EL DERECHO QUE NO EXISTE

Aunque los soberanistas catalanes se empeñan en decir en público que el “procés” va bien y sigue adelante, es evidente que las fuerzas les empiezan a flaquear. Eso sí, en el Parlament se aprueban periódicamente mociones de desobediencia al Tribunal Constitucional, a la legalidad vigente o al sursuncorda, tanto da, la cuestión es epatar, aunque la verdad es que esas iniciativas parlamentarias no tienen ninguna consecuencia real. En estas circunstancias, no es casualidad que expresiones como declaración unilateral de independencia o estructuras de estado que durante un tiempo se han utilizado a troche y moche, poco a poco se van dejando de escuchar -y como se dice ahora-, hemos retrocedido una pantalla y se vuelve a hablar de “derecho a decidir”.

Derecho a decidir que, por cierto, nadie sabe, realmente, que quiere decir. De hecho, es un sucedáneo del derecho de autodeterminación qué si existe, pero no es de aplicación en Cataluña, cómo dijo, entre otros, en una visita a España el año pasado, Ban Ki-moon, Secretario General de Naciones Unidas.

Por eso, resulta sorprendente que buena parte de la sociedad ha aceptado como justo y necesario el recurso al referéndum para dirimir la cuestión catalana. Tengo la sensación qué el derecho a decidir viene avalado por una errónea asimilación a la democracia, haciendo la siguiente lectura simplista: si votar es bueno, el derecho a decidir es bueno. Eso explicaría que segmentos considerables de la sociedad se sientan obligados a apoyar el derecho a decidir para no parecer retrógrados y pasar por poco demócratas.

Debemos admitir que los secesionistas han planteado el asunto con suma habilidad: Cataluña es una nación y por tanto tiene derecho a la autodeterminación, y se deslizan sibilinamente hacia el terreno de la democracia. Y en ese ámbito el derecho a decidir no se debe negar porque nadie puede impedir que la gente escoja su destino. Se podría afirmar que éste es el núcleo duro de su argumentario.

Sin entrar en tecnicismos jurídicos -no es éste el lugar   más apropiado-, lo primero que sorprende es que quiera hacerse la consulta de manera unilateral. Olvidan que en Escocia se negoció casi hasta la extenuación para llegar a un acuerdo. Y eso es necesario para dar garantías democráticas a un plebiscito. En una consulta debe ser condición indispensable que las diversas opciones puedan ser claramente debatidas, y eso no sucede en Cataluña, Aquí en los medios de comunicación públicos y en los subvencionados se cultiva sin ningún rubor el pensamiento único.

A los salvadores de la patria que nos ha tocado sufrir les importa una higa la Constitución, la Unión Europea y todo aquel que no comulgue con sus puntos de vista. En ocasiones da la sensación que sus planteamientos políticos tiene un origen divino y ellos son receptores de una revelación, han venido a este mundo para llevar a cabo esa misión y, por tanto, no tiene sentido ningún debate al respecto porque son poseedores de la verdad más absoluta.

Por otra parte, nos quieren hacer creer que el movimiento secesionista catalán es pacífico, y transversal. Falso. Sólo hay que darle tiempo al tiempo para que las posiciones se vayan enconando y en cualquier momento puede saltar la chispa que encienda la pira que otros fueron acumulando durante años. Tampoco es transversal porque en ese movimiento subyace un desprecio, casi secular, a todo lo que tiene origen español. Ejemplos al respecto los podemos encontrar por doquier, desde la prohibición de las corridas de toros, pero no de los “corre bous”, pasando por el “España nos roba” o el reciente manifestó sobre el monolingüismo y otros muchos que no merece la pena mencionar.

La Constitución de 1978 se redactó con ánimo conciliador y pacificador y con la voluntad de superar los enfrentamientos y las divisiones que nos habían atenazado durante más de un siglo. En la misma se define a España como una nación cuya soberanía reside en el pueblo y se articula el Estado sobre la solidaridad y el reconocimiento de la pluralidad. Pues bien, a partir de esas bases hemos desarrollado nuestra convivencia en los últimos treinta y siete años. Además, en ese tiempo el Estado se ha descentralizado y ejercido un sistema de reparto de poderes que para sí quisieran Estados que se denominan federales.

De todos modos, ha llegado el momento de revisar la Constitución. Esa revisión debe hacerse con el máximo consenso, negociación y pacto, teniendo muy en cuenta la Unión Europea. Una vez hecha la reforma, ésta debería ser votada por todos los ciudadanos del Estado. En el supuesto que fuera rechazada en Cataluña habría llegado el momento de explorar otras vías, quizás, entonces, Canadá pudiera servir de referencia.

Pero esa cuestión la trataremos en una próxima entrega.

Bernardo Fernández

Publicado en Crónica Global 22/04/16