Cada vez que hay elecciones generales
en España, la sostenibilidad del sistema público de pensiones se pone en
cuestión. Algo muy preocupante porque tanto las pensiones como la vivienda, la
educación o la sanidad son pilares básicos del Estado del bienestar y, por
consiguiente, su aplicación y desarrollo deberían estar basados en acuerdos,
como mínimo, de los dos grandes partidos nacionales. Sin embargo, en un clima
de polarización como el que estamos viviendo eso es una entelequia.
La controversia, en nuestro país, sobre
si las pensiones son viables o no viene de lejos. En la década de los 90, las
entidades financieras y sus empresas afines, jaleadas por los palmeros de la
derecha, nos advertían de la inviabilidad del sistema público de pensiones. El
envejecimiento de la población comportaría la quiebra de la Seguridad Social.
Por eso, sugerían la conveniencia de contratar un plan de pensiones privado,
para no llegar a la jubilación y encontrarse sin cobertura económica y, de
paso, ellos hacían caja.
Pero resulta que se está acabando
2026 y el sistema goza de una mala salud de hierro. No ha sido fácil llegar
hasta aquí: en 2012, con el PP en el Gobierno las pensiones se congelaron,
mientras que en 2013 subieron un pírrico 1% en 2013 debido a la crisis
financiera, nos dijeron. Acto seguido, el Ejecutivo de Mariano Rajoy puso
en práctica el Índice de Revalorización de las Pensiones limitando la
subida al 0,25%
Al llegar el PSOE al Gobierno, las
pensiones empezaron a recuperarse: 1,6% en 2019; 0,9% en 2020 y 2021. En 2022
se aprobó por ley que las pensiones se revaloricen automáticamente cada año
según el IPC medio interanual para proteger el poder adquisitivo.
Esto ha traído incrementos destacados como el 2,5% en 2022,
el 8,5% en 2023 (por la alta inflación previa) y ajustes posteriores
rondando el 2%–3% (como el 2,7% en 2026. Los números son elocuentes: desde
que el partido socialista gobierna las pensiones contributivas han aumentado de
manera acumulada entre un 24% y un 25% en los últimos 7 años (desde 2019 hasta
2026) impulsadas por la indexación al Índice de Precios al Consumo (IPC)
Ahora, a la puerta de unas nuevas
elecciones generales el debate se ha recrudecido y mientras Pedro Sánchez
asegura que si él sigue en La Moncloa el aumento de las pensiones según el IPC
está garantizado, la derecha y la extrema derecha vuelven a cuestionar el sistema.
En el partido de las contradicciones
(PP), mientras que Núñez Feijóo dice que si él llega a la Moncloa el aumento de
las pensiones según el IPC está garantizado, la portavoz en el Congreso, Ester
Muñoz asegura que el modelo está colapsado y hay que cambiarlo, ¿en qué
quedamos? ¿A quién hacemos caso? Desde luego, la trayectoria de los populares cuando
gobernaron y, muy especialmente, la gestión que hicieron de las pensiones ni genera
confianza ni da pie al optimismo.
En cambio en Vox lo tienen claro:
según su portavoz económico, José María Figaredo, “El sistema de pensiones es
un zombi. Lo han quebrado”. Para corregir esos supuestos defectos, la portavoz
en el Parlamento, Pepa Millán, no se esconde y plantea una reforma estructural
hacia un modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual,
como han hecho otros países europeos y es cierto. Pero no explican que para
aplicar esos modelos se requiere una participación del empresariado que aquí ni
en el mejor de los sueños sería posible. Seguramente piensan copiar el sistema que se
ensayó en el Chile de Augusto Pinochet que quebró.
En el año 2023, el entonces ministro
de la Seguridad Social, José Luís Escrivá, con el visto bueno de los
sindicatos, los socios del Gobierno, la opinión favorable de la Comisión
Europea y el criterio contrario de los empresarios, llevó a cabo una reforma
del sistema público de pensiones para adecuarlo a los tiempos que corren, pulir
las deficiencias que han ido apareciendo y hacerlo sostenible para muchas
décadas. Con esa reforma se despejaban algunas incógnitas que podían
ensombrecer su futuro.
A lo largo del tiempo se ha
demostrado que nuestro modelo de pensiones públicas es sostenible y lo será
para los que vienen detrás nuestro, mientras que las prestaciones destinadas a
pagar pensiones, más una cantidad dedicada a la gestión sean igual a los
ingresos. Los servicios sociales –y las pensiones públicas pertenecen a ese
ámbito- ni pueden estar sometidos a la lucha política, ni deben ser una
mercancía a disposición de aquellos que la puedan comprar, tampoco son una
asistencia social y, en ningún caso, una caridad para aquellos con menos
recursos. Los servicios sociales son derechos ciudadanos y tienen que ser
universales, disponibles e iguales para todos.
Bernardo Fernández
Publicado en Catalunya Press
19/10/2026
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada