados del Parlamento ya advirtieron que, si las cuentas vulneran lo previsto por el TC, no podrían tramitarse.
En definitiva, con este panorama de fondo, no sería de extrañar que después de esta martingala presupuestaria que venimos soportando desde los primeros meses del verano -que fue cuando la CUP se negó a dar su plácet para que las cuentas de 2016 se tramitaran en sede parlamentaria-, ahora nos encontremos que estos presupuestos son recurridos ante el Constitucional, y los ciudadanos de a pie nos quedemos otra vez sin presupuestos.
Desde luego, no sería el fin del mundo, pero la sanidad, la educación o los servicios sociales, entre otros, dispondrían, nuevamente, de menos recursos. En consecuencia, eso equivaldría a un nuevo atentado al Estado del bienestar y de esos hemos sufrido ya unos cuantos. Y todo por la obcecación de unos irresponsables empeñados en practicar lo impracticable.
¿Hasta cuándo estos descerebrados abusaran de nuestra paciencia? Que diría un clásico.

Bernardo Fernández

Publicado en e-notícies.cat 02/12/16

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